El grupo Luksic participa en numerosos conflictos, habitualmente contra el interés público, el patrimonio ambiental, y la calidad de vida de las comunidades devastadas por sus proyectos extractivistas a gran escala.
Sin embargo, sea porque poderoso caballero es don dinero, o por influencias de su pertenencia a los cenáculos de los poderes reales, o por el lobby encubridor del sistema mediático, en el que participa de manera significativa, o por las tres razones al unísono, el hecho es que nunca paga, aunque pierda.
Como fuere, flota en una especie de limbo jurídico que en los hechos, lo pone por encima de la ley.
Ya se sabe: hay algunos más iguales que otros.
¿Cree el grupo Luksic en el ordenamiento jurídico chileno?
por Jorge Molina
El grupo Luksic tiene una fuerte posición en bancos (Banco de Chile), bebidas (CCU), transporte marítimo (Compañía Sudamericana de Vapores), combustibles (ShellChile-ENEX), manufacturas (Madeco), televisión (Canal 13), radio (Play, Oasis, Tele 13 radio, Sonar) y minería (Antofagasta Minerals: Minera Michilla, Minera Esperanza y Minera Los Pelambres).
Además, recibió en el año 2020 $6.428.558.000.000 del total de los fondos de pensiones que administran las AFP. Hoy la cabeza de este grupo, Andrónico Luksic Craig, ha vuelto a la palestra debido a dos aristas judiciales relacionadas con el procesado ex-comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y con Augusto Pinochet; en ambas, la justicia ha puesto sus ojos en el Banco de Chile.
Pasemos ahora a revisar, también, toda una serie de polémicas, faltas e ilícitos donde el principal involucrado ha sido el actual jefe de esta familia.
Banquero de Fuente-Alba
El vínculo entre Fuente-Alba y el empresario dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, quedó claro en el procesamiento dictado por la ministra en visita Romy Rutherford en febrero de 2019. En esa investigación se determinó que Fuente-Alba viajó junto a su cónyuge, Anita Pinochet, y una comitiva a Londres, Bosnia Herzegovina y Chipre, pero con una parada en Croacia, destino que no estaba dentro del decreto que daba cuenta del viaje. La justificación tuvo que ver con que fueron invitados por Andrónico Luksic y que alojaron en un hotel de su propiedad.
En medio de la acusación en contra del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba y su señora, por presunta malversación de caudales públicos y lavado de dinero, surgió una nueva arista en el caso.
Esto porque en la acusación presentada por el fiscal José Morales ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se informa que se iniciaron, de manera paralela, dos investigaciones relacionadas a la causa central.
En el escrito presentado por el Ministerio Público y consignado por La Tercera se lee que “el día 28 de Julio del 2021 se procedió a separar la investigación respecto de los siguientes hechos: Responsabilidad penal de personas jurídicas o de personas naturales, distintas a los imputados acusados, en particular Bancos o Instituciones financieras y personas relacionadas a estos, que hayan participado en el delito de lavado de dinero”.
De acuerdo a fuentes del medio y cercanos a la causa, el Banco de Chile está bajo la mira de la Fiscalía -junto a otras cuatro instituciones financieras- por no haber informado las operaciones sospechosas de Fuente-Alba a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entre los años 2010 y 2014. Cabe señalar que solo lo hicieron cuando el caso se volvió público en 2014.
A juicio del Ministerio Público, existieron una serie de maniobras financieras que dan cuenta de flujos de altas sumas de dinero que no se explicaban dado el sueldo mensual de Fuente-Alba, que no superaba los cinco millones de pesos.
Cabe señalar, asimismo, que la ley obliga a los bancos a informar a los analistas de la UAF cuando existen movimientos sospechosos, por lo que una sola revisión podría haber generado un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) lo que habría permitido a la policía y la Fiscalía indagar mucho antes estas conductas, dice la acusación.
Banquero de Pinochet
La Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de Augusto Pinochet a través de la institución financiera, perteneciente a Quiñenco, holding del grupo Luksic, Banco de Chile.
A finales de julio de este año, The New York Times y ElDiario.es informaron que en el proceso en España son partes querellantes la Fundación Española “Presidente Allende”, Laura González Vera, viuda de Carmelo Soria, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, defendidos por Joan Garcés.
La investigación se centra en fondos que se sospecha fueron expropiados por Pinochet y sus asociados, y posteriormente transferidos a cuentas personales en el extranjero, con el propósito de evadir impuestos y blanquear capitales.
Inteligencia y espionaje
En 2019, el entonces ministro del Interior Gonzalo Blumel, anunció a la prensa y al país que el gobierno le había entregado al Ministerio Público un informe de más de 100 páginas elaborado con tecnología extraordinariamente sofisticada, que había monitoreado de cerca el comportamiento de casi cinco millones de usuarios de redes sociales desde el estallido social que se inició el 18 de octubre, que podría explicar en parte la supuesta intervención extranjera en la crisis chilena.
El lunes 30 de diciembre La Tercera reveló la empresa que había entregado la información al gobierno: la agencia española Alto Data Analytics. Sin embargo, ni ese diario ni otros medios se preguntaron por qué una agencia española entregaría información al gobierno, toda vez que no es oficialmente un proveedor del Estado de Chile.
Entonces, ¿cómo llegó ese informe al gobierno?
El lunes 2 de diciembre se realizó una reunión especial en las dependencias de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en la calle Tenderini Nº 115. En una mesa dispuesta en forma de «U», se reunieron representantes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior y de la ANI. Pero participaron tres personas más: el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el exministro de Interior y Defensa y actual miembro de la plana ejecutiva del Grupo Luksic, Rodrigo Hinzpeter, y un representante español de Alto Data Analytics.
¿El objetivo?
Exponer las principales conclusiones del informe de Big Data de esa empresa. Al día siguiente, el martes 3 de diciembre, se volvieron a reunir en el mismo lugar las mismas personas. Lo que hasta ahora no se sabía era que ese informe de Big Data había sido elaborado originalmente para el Grupo Luksic, que desde mediados del año pasado tiene contratado los servicios de esa empresa.
El reporte elaborado por Big Data Analytics, con sede corporativa en Madrid, le pareció lo suficientemente seria a la plana mayor de Quiñenco, como para entregársela al gobierno, tarea que habría recaído precisamente en Rodrigo Hinzpeter. Quien recogió el guante en La Moneda fue Rodrigo Ubilla, entonces subsecretario del Interior, que en el primer gobierno de Piñera trabajó bajos las órdenes del propio Hinzpeter.
Colusión de las navieras
En 2015 las autoridades chinas multaron con 407 millones de yuanes (equivalentes a US$62 millones), a ocho empresas de transporte marítimo internacional por fijación de precios, entre ellas a la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), perteneciente al grupo Luksic.
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR) acusó a CSAV de haberse concertado con NYK Line, “K” Line y Eukor Car Carriers, entre otras empresas, para manipular a lo largo de cuatro años los tarifas de envíos de vehículos y maquinaria de ingeniería.
Según detalló la agencia Xinhua, la sanción se impuso tras más de un año de investigación, en que las autoridades locales descubrieron que las empresas involucradas suscribieron pactos de “no agresión mutua”, se comunicaban frecuentemente, se realizaban consultas de precios y dividían los territorios.
Este verdadero “cartel” restringía la competencia en el mercado, aumentando fraudulentamente los gastos de envío, con perjuicio para exportadores, importadores y consumidores.Por aquella misma situación detectada en China, en 2018 la Comisión Europea, organismo que vela por la ejecución y cumplimiento de las políticas de la Unión Europea (UE), notificó a la CSAV de la multa que le cursó: US$8.5 millones de dólares. Esta misma situación fue detectada en Estados Unidos, donde la CSAV recibió una multa de US$9 millones.
Vladivideos
La relación entre la empresa chilena Luchetti y Vladimiro Montesinos volvió a ser noticia en Perú luego de que se difundiera un video, en 2002, que muestra al ex-asesor de inteligencia de Fujimori confirmando haber recibido un pago de dos millones dólares por parte de Andrónico Luksic.
Montesinos, que hizo las declaraciones ante una comisión investigadora del congreso peruano el 25 de abril de 2002, dijo que se trató de un donativo para gastos de campaña electoral de Alberto Fujimori durante 1999 y no una retribución a la ayuda que brindó a la empresa chilena Luchetti durante un juicio en Lima.
Según Interferencia, en https://interferencia.cl/articulos/exclusivo-el-video-que-luksic-no-queria-que-se-viera-en-chileen 2001, surgieron los Vladivideos Nº 856 y Nº 857. En dichos registros se ve al empresario chileno-croata, Andrónico Luksic Craig, sentado en la oficina de Montesinos. El encuentro secreto se realizó el viernes 6 de marzo de 1998.
Luksic pretendía el apoyo del poderoso Vladimiro Montesinos para agilizar la batalla judicial que la firma chilena Lucchetti, perteneciente al empresario, llevaba adelante en los tribunales peruanos. En octubre de 1997, el alcalde de Lima Alberto Andrade y entonces potencial candidato presidenciable, apoyado por Grupo Romero, competidor local de Lucchetti, había paralizado las obras de construcción de la fábrica de pastas chilena.
Montesinos le tendió una mano a Luksic. En junio de ese año la Corte Superior de Lima, presidida por Sixto Muñoz Sarmiento, rechazó la apelación de Andrade y meses después, en enero de 1999, la planta de Lucchetti entró a operar en Lima.
Terrenos estratégicos en Aysén
Paola Luksic, hermana de Andrónico, solicitó en 2020 la concesión de uso oneroso de largo plazo a la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Aysén a través de la Fundación Parque La Tapera, quien pretende acceder a unas 15.000 hectáreas, en el sector Ventisquero Montt.
Según señala en su página web el periodista aysenino Mauricio Aguilera, el proyecto de Paola Luksic en el sector Jorge Montt se inicia por allá en el 2014 a 2015 cuando se comienzan a gestar la compra de terrenos.
Producto de este proceso a la fecha se han adquirido unos 8 predios, con una superficie acumulada de unas 12.000 hectáreas según señala la propia líder de la fundación en el diario El Mercurio en abril de 2020.
En base a datos del Servicio de Impuesto Internos y fuentes locales se ha verificado una superficie estimada de unas 12.041 hectáreas, con base en cuatro propietarios.
La distribución espacial de estos terrenos se encuentra en torno al glaciar Jorge Montt y el Parque Nacional Bernardo O’Higgins. Ahí es posible evidenciar la posición estratégica que toman las compras de terrenos que se han consolidado hasta la fecha, a partir de los predios privados adquiridos en estos 5 años, en el sector glaciar Montt de la Comuna de Tortel.
El Parque Nacional Bernardo O’Higgins es el más grande de Chile con una superficie estimada de 3.525.901 ha. A modo referencia, la superficie de la Región Metropolitana es de 1.540.300 hectáreas, menos de la mitad de la superficie de este parque birregional.
La mayoría de las adquisiciones colindan con el límite norte del acceso a este parque y al Hielo Patagónico Sur. Los predios adquiridos se ubican al final de lo que se ha construido de la Ruta 7 o Carretera Austral.
Para poder continuar con la construcción hacia Magallanes, en algún futuro hipotético, será necesario hacerlo a través de sus campos. En este espacio se encuentra la distancia más corta hoy para acceder vía terrestre al plateau del Campo de Hielo Sur, lo que le permitiría a Chile tener un ingreso privilegiado para el turismo, no sólo por la vía terrestre sino por la vía marítima a cruceros y transbordadores, lo que lo podría convertir a este lugar en el próximo El Calafate o Torres del Paine de la Patagonia.
El desastre de Alto Maipo
La organización No a Alto Maipo lleva años diciendo que el proyecto –que comenzó sus obras en diciembre de 2013– impactará a la principal reserva de agua dulce que nutre Santiago.
El proyecto contempla la construcción de 67 kilómetros de túnel a una profundidad promedio de 800 metros entre el sector alto del río Volcán y el sector de Las Lajas.
La empresa defiende su construcción diciendo que las obras son en un 90% subterráneas, que tienen un mínimo impacto en el paisaje, la flora y la fauna, como asimismo que no tiene embalse y devuelve el 100% del agua que utiliza 6 kilómetros antes de la planta de tratamiento de agua potable de Santiago, lo que ha ocurrido en la capital abre preguntas sobre las centrales hidroeléctricas.
La propiedad de este proyecto era compartida por Norgener S.A., filial de Aes Gener (60%) y Antofagasta Minerals S.A (AMSA) del Grupo Luksic (40%).
Este último abandonó Alto Maipo en 2017, principalmente como una maniobra de lavado de imagen y tratar de evitar responsabilidades tras el corte de suministro y la posterior turbiedad del agua potable que, en abril de 2016, afectó a más de cuatro millones de personas en la Región Metropolitana.
El ecocidio de El Mauro-Pelambres-Michilla
De acuerdo a Arnaldo Pérez Guerra (2019):
La comunidad maurina, en la comuna de Los Vilos -en el norte de Chile-, inició desde hace años una lucha contra Minera Los Pelambres por “tierra, justicia y dignidad”. Fueron despojados y engañados el año 2001, expulsados de su territorio. Donde se ubicaba el fundo El Mauro, hoy se emplaza el segundo tranque de relaves más grande del mundo, de propiedad de Antofagasta Minerals, y un consorcio de empresas japonesas: Mitsubishi Corp, Nippon Mining & Metals, Mitsubishi Materials y Marubeni.
Mauro era un asentamiento campesino, una comunidad, donde vivían unas 200 personas de la ganadería, la agricultura, y el queso de cabra. Allí nacían las aguas que vertían al estero de Pupío.
Arrasaron con más de 70 hectáreas de bosques milenarios. La minera ofreció por desistirse de cualquier reclamo posterior $30 millones a cada familia. Pero los maurinos quieren su tierra, volver a producir.
El fundo poseía 17.000 hectáreas con agua asegurada, vertientes y veranadas.
El tranque El Mauro solo ha traído despojo, sequía y contaminación. El bosque nativo de miles de años compuesto por canelos, chequenes, arrayanes y quillayes, fue quemado y arrasado.
El tranque tiene un muro de contención de 2.000 metros de ancho por 300 metros de altura.
¿Cómo fue posible que se aprobara construirlo en la región más sísmica del planeta?
La respuesta es corrupción.
La Corte Suprema falló en julio de 2013 que el tranque de relaves constituye una “amenaza a la integridad física y psíquica”.
Sin embargo, Pelambres aún no cumple con el fallo que la obligó a devolver el libre escurrimiento de las aguas del estero de Pupío.
En 2006 la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó demoler el tranque, pero la minera pagó US$24 millones a Víctor Ugarte, al abogado Dougnac y a un grupo de vecinos de Caimanes y evitó su demolición.
En 2014 la Corte Suprema declaró el tranque “un peligro para la vida humana”, y la minera compró votos a $28 millones por familia para que se desistieran de juicios y permitieran su ampliación.
En 2015, ordenó a la minera devolver el agua del estero a su curso, aunque para ello tuviera que demoler el tranque. Pero Pelambres devuelve el agua con tres pequeñas mangueras que ni agua tienen.
Pelambres -a 45 kilómetros de Caimanes y 3.600 metros sobre el nivel del mar, extrae cobre y molibdeno, y se le considera la 5ª mina de cobre más grande del mundo.
En 2008 estimó reservas por 1.900 millones de toneladas. Su producción se exporta como “concentrado a granel”, y es transportada a través de 120 kilómetros de conducto subterráneo hasta Punta Chungo, donde se encuentra el muelle mecanizado de Luksic.
La empresa ha redirigido las principales fuentes de agua para su propio uso. El depósito está ubicado sobre la capa freática de Caimanes, único recurso comunitario de agua potable. Residuos generados por la empresa la contaminan, inutilizándola para consumo humano, agricultura y ganado.
El tranque, además, no está correctamente sellado y se puede arruinar, como lo ha señalado el propio tribunal. Si se derrumba, Caimanes y sus habitantes desaparecerán en pocos minutos.
El tranque El Mauro es el mayor tranque de relaves de residuos mineros de Latinoamérica. Pelambres es una de las mayores reservas mundiales de cobre y la 9ª compañía más grande del mundo.
Por su parte, Antofagasta Minerals es la 27ª minera más grande del mundo. Gracias al tranque, el valle está contaminado con mercurio, arsénico, cadmio, manganeso, plomo y otros tóxicos.
Son más de 170.000 toneladas solo de relaves. Significó, asimismo, la excavación irregular de más de 148 sitios arqueológicos, la remoción de más de 2.000 petroglifos diaguitas, incaicos y molles de más de siete mil años. Fue la mayor intervención patrimonial en la historia moderna de Chile.
Una investigación de CIPER arrojó que entre 2010-2016, Pelambres donó a la municipalidad de Salamanca $7.200 millones, consiguiendo no solo beneficios tributarios sino también permisos. En 2008, la rotura de un ducto provocó el derrame de 12.000 litros de petróleo, contaminando Salamanca.
En agosto de ese mismo año, aguas residuales de la faena escurrieron al río Cuncumén y al estero Las Camisas. En 2009, 13.000 litros de concentrado de cobre fueron derramados al río Choapa. Luksic fue multado con 82,5 millones de pesos, es decir, el 0,02% de sus utilidades ese año.
Quien diseñó el proyecto Somos Choapa de la minera -para gestionar las donaciones a las comunas de la provincia- es la empresa del sociólogo y lobbysta Eugenio Tironi.
Pelambres trabaja con un 70% de mano de obra subcontratada, es decir, trabajo precario. En 2017, se supo que Pelambres arrojó 55 millones de toneladas de desechos en la provincia de San Juan, Argentina.
Durante años cruzaron la frontera sin ser fiscalizados, y sin licencia para operar en dicho país.
En Mejillones, Minera Michilla -del grupo Luksic-, vertió 2.400 litros de ácido sulfúrico en el puerto Michilla, en septiembre de 2017.
En febrero de 2018, de forma unánime la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo votó favorablemente el estudio de impacto ambiental del Proyecto Infraestructura Complementaria de Minera Los Pelambres, aprobando la construcción de una desalinizadora.
Empresas Zombis
En 2001 la empresa zombi del Grupo Luksic declaró una descomunal pérdida de $75 mil millones, el mismo año en que el holding tuvo al menos $241 mil millones para tomar el control del Banco de Chile, comprando acciones del Grupo Penta y de los controladores de Falabella.
El Grupo Luksic estaba ya entre los más ricos de Chile cuando se ahorró una gran cantidad de impuestos gracias a su “zombi”. A través de Inversiones Hidrosur (representada por Andrónico Luksic Craig), debería haber pagado $9.932 millones en tributos entre 2000 y 2004, según un informe del Departamento de Delitos Tributarios del SII. Pero, de acuerdo a los datos obtenidos por CIPER, el grupo sólo pagó $163 millones en impuestos de primera categoría, apenas un 1,6% de lo que debió haber pagado.
Inversiones Hidrosur, la zombi del Grupo Luksic, aparece mencionada en varios documentos relacionados con la compra de acciones que le permitió a ese grupo tomar el control del Banco de Chile. Lo interesante es que entre los vendedores de acciones también había zombis.
Los dueños del Grupo Penta, que le vendieron el 16% de las acciones del Banco de Chile, usaron en esta operación la zombi Río Teno. Otro de los vendedores, Juan Bautista Cúneo Solari, expresidente de Falabella, participó en esta operación con su zombi Inversiones Hispana.
Puerto de Antofagasta y el cáncer
En 2014 el Puerto de Antofagasta (ATI), del cual Andrónico Luksic es uno de sus controladores, es el principal eje de una serie de movilizaciones que tenían como lema “Este polvo te mata”, en referencia a los metales pesados presentes en la ciudad.
El movimiento social no fue antojadizo: entre 2000 y 2015 aumentaron en 42% en las muertes por cáncer en la región. Hoy es la principal causa de muerte (provoca el 29,4% del total de decesos), lo que ubica a esta región como aquella donde el cáncer mata a más personas en Chile.
Se ha apuntado al Puerto de Antofagasta como un foco crítico de contaminación.
El puerto, con el objeto de mitigar el impacto ambiental que genera, construyó un galpón para el acopio y trasvasije de minerales desde el tren hacia las embarcaciones.
Sin embargo, en 2016, una evaluación al galpón del puerto demostró que sus trabajadores se exponen a niveles de plomo de 0,143 mg/m3 representando un 2.760% por sobre la media, lo mismo con el arsénico.
