Con votos de la DC, la Cámara de Diputados aprobó, por 87 votos a favor y 58 en contra el proyecto que amplía el control preventivo de identidad a menores desde los 16 años.
El gobierno logró que la iniciativa fuera visada tras llegar a un acuerdo con parlamentarios de la Democracia Cristiana, para modificar la propuesta inicial -que planteaba ampliar ese control a los 14 años- a los 16 años.
De esta forma, los parlamentarios de la bancada falangista, salvo Víctor Torres, Mario Venegas y Matías Walker -quien dio su voto favorable a la iniciativa en general- aprobaron la indicación de los 16 años.
«Un retroceso significativo y lamentable»
La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, criticó la aprobación en la Cámara de Diputados- del proyecto de ley de control preventivo de identidad a menores desde los 16 años, y la calificó de medida “totalmente ineficiente e ineficaz”.
“Constituye un retroceso significativo y lamentable del Estado de Chile respecto a los derechos humanos de los adolescentes”, sostuvo.
A la inversa, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, valoró la aprobación de la iniciativa:
“Hemos logrado un importante avance para que nuestros policías puedan tener mejores y más amplias atribuciones para combatir la delincuencia y poder garantizar seguridad a la ciudadanía”.
A confesión de partes, relevo de pruebas:
«Se incorporan con este proyecto de ley nuevas atribuciones que implican poder hacer controles sobre los vehículos para poder revisar sus portaequipajes, sus portamaletas, sobre aquellos vehículos que circulen sin patente, con patentes que impidan ver su identificación y sobre cualquier persona que evada un control o una detención por parte de las policías”.
Sobre la rebaja del control preventivo a 16 años, indicó:
“Como gobierno, y lo hemos señalado, nos hubiese gustado que esto se hiciese desde los 14 años, pero no teníamos los votos para poder lograrlo, y sí es un avance iniciarlo a partir de los 16”.Discusión ban proyecto que fortalece control preventivo e incluye a menores desde 16 años.
Discusión
La iniciativa, despachada a su segundo trámite, concitó una amplia discusión que acaparó la mayor parte de las sesiones del martes 15 y miércoles 16. .
Mientras el oficialismo remarcó la necesidad de avanzar en la materia y en impulsar normas y medidas para combatir la delincuencia; la izquierda sostuvo que la propuesta fomenta lla discriminación contra personas de clases más vulnerables y violenta sus derechos humanos.
Las discución fue más antagónica, a la hora de discutir la propuesta de la derecha, de ampliar el universo de menores pasibles de ser controlados a los 14 años. .
Al final, se impuso el control policial, con el límite de los 16 años.
La idea de legislar fue aprobada por 87 votos a favor y 58 en contra, mientras que el articulado cuya votación separada se solicitó obtuvo variados niveles de apoyo.
Los márgenes más estrechos estuvieron en la rebaja a los 16 años, que reunió 79 votos favorables, 64 en contra y cuatro abstenciones; una norma relativa a casos en que se entregue una identidad falsa; y lo relativo al registro de vestimentas y equipaje.
Protofascismo
La iniciativa modifica el Código Penal en lo relativo al control de identidad que hoy dispone que este procedimiento se podrá aplicar cuando se estime que existe indicios de la comisión o intento de cometer un delito o falta; frente a la posibilidad que alguien pueda entregar información útil para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad.
La norma planteada permite que este procedimiento también se pueda realizar cuando alguien conduzca un vehículo motorizado sin sus placas patentes o con estas en un estado que impidan su correcta identificación, o con objetos o dispositivos que impidan la visibilidad hacia el interior del vehículo.
En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación.
Se determina que, en la práctica de la identificación, se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad e igualdad de trato, por lo que queda absolutamente prohibido el ejercicio del control de identidad cuando se funde en razones de discriminación arbitraria.
La ley hoy indica que se podrá realizar este control preventivo cuando se sospeche que la persona tiene una orden de detención pendiente. Con este proyecto, se agrega también la posibilidad que las policías estimen que alguien intenta evadir o huir del control policial.
La propuesta define que la identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre, por medio de las siguientes opciones: cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte, tarjeta nacional del estudiante o utilizando, el funcionario policial o la persona requerida, cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto, debiendo siempre otorgarse las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento.
En caso que los sujetos cuya identidad se controla no porten documentos y, siempre que los funcionarios policiales porten dispositivos idóneos, bastará la sola identificación verbal.
En materia de registro de vestimentas o equipaje, se agrega que estos deberán realizarse con pleno respeto a los derechos fundamentales, observando el principio de no discriminación y procurando el menor perjuicio a la intimidad de la persona sujeta a control.
Solo en cuanto fuere posible se dispondrán las grabaciones por medios audiovisuales.
El registro superficial de vestimentas no se aplicará a menores.
El proyecto establece el plazo máximo que podrán utilizar las policías para desarrollar sus procedimientos de identificación y se determina un procedimiento estandarizado de reclamo destinado a aquellas personas que estimen haber sido objeto de un ejercicio abusivo o denigratorio de la facultad entregada a la fuerza policial.
Los resultados de los procedimientos disciplinarios que se originen en virtud de lo recién indicado deberán ser comunicados mensualmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Para el caso que el controlado sea niño, niña o adolescente, las policías deberán informar dentro del plazo máximo de cinco días hábiles al Servicio Nacional de Menores y a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, para efectos de asistir al menor controlado por la eventual vulneración de derechos.
Los procedimientos de control preventivo podrán realizarse a partir de los 16 años y se especifica que, tratándose de menores de 18 y mayores de 16 años, se tendrán que respetar las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados que se encuentren vigentes sobre la materia, considerando un trato que tenga en cuenta la edad del niño, niña o adolescente, protegiéndolo de toda forma de abuso o discriminación.
Asimismo, se determina que las policías realizarán capacitaciones a sus funcionarios, destinadas al correcto ejercicio de esta facultad e informarán trimestralmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los antecedentes que les sean requeridos, para conocer la aplicación práctica que ha tenido esta facultad.
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a su vez, publicará en su página web la estadística trimestral de la aplicación de la medida, de manera desagregada, especificando respecto del sujeto sometido a control de identidad, la edad, el sexo, la nacionalidad, la circunstancia de haberse verificado registro, la comuna en la que se practicó, la comuna del domicilio del controlado, el motivo del control y si la persona fue detenida, especificando el motivo de la detención.
Las disposiciones de la ley entrarán en vigencia desde la publicación en el Diario Oficial de los reglamentos implicados, los que deberán ser dictados en un plazo no superior a seis meses desde la publicación.
Oposición acusa «populismo penal»
Diputados de oposición expresaron su rechazo al proyecto que establece control preventivo de identidad a los mayores de 16 años, asegurando que dicho proyecto es un ejemplo de «populismo penal» y que atenta contra garantías constitucionales.
La diputada del PPD, Andrea Parra, coincidió en que «se instaló el populismo penal”, junto con recalcar que “esperamos que esto sea revertido en el Senado donde sí existe conciencia de que las convicciones, que la Academia, el mundo público, tiene razón cuando señala que esto es inútil».
«De verdad, no nos sorprende el resultado, sabíamos que habían negociaciones de parte de la bancada de la Democracia Cristiana que no es más que legislar mirando la televisión», reclamó.
Al respecto, el diputado del PS, Leonardo Soto, comentó:
«Es lamentable que este gobierno, en materias tan importantes para los chilenos, busque legislar de manera improvisada, desoyendo y despreciando toda la evidencia científica y animado solo por las 3 P, Puro Populismo Penal».
«Este proyecto es puro populismo penal, propuesto por un gobierno desconcertado por haber perdido el apoyo de la gente, pero que también ha perdido el rumbo y la buena práctica de legislar basado en la evidencia y estudios científicos y, lo que es más grave, a sabiendas que no resolverá el problema de la delincuencia», aseguró.
Agregó:
«Esta iniciativa surge de los malos resultados de las encuestas, no de la reflexión criminológica sobre el fenómeno delictivo que viven a diario cientos de chilenos (…) no estaba en el programa de gobierno, ni en las propuestas de las comisiones presidenciales que buscaron acuerdos nacionales en diversas materias».
El legislador advirtió que recurrirá hasta el Tribunal Constitucional:
«En defensa del derecho a la libertad, desde ya anuncio que de aprobarse esta nueva facultad injustificada y excesiva a las policías, recurriremos al TC a fin de que declare está clara infracción». dijo.
Pésima señal.
Al espurio Tribunal Constitucional hay impugnarlo en todo tiempo y lugar. Recurrir a él, desde la oposición, representa reconocerlo.
¡Basta de doble estándar!
