Un inédito intercambio epistolar, sin bien indirecto, se registró entre Ana González de Recabarren, dirigenta de derechos humanos y familiar de cuatro detenidos desaparecidos, y Carlos Herrera Jiménez, uno de los principales sicarios de la dictadura, condenado a cadena perpetua por los crímenes de Tucapel Jiménez y Juan Alegría Mundaca.
En rigor, Ana González escribió a un hijo de Herrera Jiménez, demandando el fin de los pactos de silencio. Pero quién respondió fue Herrera Jiménez; respuesta que, en todo caso, estuvo lejos de conformarla.
Desde Punta Peuco, ha llegado carta… de un asesino
Por Mario López M.
Difícil, por decir lo menos, le resultó a Ana González de Recabarren, la defensora de Derechos Humanos a quien la dictadura le arrebató e hizo desaparecer a su esposo y 4 hijos, leer en televisión una carta que dirigiera a Javier, hijo de Carlos Herrera Jiménez, asesino de Tucapel Jiménez, en la cual pide terminar con los pactos de silencio que no permiten conocer la verdad acerca del destino final de los detenidos desaparecidos.
En la nota, Ana González valora que Herrera Jiménez haya confesado, al menos en parte, sus crímenes ante la justicia. Hasta ahí se conocía esta historia.
Cambio21 tuvo acceso exclusivo a la desconocida carta de respuesta que, el hoy condenado asesino, le hiciera llegar desde Punta Peuco.
Cartas con historia
La primera de las misivas fue enviada por Ana González al hijo de Carlos Herrera Jiménez, la cual fue respondida por el propio Herrera Jiménez.
Carta de Ana González de Recabarren a Javier, hijo de Carlos Herrera Jiménez.
Señor Javier Herrera:
Su padre reconoce que no hay nada que justifique los crímenes tan horrendos como el de Tucapel Jiménez y Juan Alegría –además de otros– en los que él tuvo participación directa como autor y que está esclarecido en la justicia. Esto requiere de una hombría y valor que no han tenido hasta hoy la inmensa mayoría de los uniformados implicados en las violaciones de los derechos humanos, tanto los que están siendo procesados o como quienes aún permanecen impunes. Esto es lo que marca una gran diferencia a favor de su padre. Lo valoro, lo valoramos, y usted como hijo, no cabe ninguna duda, lo comprendería.
Lo segundo que le quiero decir es: no más pacto de silencio, basta ya. Porque los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura por civiles y uniformados ya fueron cometidos, nada puede borrarlos y lo único que puede borrar esa barbarie histórica de las fuerzas armadas de Chile, es la verdad y la justicia. Que ellos aporten toda la información acerca de lo ocurrido con las víctimas.
Hoy, a 41 años de ocurrido el golpe, ¿qué espalda buscan guardar? ¿A quién están protegiendo? Cuando su padre condenó el pretendido homenaje a Miguel Krassnoff hace un par de años, también marcó la diferencia con sus compañeros de armas. Por eso le pido a usted, joven, que transmita estas palabras mías a su padre. Solo así volverán a nacer nuestras fuerzas armadas respetadas por todos.
Porque como hemos dicho siempre: verdad y justicia, nunca venganza.
La respuesta de Carlos Herrera Jiménez
Señora
Ana González de Recabarren.
Santiago.
En primer término, le pido ser perdonado por el atraso en contestar su cariñosa carta dirigida a mi hijo Javier. Ocurre que ésta recién llegó a mis manos el pasado sábado 20 de los corrientes; tampoco vi el programa “Mentiras Verdaderas”, de la Red, donde usted fue entrevistada por el periodista don Felipe Vidal, oportunidad en que se refirió a mí en muy buenos términos e hizo pública la carta dirigida a mi hijo.
Le confieso que me sorprendió tanto la existencia de la carta como el tenor de ella, pues –creo- ésta es la primera vez, en más de treinta años, que un familiar de detenidos desaparecidos, emite, espontáneamente y en un medio de prensa, opiniones afectuosas a un militar retirado y motejado como “violador de los derechos humanos”. Me parece que aquello constituye un hecho histórico en la correcta dirección del Reencuentro de nuestra polarizada sociedad.
El reportaje “El juez, la víctima y el victimario”, de Chilevisión y el programa antes mencionado, tuvieron un mérito notable: mostraron a una auténtica chilena –quien podría, comprensiblemente, superada por el odio- capaz de dar al mundo lecciones de decencia, tolerancia, bondad, ecuanimidad y humanidad.
Créame, señora Ana, empatizo con su justificado dolor y tragedia familiar. Siendo hoy hijo, hermano, esposo, padre y abuelo, visualizo el inconsolable dolor que me produciría el desaparecimiento, de por vida y sin explicaciones, de alguno de los míos. Sé que nada que yo diga o haga, mitigará su genuino dolor; sólo puedo ofrecerle mis oraciones a Dios, pidiendo, si acaso es posible, mayores cuotas de consuelo para usted y familia.
Usted, distinguida señora, me honra al calificarme como un militar distinto a los demás, por el hecho de hacerme cargo de mis delitos; sinceros agradecimientos.
En tanto, yo postulo –con muy poco éxito- que si nosotros antaño, estábamos seguros y convencidos de lo obrado fue por un bien superior de la patria, llegado el momento, no tenemos por qué negarlos, pues al hacerlo, se pierde toda legitimidad de aquellos.
Sostengo, además –con menos éxito todavía-, que son los jefes (generales y almirantes) quienes deben asumir las órdenes que impartieron en su momento. Aquello y usted bien lo sabe, nunca ocurrió y así es como esta cárcel está colmada por quienes para la época del golpe o pronunciamiento militar, éramos jóvenes oficiales y suboficiales subalternos. Con este comentario, no pretendo ser eximido de culpa; no, por favor; solo que no tenemos TODA la culpa, como se nos presentó y condenó.
Ayudó a este estado de cosas, la “judicialización” del conflicto de los derechos humanos. En efecto, para el ámbito penal no son hábiles ni las instituciones, ni las personas muertas. Pero, ¿quién diseñó, planificó, desarrolló y llevó a cabo el 11 de septiembre de 1973? ¿No fueron, acaso, las instituciones de la Defensa Nacional, los generales y almirantes de la época, hoy día fallecidos y conspicuos civiles (cómplices pasivos, quizá)?
Verá usted, entonces, que el peso y la responsabilidad de tales acontecimientos lo tenemos hoy quienes, para esa fecha, éramos jóvenes. Nunca ha existido la clara intención de juzgar y condenar, moral y judicialmente, a las dirigencias de uno y otro bando que nos llevaron a esta catástrofe.
A mi entender, esta “judicialización” del conflicto, poco o nada ayudó a la solución del problema. De hecho en un universo de más o menos tres mil detenidos desaparecidos, tras la acción de la justicia, solo se han encontrado no más de ciento cincuenta cadáveres. De, aproximadamente, tres mil causas incoadas por violaciones a los derechos humanos, no hay más de cincuenta con sentencia de término.
Los guarismos son claros y dejan de manifiesto, señora Ana, que el resultado, hasta hoy, por estar el conflicto circunscrito excluyentemente en los tribunales, tiene un resultado bastante precario y; lo que es peor, contribuyó a tensionar aún más a las partes, alejando a la VERDAD como consecuencia de ello.
Me dice también su carta: “no más pactos de silencio”. Señora Ana, creo haber dado elocuentes muestras que no he suscrito tales pactos con nadie. Eso sí, me he reservado dar los nombres de mis subalternos, por una cuestión básica de lealtad que nunca tuvieron mis jefes para conmigo; pero, ello no ha sido obstáculo para el absoluto esclarecimiento de los casos en que he estado involucrado, puesto que he asumido la totalidad de la responsabilidad de tales hechos.
Distinguida señora, quisiera seguir exponiendo mis reflexiones, más temo aburrirla. Sin embargo, es absolutamente necesario que “víctimas y victimarios” conversemos, cara a cara y en un marco de respeto mutuo, en aras de concordar y alcanzar respuestas, desde luego, al alcance de cada cual.
La segunda, las instituciones civiles, judiciales, militares, eclesiásticas, periodísticas, etcétera, aún tienen algo que decir y aportar a la solución del problema. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de Orden, quizá, no tienen información acerca de dónde están los detenidos desaparecidos, pero sí pueden explicar respecto de cómo, por qué y quienes fueron los mandos (generales y almirantes) responsables del desaparecimiento de tales personas; esa información, definitivamente, no está en la cárcel de Punta Peuco.
Estos pensamientos, por cierto, pueden estar equivocados, empero son bien intencionados y carentes de odiosidad.
Finalmente, reitero a usted mis sinceros agradecimientos por su loable gesto hacia Javier y yo. Créame que su acción y persona, junto a mi esposa, hijos y nietos, a no dudarlo, está entre los hitos más importantes de mi vida. Por lo pronto, le hago presente que, en esta cárcel o en cualquier otro lugar, siempre estaré agradecidamente atento a sus gratas órdenes.
La saludo con especial afecto y esperando -Dios mediante- que, más temprano que tarde y si usted me lo permite, tenga la oportunidad de abrazarla.
Carlos A. Herrera Jiménez
Ana González señaló a Cambio21: “No me di el tiempo de contestarla, no valía la pena”
Justificando lo injustificable
El tenor de la inédita misiva denota “estar teñida de un trato formal y un tanto afectuoso, asumiendo tangencialmente la responsabilidad en el tema de los Derechos Humanos”, señala la psicóloga Cecilia Castillo Failla, quien posee vasta experiencia en la materia, al haber tratado a la par casos extremos de criminales y víctimas en casos de delitos de lesa humanidad.
Para Cecilia Castillo, existe de parte de Herrera Jiménez un intento de justificar los crímenes y deslindar la responsabilidad o, al menos, compartirla con sus superiores. La Patria y la juventud son las excusas, al aducir el “haber estado inmerso en un contexto en el cual, los dirigentes y quienes apoyaron el golpe, en su momento, son quienes debieran compartir también, parte de la responsabilidad en los hechos (…) Son los jefes (generales y almirantes) quienes deben asumir las órdenes que impartieron en su momento (…) esta cárcel, está colmada por quienes para la época del golpe o pronunciamiento militar, éramos jóvenes oficiales y suboficiales subalternos”.
La carta da cuenta de una “resignación”, pero sin renegar claramente de lo hecho, indica la profesional.
También existe una especie inaceptable de chantaje, al aducir que es responsabilidad de los familiares de las víctimas de DDHH el no conocer toda la verdad sobre sus seres queridos, pues si ellos no hubieran judicializado el tema, hoy habrían cooperado.
“Esta “judicialización” del conflicto, poco o nada ayudó a la solución del problema. De hecho en un universo de más o menos tres mil detenidos desaparecidos, tras la acción de la justicia, solo se han encontrado no más de ciento cincuenta cadáveres (…) Los guarismos son claros y dejan de manifiesto (…) que el resultado, hasta hoy, por estar el conflicto circunscrito excluyentemente en los tribunales, tiene un resultado bastante precario (…) y alejando a la VERDAD como consecuencia de ello”.
Para Herrera Jiménez si los familiares de las víctimas no hubieran recurrido a la justicia, ellos, los criminales que secuestraron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a miles de chilenos, habrían entregado la información que mediante pactos de silencio ocultan hasta hoy.
Vil extorsión que borra con el codo la supuesta buena voluntad escrita con la mano en esta nota. Aunque niega acuerdos de impunidad, reconoce ocultar información: “creo haber dado elocuentes muestras que no he suscrito tales pactos con nadie. Eso sí, me he reservado dar los nombres de mis subalternos, por una cuestión básica de lealtad que nunca tuvieron mis jefes para conmigo”, señala.
Las otras “confesiones”
«Sí, sabíamos que también teníamos que torturar, a eso fuimos a la escuela de las Américas», señaló Herrera Jiménez desde Punta Peuco, en la entrevista del programa ‘El juez, la víctima y el victimario’ de Chilevisión, en que se conociera también la carta original de Ana González al hijo del condenado criminal.
«Yo no entré al Ejército para matar chilenos, pero me convirtieron en una bestia criminal», aseguró Carlos Herrera Jiménez. «Me arrepiento de haber pertenecido a la CNI, por la indiferencia de mis compañeros de armas en servicio activo y en retiro, puesto que ni siquiera me visitan en esta cárcel», ha señalado increíble arrepentimiento, pues si lo hubieran visitado, de nada se arrepentiría.
Acerca del crimen del líder de la ANEF, Carlos Herrera no solo reconoció (luego de haberlos negado por años) los hechos, sino que además mandó un mensaje al hijo homónimo del dirigente, el diputado radical Tucapel Jiménez:
«Es cierto, señor Jiménez… yo maté a su papá aquel 25 de febrero de 1982. Lo hice no por una cuestión personal o por propia iniciativa, se me ordenó hacerlo y se me dijo que don Tucapel Jiménez era un traidor a la patria y como tal causaba mucho daño a los chilenos». Nuevamente la Patria y la obediencia debida son la excusa.
También ha demostrado su sangre fría al momento de matar. Sobre los crímenes de prisioneros en Pisagua, Herrera Jiménez señaló al juez:
«Nunca se me ocurrió anotar sus nombres o haber hecho marcas en mi pistola (…) Yo fui quien mandó el pelotón de fusilamiento que dio muerte, por orden del capitán Krauss, a una persona que rengueaba, al tiempo supe que se llamaba Nicolás Chanez y, a otro señor, a quien al momento de los disparos, saltó por los aires macabramente su bisoñé, sin que nosotros supiésemos que usaba tal adminículo».
Sobre el asesinato de Nelson Márquez Agusto, quien luego de ser brutalmente torturado intentó fugarse, señaló:
“Mi capitán me pasó su fusil SIG que portaba y me ordenó dispararle al señor Márquez. Yo cumplí la orden porque la estimé apropiada», indicó Herrera Jiménez, sin inmutarse.
Fuente: Cambio 21
