Más de tres horas duró el proceso de consulta o interpelación al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, el cual abordó diversas temáticas relacionadas con el ámbito de los derechos humanos, entre ellos, el compromiso del Gobierno en materia de reparación y el cuestionado retiro del proyecto que otorgaba un aporte en dicha línea a víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.
A las 11 de la mañana de este miércoles se inició la interpelación contra el ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), iniciativa que estuvo a cargo de la diputada comunista Carmen Hertz, y que tenía como objetivo que se explicaran las razones del gobierno para retirar el Bono Valech, proyecto que entregaba una compensación única a víctimas de la dictadura.
En sus dos horas de duración, en el encuentro se abordaron además asuntos como las vejaciones que se cometieron en el régimen de Augusto Pinochet y las acciones que ha realizado el Estado como reparación, y hasta el edificio de Valparaíso llegaron agrupaciones de derechos humanos y un grupo de manifestantes que pedían por “Libertad a los Héroes del ’73” e incluso hicieron un saludo fascista en la sala.
El cuestionario de preguntas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conducido por la diputada Carmen Hertz, versó sobre la política de derechos humanos del Gobierno y, en particular, al retiro del proyecto que «Otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile. Además, entre otros puntos, se interrogó sobre los compromisos del Ejecutivo en materia de reparación a las víctimas de la dictadura cívico militar.
A nombre de los solicitantes de la interpelación interrogó la diputada Carmen Hertz (PC), quien en cada pregunta recordó dolorosos y dramáticos hechos de tortura, represión política, exilio forzado y de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el periodo de la dictadura militar, entre 1973 y 1990.
En cada mención de memoria histórica, la legisladora, basada tanto en su experiencia personal como en los antecedentes recogidos en los Informes Valech y Rettig, recordó la deuda que tiene el Estado de Chile para con las víctimas de la represión o para con sus herederos, en el caso de las personas asesinadas o hechas desaparecer.
Asimismo, hizo ver que esta deuda no solo responde a un deber ético-moral del país, sino también un deber relacionado a los compromisos adquiridos por medio de diversos acuerdos internacionales firmados.
En dicho plano, la parlamentaria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, llamó al Ministro Larraín a plantearse que el retiro repentino del proyecto que buscaba otorgar un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile, ya sancionado en general por el grupo parlamentario, era una afrenta a los compromisos del país en materia de derechos humanos, viene a acentuar la impunidad para con la comisión de crímenes atroces y daña el espíritu de reconciliación de la nación.
Por su parte, el Ministro manifestó su total repudio a los hechos de violencia y de violación a los derechos humanos vividos durante la dictadura militar y recordó en reiteradas ocasiones que el país, a través de los diversos gobiernos que se han venido sucediendo desde 1990, ha buscado avanzar progresivamente y en forma seria en Verdad, Justicia y Reparación.
En dicho plano recordó, por ejemplo, las leyes Valech y Rettig, así como variadas iniciativas que han buscado avanzar en reparación, por medio de bonos, pensiones o beneficios en educación y salud.
«A mi juicio, Chile lo ha hecho extraordinariamente bien, dentro de las limitaciones que tiene», planteó, recordando que el país ha entregado recursos por US$6.1170 millones en materias como reparación, verdad, justicia y memoria histórica.
Respecto del retiro del proyecto, llamó a no observar una facultad privativa del Ejecutivo y remarcó que el Ejecutivo tuvo a la vista, al momento de retirar la propuesta, el hecho que esta fue presentada por la administración anterior a solo cinco días del cambio de mando y que no existen hoy los recursos fiscales para avanzar en la materia, dada la deteriorada situación financiera del país.
Asimismo, fue enfático en señalar que nunca ninguna reparación económica será suficiente para compensar a las personas que sufrieron los horrores de la represión y afirmó que el retiro del proyecto no es un cierre del capítulo. Además, resaltó que la agenda del Gobierno comprende un Plan Nacional de Derechos Humanos que incluye materias propias de la justicia transicional, como son el financiamiento de procesos judiciales, continuar con la búsqueda de personas desaparecidas y excavaciones en esa línea y avanzar en la memoria histórica; pero también en torno a otros temas de preocupación, como son la situación de los niños vulnerados en sus derechos, migrantes y personas privadas de libertad.
Durante la interpelación, la diputada Carmen Hertz y el ministro Hernán Larraín también tuvieron un fluido intercambio de opiniones, en el cual cada uno expresó su visión sobre los aportes que ha realizado el Estado en materia de reparación, así como en cuanto a la participación de la derecha en orden de avanzar en verdad, justicia y reparación.
Proyecto de acuerdo
Hacia el final de la sesión, Carmen Hertz presentó una solicitud para reponer el proyecto que gatilló la interpelación, lo que finalmente fue aprobado por 74 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones.
Además, se plantea que se considere un aumento significativo en los montos del bono reparatorio anual, logrando en un plazo de tres años igualar el ingreso mínimo en división mensual; e inyectar recursos al programa PRAIS para dotarlo de infraestructura y personal necesario que cubra las necesidades de las víctimas a nivel nacional.
Cinco momentos que marcaron la interpelación
1. La culpa es de Bachelet
“Este gobierno comenzó muy mal en su programa de DD.HH. Retiró este aporte miserable y tardío”, comenzó la intervención de Carmen Hertz, a lo que Larraín respondió en que las razones son “las dificultades de carácter financiero heredados del Gobierno anterior”.
Durante las dos horas, el ministro de Justicia insistió en la falta de recursos y aseguró que fue la administración de Michelle Bachelet la que no detalló la implementación de dicha iniciativa en la Ley de Presupuestos y se puso a “ingresar proyectos a última hora” cuando sabía que no podía financiarlos.
2 Impunidad
Durante la interpelación Carmen Hertz insistió en que el ministro respondiera si le parecía que el retiro del aporte –que calificó en reiteradas ocasiones como “miserable y tardío”– apuntaba a la reparación o si profundiza la impunidad para las víctimas de la dictadura.
Larraín detalló que en total el Estado de Chile ha desembolsado US$6.170 millones en términos de reparación, lo que incluye los US$632 millones por la Comisión Rettig, US$4.200 por los casos de exonerados, y US$1.141 por la Comisión Valech. Además explicó que se han destinado US$25 millones para archivos DIBAM destinados a la preservación de memoria y US$84 millones para el programa PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral de Salud).
“Yo no diría que eso es una cifra miserable. No se puede decir que Chile no ha hecho esfuerzos por reparar, pero hoy el país está en una situación de austeridad fiscal. No podemos que aquí se les han negado la sal y el agua, no es así”, declaró el ministro, quien además aseguro que la reparación “aún no ha terminado” y que la administración contempla crear una comisión calificadora permanente para las víctimas que no entraron en Rettif y Valech.
3. “Hay que seguir avanzando”
A lo largo de su intervención, Hertz le recalcó al ministro de Justicia que fue su sector el que apoyó la dictadura y detalló las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante ese período, que incluyeron vejámenes a menores de edad y mujeres embarazadas, allanamientos masivos, detenciones ilegales en la vía pública, ejecuciones desde el día uno y la tortura “como una práctica generalizada en los procedimientos policiales”.
Sin embargo, su argumentación fue esquivada por el ministro, quien respondió: “No puedo entender cómo se condice, me parece que esta insistencia de volver a decir las situaciones del pasado –que nadie está cuestionando–, no se condice una cosa con la otra. La descripción no se condice con el hecho mismo del retiro, creo que lo prudente es que nos circunscribamos a los hechos mismos de la interpelación”.
Larraín fue increpado por Hertz por calificar la dictadura como “gobierno militar” –”el gobierno militar fue una dictadura, ¿o alguien cree lo contrario?”, espetó– y luego dirigió su argumentación para señalar que “lo que tenemos que enfrentar es si como país solo nos vamos a quedar en esos hechos o vamos a avanzar, ¿cómo construimos un país unido reconciliado?”.
“Las nuevas generaciones piden saber la verdad de lo que ocurrió pero también quieren seguir avanzando”, insistió el ministro.
4. Comparación con pensiones de militares
En medio de la discusión sobre los recursos que el Estado chileno ha destinado como reparación, Hertz detalló que el promedio de las pensiones que reciben las víctimas de la dictadura es de $180 mil y además lo comparó con las cuantiosas sumas que reciben que hasta hoy siguen recibiendo los criminales y torturadores de la época.
La parlamentaria explicó que el Estado gasta 184 mil millones de pesos al mes en entregar pensiones a los torturadores y que esa cifra es el doble del apoyo único que contemplaba el proyecto retirado para los sobrevivientes de prisión política, que sumaba 91 mil millones de pesos.
“Son cuestiones que no son comparables, creo yo que las situaciones que se refieren a los militares corresponden a sus derechos constitucionales que no corresponde privar”, respondió Larraín, a lo que Hertz respondió que le parece que “es aberrante que los victimarios gocen de las pensiones que gozan”.
5. La carta que Larraín le envió a Pinochet
En medio de la discusión sobre el rol que deben tener las distintas instituciones del Estado en el proceso de reparación y el origen de las violaciones a los derechos humanos, Hertz aseguró:
“Estos hechos ocurrieron porque una elite política impuso un terror, una tiranía, esas son las razones por las que se llevaron a cabo estas practicas en contra la población”.
En ese momento, Larraín aseguró:
“No es conveniente el camino de las recriminaciones y afirmar ‘nosotros somos los buenos, ustedes los males’”. “Es necesario reconocer el grado de responsabilidad mayor o menor que cada uno tuvo en estos episodios y en esta triste historia, por qué Chile llegó a esos niveles de violencia, qué partidos políticos –que hoy están aquí sentados– proclamaban la violencia como forma de actuar”, agregó.
Además le señaló a Hertz que lo que no compartía su apreciación histórica ni los juicios de valor que hacía, pero que los entendía porque en el caso de ella también era “algo de carácter personal”.
En ese momento, la parlamentaria lo detuvo y le aclaró que las violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura están reconocidas internacionalmente y que “los hechos de los que hablamos son crímenes de lesa humanidad, no errores ni excesos de fuerza de la naturaleza humana, como usted escribió en una carta que envió al dictador en 1995”.
Opiniones
En la fase final de la jornada de interpelación al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, realizada hoy en la Sala de la Cámara de Diputados, un representante de cada bancada política presente en la Corporación tuvo cinco minutos para exponer su posición sobre el tema.
El diputado Gonzalo Fuenzalida, en representación de Renovación Nacional, abrió el debate señalando que su partido tiene un fuerte compromiso con los DD.HH., así como el gobierno de Sebastián Piñera. Afirmó que la mirada siempre ha sido en apoyo a las víctimas y para condenar los atropellos que estimó justo sean reparados por el Estado de Chile, tal como ya se hizo en el pasado por medio de otras leyes serias y posibles de llevar a cabo.
Sin embargo, cuestionó que el gobierno anterior, a fines de su mandato, envíe a trámite un proyecto reparatorio de la envergadura que se planteaba, sin que se contara con el financiamiento para ello. «Para esta bancada, lo que hizo el gobierno (de Michelle Bachelet) adolece de toda responsabilidad y seriedad», afirmó, remarcando luego que la falta de recursos para sustentar la propuesta no restarán el esfuerzo para reforzar las políticas de DD.HH.
A nombre de la bancada de la UDI, el diputado Jorge Alessandri criticó que el discurso de la oposición no avanza en reconciliación, hecho que dijo entender dado que la administración anterior «le entregó un cheque en blanco y sin fondo por una reparación que no puede ser pagada hoy».
Recalcó que el Ejecutivo tiene la facultad de retirar los proyecto en trámite y defendió férreamente la persona del ministro Larraín, al tiempo que sostuvo que su bancada ha apoyado desde 1990 todos los proyectos de reparación presentados, mostrando en ello y otras acciones su compromiso con los DD.HH.
En representación del PS, el diputado Fidel Espinoza dijo alegrarse del cambio de postura de la derecha en tema de DD.HH., aunque lamentó que ello no haya sido vivido también en la época de la dictadura, cuando con acciones o con su silencio apoyaron acciones de represión. «Se habría tenido muchas menos víctimas», planteó.
Basado en su experiencia propia, reconoció los beneficios entregados por el Estado para las víctimas, pero fue enfático en destacar la importancia del actual acuerdo reparatorio el que aseguró se presentó con su informe financiero correspondiente.
El diputado Mario Venegas, a nombre de la DC, observó que la oposición no estaba discutiendo la correspondencia legal del retiro del proyecto, sino que se está ejerciendo una facultad fiscalizadora para conocer por qué se retiró, especialmente cuando ya contaba con la aprobación en general de la comisión técnica.
Estimó que «reparar es un deber del Estado de Chile» y de colaborar con chilenos que sufrieron los peores padecimientos por causa de la represión de la dictadura. En este plano, señaló que su partido seguirá insistiendo en que se materialice la modesta reparación, por lo que llamó a restituir la iniciativa.
En representación de la bancada RD, el diputado Miguel Crispi agradeció la oportunidad de analizar el tema a los ojos de una nueva generación y de ver el futuro que se quiere tener en Chile para concretar un país reconciliado. Consideró que el Estado de Chile tiene la obligación de reparar y desestimó el argumento de que las arcas fiscales no lo permiten.
Sostuvo que no defienden a ningún gobierno en particular y evaluó que la actual administración tiene la oportunidad de avanzar en el tema reparatorio, por lo que se sumó a la idea de solicitar al Ejecutivo la presentación de una propuesta en dicha línea.
El diputado Tucapel Jiménez, a nombre de la bancada PPD-PRO, dijo estar preocupado por la actitud del gobierno, de retirar más proyectos de los que presenta. Asimismo, señaló que temen por las incitaciones al odio que se puedan presentar, como algunas expresiones manifestadas en las tribunas durante la interpelación.
Criticó que el ministro no dio el aviso del retiro y permitió que la Comisión continuara su trabajo hasta el último momento.
El diputado PRSD Carlos Abel Jarpa mencionó a nombre de su colectividad casos de violaciones a los DD.HH. vividos durante la dictadura y sostuvo que es preciso mantener un clima de verdad y justicia en nuestro país. Asimismo, como otros legisladores de oposición solicitó avanzar en el tema reparatorio.
Por la bancada mixta Humanista, Liberal, Poder, Ecologista Verde, el diputado Tomás Hirsch hizo mención a los acuerdos internacionales y a la importancia que el país avance en una real reparación para quienes sufrieron de tortura política y llamó a «salir de los discursos hipócritas» y ofrecer no solo justicia, sino toda la reparación necesaria. Planteó que el Gobierno se «farreó una oportunidad histórica» para resarcir las acciones del pasado de la derecha chilena y remarcó que la unidad nacional pasa por hacer verdad, justicia y reparación a todos los expresos políticos ahora.
Por Evópoli, el diputado Luciano Cruz-Cokedijo dijo empatizar con el dolor de todos aquellos que sufrieron vejaciones y tortura, pero consideró que Chile ha hecho esfuerzos en materia de verdad, justicia y reparación. En todo caso, estimó que el Estado chileno continuar en dicha senda, aunque justificó el retiro del proyecto citado dada la actual situación financiera.
Por la bancada del Frente Regionalista-Independientes, el diputado Esteban Velásquez recordó hechos de represión y consideró que esta jornada fue una oportunidad para no perder la capacidad de asombro sobre los actos de violaciones a los derechos humanos. Pidió reponer el proyecto y profundizar en educación en la materia, de modo que los pasados hechos no vuelvan a ocurrir.
Finalmente, por la bancada PC, el diputado Hugo Gutiérrez afirmó que, en Chile, como en todo orden de cosas, se ha avanzado en verdad, justicia y reconciliación, pero a medias, sin entenderse que no son una moneda de cambio una por otra, sino que son conceptos integrales sobre los cuales el Estado debe responder. En este plano, sostuvo que el proyecto retirado buscaba reparar en parte las consecuencias de la represión militar.
