La Contraloría confirma esta anomalía, argumentando en su informe lo siguiente: «Considerando que dichas edificaciones no cuentan con recepción final, mediante resolución secc. 8ª Nº 22, de 12 de enero de 2012, el municipio otorgó un plazo de 30 días para regularizar la situación, lo que no aconteció, ante lo cual, tal como señalara la misma resolución, con fecha 22 de febrero de 2012 se cursó la denuncia Nº 57, al Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes».
La Contraloría General de la República emitió un informe sobre la investigación que llevaba en curso, respecto de la denuncia que existía en contra de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei.
La acusación -que indica que la autoridad mantenía ampliaciones irregulares en su domicilio que no contaban con los permisos municipales al día, evadiendo, con ello, el pago de contribuciones- la había presentado, entre otros, a la entidad fiscalizadora el concejal del municipio de Santiago, Ismael Calderón (PS).
Los denunciantes argumentan que Matthei amplió su casa de calle El Alamein de Las Condes, sin solicitar la autorización municipal respectiva. Los metros construidos llegan a 193,33 m2 en toda la casa, pero no han recibido «la recepción final» casi 60 m2, lo cual contraviene lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Además, pese a que la Dirección de Obras Municipales de Las Condes observó las construcciones denunciadas, la situación no ha sigo regularizada.
Sobre el particular, la agencia Chile Te Cuida, dice que la Contraloría confirma esta anomalía, argumentando en su informe lo siguiente: «Considerando que dichas edificaciones no cuentan con recepción final, mediante resolución secc. 8ª Nº 22, de 12 de enero de 2012, el municipio otorgó un plazo de 30 días para regularizar la situación, lo que no aconteció, ante lo cual, tal como señalara la misma resolución, con fecha 22 de febrero de 2012 se cursó la denuncia Nº 57, al Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, por habilitar las ampliaciones edificadas en la propiedad de de calle Alamein Nº 8.962, sin recepción final, infringiendo el artículo 144 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones».
Conforme señala el citado artículo 144 de la normativa, terminada una obra o parte de la misma que pueda habilitarse independientemente, el propietario y el arquitecto solicitarán su recepción definitiva por la Dirección de Obras Municipales. Cosa que no ocurrió con la propiedad de la ministra.
Por este motivo, la titular de Trabajo podría ser sancionada incluso con el desalojo, según especifica la entidad fiscalizadora. «Ninguna obra podrá ser habilitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total, y que sin perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20 del mismo cuerpo legal, la infracción de que se trata podrá sancionarse, además, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el alcalde, a petición del Director de Obras Municipales», indica el documento, para luego añadir: «Por consiguiente, corresponde que el municipio continúe ejerciendo sus facultades de fiscalización, hasta lograr la cabal regularización de la infracción que se trata».
Declaración de intereses
Del mismo modo, se acusa a Matthei que en sus declaraciones de patrimonio e intereses, señaló que la vivienda tiene un avalúo total de $142.298.755, a la que se le aplicaría una exención de impuesto improcedente producto de las ampliaciones no regularizas, lo que constituye una vulneración del principio de probidad administrativa.
Sobre esta situación, la Contraloría considera que la Secretaria de Estado declaró ¿Con la verdad todos sus bienes, incluida la ampliación? Según la entidad, ella tiene la facultad de omitir esta información, o sea, mentir. «La declaración de intereses de patrimonio de la Ministra Matthei Fornet, presentada ante esta Entidad de Control el 4 de febrero de 2011, contiene la totalidad de los datos exigidos por la normativa precitada, sin perjuicio de agregar un valor de tasación fiscal -distinto del señalado en la denuncia-, en el acápite ´otros datos o antecedentes (voluntarios)´, que el respectivo formulario contempla y que resulta facultativo para el declarante incluir (…) De este modo, no se aprecian irregularidades en la declaración de que se trata, en cuanto ella satisface las condiciones exigidas en la ley y su reglamento».
Evasión de impuestos
Por último, los denunciantes plantearon que la ministra habría evadido impuestos por este concepto de ampliación por más de $60 millones. Asunto sobre el cual la Contraloría señaló que no era de su facultad pronunciarse, remitiendo los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que revise el caso.
«Tal asunto constituye una materia de tributación interna, conforme lo previsto en los artículos 1º y 7º, del DFL Nº 7 de 1980, del Ministerio de Hacienda, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, y 6º del Código Tributario, en cuanto corresponde al precitado servicio interpretar, aplicar y fiscalizar las normas tributarias, cuyo control no esté asignado por ley a una autoridad diferente; por lo que no corresponde a esta Contraloría General pronunciarse al respecto», señala.
