En una decisión de carácter histórico, y en todo caso inédita en esta eterna transición, la mesa de la Cámara de Diputados resolvió declarar admisible el proyecto de ley presentado por los diputados PC Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, que busca anuar la Ley de Pesca (ley 20.657), conocida como Ley Longueira. También es cierto que, rápida como tiro de pistola, y persistente como el mal aliento, sobrevino la contraofensiva del Gran Empresariado y sus amanuenses a sueldo.
A juicio de la Mesa de la Corporación, y en consideración a lo estipulado en el artículo 65 de la Constitución Política, y artículos 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, el texto cumple con los requisitos para su admisibilidad. Estos son:
1. Proyecto fue presentado por ocho diputados sin exceder el máximo permitido.
2. Se refiere a una materia que puede tener su origen en la Cámara de Diputados,
3. No es materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República; y,
4. El proyecto está debidamente fundamentado
El proyecto, por tanto, fue remitido a las comisiones de Constitución y Pesca para su discusión legislativa.
La bancada del PC e IC presentaron el proyecto ya que consideran que la ley carece de legitimitad debido a los cuestionamientos por cohecho al senador, Jaime Orpis, y la ex diputada Marta Isasi, por parte de la empresa Corpesca.
Los hechos están siendo investigados por el Ministerio Público y hace unos días Orpis fue desaforado.
El Presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, aseveró que ahora la moción pasará a la Comisión de Constitución que deberá revisar su contenido y pronunciarse sobre la posibilidad de anular la polémica ley de pesca, también conocida como Ley Longueira.
Por otro lado, Núñez agregó que la moción “esta debidamente fundamentada y esta mesa entiende que la declaración de nulidad de derecho público no corresponde a una materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta”.
Al respecto, el jefe de la bancada del PC, Daniel Núñez, afirmó que se trata de “un acto de soberanía de la Cámara de Diputados frente al poder de grupos económicos como Corpesca, que recurrieron a actos ilícitos para apropiarse de recursos que son de todos los chilenos”.
Contraofensiva de la derecha
La contraofensiva del gran empresariado, y sus peones a sueldo, los parlamentarios de derecha, no se hizo esperar. Y sus argumentos, a más de esteretipados, son de un pobreza lamentable.
Los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida y Nicolás Monckeberg, acusaron al presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, como el principal responsable de lo que califican como un «absurdo».
«El responsable ha sido única y exclusivamente el presidente de la Cámara de Diputados que no ha tenido el suficiente coraje y liderazgo para hacer lo que correspondía hacer, que era declarar inadmisible esta norma», dijo Fuenzalida, miembro de la comisión de Pesca de la Cámara.
El diputado cree que Núñez tomó esa decisión «para evitar un problema y quedar bien con sus pares de la Nueva Mayoría, traspasándole la responsabilidad a la Comisión de Constitución, peroo cometió una aberración institucional y jurídica que no tiene registro en la historia del Parlamento en Chile», agregó Fuenzalida.
Según Fuenzalida, «con esta decisión nos transformamos en un parlamento bananero», ya que deja «la puerta abierta» para que se empiece a pedir la nulidad de otras leyes:
«Es una falta de seriedad absoluta del Parlamento». .
El diputado Nicolás Monckeberg señaló que si bien todos los parlamentarios tienen derecho a pedir que se modifique o derogue una ley, «a lo que no tenemos derecho los parlamentarios ni el presidente de la Cámara es a inventar recursos para anular leyes vigentes».
En este sentido, al igual que Fuenzalida, responsabilizó al presidente de la Cámara y aseguró:
«La decisión puede tener un pésimo efecto a cualquier ley que en el futuro se quiera anular y dejar a los chilenos mirando cómo se pierden beneficios mientras las leyes estaban plenamente vigentes. Creo que hay que ser responsables, y el populismo, por muy cerca que esté el parlamentario de tomar vacaciones en febrero, debe ser eliminado de estas discusiones. Me parece absurdo la decisión que ha tomado Núñez y espero que recapacite por el bien del país».
A su turno, el pentadiputado de la UDI, Ernesto Silva, aseguró:
“Chile es un país donde todos tenemos que debatir, y si alguien quiere cambiar algo, que presente una propuesta para hacer el cambio. Pero en Chile hay dos cosas que no pueden pasar; uno, que alguien haga trampa para modificar las cosas a su gusto; y dos, que las autoridades no tengan carácter y no se pongan los pantalones. Y lo voy a decir con todas sus letras: el presidente de la Cámara de Diputados no tiene carácter porque hoy tenía que decir que este proyecto era inadmisible e invitar a quienes tenían una propuesta para cambiar esta ley u otra a presentar otra iniciativa legal”.
Los diputados de la derecha financiados por la gran empresa parecen no conocer el principio democrático de que las leyes se deshacen como se hacen, y que en democracia, mandan las mayorías, y no los intereses corporativos.
Tampoco disciernen entre legalidad y legitimidad. No puede ser legítima una ley consagrada sobre la base de sorbornos.
El mundo empresarial también inició la contraofensiva. La Sociedad Nacional de Pesca, declaró «ilegal» la admisibilidad de la iniciativa del Partido Comunista:
«De prosperar, sería insanablemente nula por ser contraria a la Constitución y a las leyes vigentes.», aseveró Francisco Orrego, presidente de la asociación.
«Si ésta admisibilidad ilegal llegara a aprobarse, se daría la señal de que en Chile, se terminó el Estado de Derecho, lo que confiamos será evitado por la mayoría de la Cámara de Diputados, institución fundamental de la República», agregó.
Para Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Patrones y Capitanes de Pesca, «con esta decisión se rompe el Estado de Derecho que debe imperar en una democracia. Entramos en un escenario que ni siquiera está previsto en la Constitución ni hay normas para poder guiarlo. Es un hecho nunca antes visto que dañará a un sector laboral muy importante para el país (…) Esperamos, sin embargo, que prime la cordura”.
Desde la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, indican que «han condenado los escándalos de financiamiento irregular a la política que han afectado a un senador y una ex diputada, pues son dañinos para el país y la democracia. Sin embargo, el planteamiento que el sector pesquero industrial pudo haber comprado una ley económica, “vía el cohecho y la corrupción”, es una afirmación temeraria y carente de toda veracidad, pues la actual Ley de Pesca obtuvo aprobaciones amplias y transversales de diversos actores políticos con representación parlamentaria».
Finalmente hicieron un llamado al Gobierno de Chile «para que efectúe todos los esfuerzos necesarios para que impere el Estado de Derecho y se evite una escalada mayor que signifique la destrucción de un sector económico que brinda empleo y desarrollo a más de 36 mil personas a nivel nacional».
O sea, para estos empingorotados caballeros, el financiamiento ilegal de la política parece estar dentro de lo que llaman Estado de Derecho, o más bien, de derecha.
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