Muy lejos de ser un secreto se encuentra el hecho de que en nuestro país existe un pésimo resultado del sistema de capitalización individual para otorgar pensiones. Las empresas privadas de giro único y con fines de lucro creadas bajo los criterios del Decreto de Ley 3.500 de José Piñera, comúnmente llamadas AFP, han sido las que mayormente se han favorecido a lo largo de más de tres décadas que lleva en funcionamiento el sistema. Más de 3,75 billones de pesos han obtenido como ganancia de este lucrativo negocio, de ingreso obligatorio mediante el descuento a quienes trabajan. Mientras tanto, 9 de cada diez personas jubiladas recibe menos de 150 mil pesos como pensión en la modalidad de vejez retiro programado.
Según el acuerdo firmado, la entidad a cargo de hipotecar las viviendas de los jubilados sería una entidad estatal, pues algo que no debe pasar inadvertido es que el proyecto de resolución con número 333 fue ingresado el 9 de abril de este año a la Cámara y su idea central es solicitar a la Presidenta de la República que amplíe el giro de lo establecido en el DFL N°16 de 1986 a bienes inmuebles.
Si bien el Gobierno salió a anunciar que no apoyaría dicho acuerdo, es necesario dimensionar de qué se trata este mecanismo de hipoteca, pues, pese a ser una iniciativa de la derecha, fueron 13 los parlamentarios de la Nueva Mayoría que votaron a favor.
La llamada hipoteca revertida ha sido utilizada desde los años 80 en países como Estados Unidos e Inglaterra y desde 2006 ha comenzado a implementarse en España. Estos países han desarrollado complejos sistemas de endeudamiento que contribuyen de manera mucho más activa a la concentración financiera de capital y reducción de las contribuciones al Estado, pues hay una modalidad de préstamo sin carga tributaria.
Es importante tener en cuenta que en nuestro país la mayor referencia a este modelo de hipoteca la podemos encontrar en los análisis de CIEDES, un centro de estudios para la Seguridad Social que depende de la Cámara Chilena de la Construcción, organismo que ya ha tenido experiencia en materia de financiarización de derechos con la AFP Habitat y la Caja de Compensación Los Andes.
De forma sencilla, podemos entender este tipo de hipoteca como un negocio financiero que se aplica de forma inversa a la forma normal de hipoteca, de ahí su nombre. Esto quiere decir que si en la hipoteca tradicional el monto de deuda va disminuyendo, debido al pago de amortización mensual, en la hipoteca revertida la deuda se incrementa con el paso de los años y además posee límite, tanto de años como de monto, lo cual va en relación con la expectativa de vida del deudor. No obstante esto, es posible que el monto del crédito supere incluso al valor de tasación comercial de la casa; además, se debe considerar que es la entidad prestamista la que fija la tasación.
Esta fórmula ha sido implementada en Estados Unidos generando un panorama nuevo a la participación de entidades financieras, incluso con la participación de una agencia estatal, la que posteriormente fue privatizada.
Finalmente, todos los caminos apuntan hacia los bancos y otras entidades financieras, pues un efecto que sí provoca este mecanismo es el de dinamizar la participación social en el incremento de la deuda, generando con esto una válvula de oxígeno para la acumulación bancaria; en este sentido, resulta coherente que frente a las cifras de este año para el ciclo bancario se plantee este mecanismo.
En palabras sencillas y tomando como referencia un informe del BBVA Research de 2013, la hipoteca inversa es un préstamo que se realiza considerando la edad de quien lo recibe, el tipo de interés y las proyecciones de precios de la vivienda.
Es importante tener en cuenta que la garantía para el préstamo es la vivienda, asunto por el cual una vez que la persona fallece, la entidad financiera puede hacerse dueña del inmueble, a menos que sus herederos paguen el préstamo. Incluso se puede señalar que los beneficios sociales financiados por el Estado pueden disminuir en razón del aumento de la riqueza al no hacer gasto inmediato del préstamo otorgado a los jubilados.
El mismo informe antes señalado recomienda que el mejor segmento para incentivar este instrumento es el de los bajos ingresos, pues los quintiles más altos presentan una saturación de herramientas financieras y son un sector más reducido, lo cual da cuenta de la concentración de riqueza. Por lo demás, los sectores bajos y medios son los que mediante un crédito tradicional adquirieron un inmueble, el cual a la edad de jubilar se encuentra completamente financiado y listo para volver a ser hipotecado bajo la fórmula de hipoteca inversa.
Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, a diciembre del año 2014 casi 7 de cada 10 personas entre 55 y 60 años de edad tenía en su cuenta de capitalización individual una suma de ahorro que no superaba los 20 millones de pesos. Esto difícilmente asegura para estas personas en edad de jubilar una pensión autofinanciada superior a 100 mil pesos. Sin duda, esto explica que –según un estudio de la OCDE publicado por El Mercurio– la edad efectiva de jubilación para hombres y mujeres esté por sobre la edad legal establecida, siendo de 69 años para los hombres y 70 años para las mujeres.
Existen alternativas viables al modelo de capitalización individual y que se hacen presentes en casi la totalidad de las organizaciones sociales, sindicales y en las conclusiones de diversos centros de estudios. Esta alternativa es el sistema de reparto solidario, tripartito, lo cual no implica un retroceso ni una vuelta al pasado, sino que por lejos significa una fórmula probada y pensada para otorgar pensiones suficientes y bajo los márgenes planteados por organismos como la OIT.
Actualmente, solo 9 países del mundo tienen un sistema de pensiones similar al chileno. Esto nos demuestra que las pensiones son una materia realmente sensible en las sociedades y que, en nuestro caso, el extremo neoliberal ha pretendido eliminar el horizonte de sentido vinculado con una alternativa. Esto resulta coherente con los casos de financiamiento político de campañas, la baja aprobación y alta conflictividad social, la distancia de la sociedad y la cercanía al capital con tendencia monopólica que se hace cada vez más evidente por parte de quienes utilizan el velo que impide ver alternativas sociales.
Avanzar en derechos sociales es una forma de avanzar hacia una sociedad más democrática y a la recuperación de un mínimo de valor que es arrebatado a quienes viven de su trabajo.
Fuente: El Mostrador
