El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL, estiman oportuno referirse al curso que ha seguido el importante anuncio de la Presidenta de la República en su Mensaje del 21 de Mayo, acerca del inicio de la gratuidad en educación superior mediante la reasignación de los recursos respectivos en el Presupuesto Fiscal 2016. Ello cobra especial relevancia cuando estamos a solo días de la fecha límite para presentar el presupuesto para el próximo año.
1) En los próximos días se iniciará el trámite de la que, mirada en perspectiva, puede llegar a ser una de la más importantes reformas educacionales adoptadas hasta el momento por el gobierno de la Presidenta Bachelet: dar gratuidad inmediata a la mitad que más lo requiere de los estudiantes de educación superior, cambiando a aportes directos a las instituciones de alta calidad que voluntariamente dejen de cobrar aranceles, las cuantiosas partidas presupuestarias de becas y créditos que hoy financian la mitad de los ingresos por aranceles de toda la educación superior.
2) ICAL y CENDA apoyan decididamente esta medida, desde 2014 vienen articulando y analizando la implementación de la gratuidad vía ley de presupuesto, existiendo hoy una propuesta seria y completa, basada en un mecanismo que favorecerá de inmediato a cientos de miles de estudiantes, quienes dejarán de contraer créditos y someterse al trato discriminatorio a los becarios, quienes hoy tienen exigencias académicas más estrictas que los que pueden pagar.
No perjudicará a aquellos que hoy reciben ayudas fiscales en instituciones que no cumplan con los indispensables requisitos que se deben exigir a las que puedan optar por la gratuidad, puesto que ellos seguirán igual que hasta ahora.
Favorecerá a las instituciones que opten por este sistema, que recibirán con creces un financiamiento estable, sin la obligación de firmar los avales ante los bancos que hoy tienen a muchas al borde de la insolvencia, por los créditos financiados con fondos públicos que aquellos otorgan a sus estudiantes; puesto que en eso consiste el crédito con aval del Estado (CAE), que hoy financia una cuarta parte de todos los ingresos por aranceles de las instituciones de educación superior y mucho más en el caso de algunas.
Los académicos y funcionarios de las instituciones gratuitas tendrán asimismo posibilidades de mejorar su precaria condición contractual, al contar aquellas con un financiamiento más estable. Avanzar hacia una relación laboral más estable es la principal vía para mejorar la calidad de la educación.
3) Esta medida muestra el camino para toda la reforma de la educación chilena, sin destruir nada, sino transformando la relación del Estado con las instituciones actualmente existentes que lo ameriten y estén dispuestas a ofrecer servicios gratuitos en el marco de los requerimientos exigidos, incorporándolas directamente al presupuesto.
Un financiamiento público directo, adecuado y estable, orientado por objetivos nacionales, regionales y locales, consensuados democráticamente, cuyo cumplimiento pueda ser controlado adecuadamente por una autoridad debidamente capacitada, y bien equilibrada en sus necesarios componentes centralizados y descentralizados, permitirá distribuir de modo óptimo los importantes y crecientes recursos que el Estado destina a la educación.
Ello permitirá otorgar condiciones laborales asimismo estables y adecuadas a profesores, académicos, investigadores y funcionarios, lo cual constituye la base indispensable sobre la cual se pueden introducir las más modernas metodologías pedagógicas y desarrollar la capacidad científica, requeridas para elevar la calidad del sistema educacional en su conjunto. Así lo hacen todos los países más desarrollados y exitosos en materia educacional.
De este modo será posible reconstruir en breve plazo, en todos sus niveles y todo el territorio, en cada barrio en el caso de los colegios, el sistema de educación pública, gratuita y de calidad, que el país creó en el pasado y que fuera desmantelado irresponsablemente por experimentos ideologizados que pretendieron transformar la educación en un negocio.
4) La reforma no requiere grandes recursos adicionales, sino principalmente redestinar los ya existentes, que ya cubren la mayor parte del costo del sistema educacional en todos sus niveles. En el caso de la educación superior, las becas y créditos representan tres cuartas partes del presupuesto respectivo y cubren la mitad de todos los ingresos por aranceles de todas las instituciones en este nivel, a lo que se agregan aportes directos, fondos de investigación y otros que cubren un tercio de los restantes ingresos de dichas instituciones.
En el conjunto del presupuesto educacional, las subvenciones escolares, becas y créditos, es decir, el «subsidio a la demanda», representa alrededor del 90 por ciento del total. Considerando el resto de los aportes a las instituciones educacionales, los fondos públicos cubren ya la mayor parte parte de los ingresos de todas ellas.
De este modo, reasignando los recursos hoy entregados mediante distintos tipos de «vouchers», el avance a la gratuidad general puede ser muy rápido.
5) La clave para el éxito y eficacia de la reforma consiste precisamente en desmontar el mecanismo del así llamado «subsidio a la demanda» o «vouchers», mediante el cual se pretendió crear artificialmente un «mercado» financiado con fondos públicos.
Según los teóricos de la autodenominada “economía de la educación”, éstos se entregarían a los estudiantes, quienes los utilizarían para «comprar» servicios educacionales, generando así una «demanda» que estimularía una «oferta» competitiva por parte de muchos proveedores, lo cual resultaría en servicios de buena calidad y bajo costo, como efectivamente ocurre en los mercados normales donde concurren consumidores y productores privados.
La creación de este artificial «mercado», con recursos públicos que se entregan sin control ninguno mediante esta supuesta «compra-venta», genera fuertes incentivos para apropiarse los mismos, con fines de lucro puesto que efectivamente la forma más adecuada para producir mercancías es la conformación de empresas privadas con fines de lucro y relaciones laborales asalariadas. Parece así un contrasentido prohibir el lucro por una parte, mientras por la otra se incrementan los recursos públicos que lo incentivan.
En la educación pública, al igual como sucede con determinadas actividades tales como el transporte público en las grandes ciudades, por ejemplo, que operan con restricciones espaciales, sociales y de otro tipo que son significativas, y necesariamente se sustentan principalmente sobre la base de subsidios públicos, los intentos de proveerlas mediante mecanismos de mercado resultan en graves distorsiones y son en definitiva muy ineficientes.
Por este motivo, todos los Estados optan por proveerlas en forma más o menos gratuita, es decir no mercantil, generalmente mediante servicios públicos creados para estos efectos, políticas cuya prudencia es resaltado una vez más por el rotundo fracaso del intento de privatizar la educación chilena.
El mecanismo de «vouchers» educacionales, pergeñado por Milton Friedman pero que no encontró acogida en su propio país, se ha venido intentando imponer a la fuerza a la educación chilena a partir de la dictadura, pero asimismo incomprensiblemente y de modo creciente, también por todos los gobiernos sucesivos, los que hasta ahora han hecho caso omiso de sus resultados negativos y las protestas que se han generalizado desde hace una década.
6) Quienes hoy se oponen al inicio de la gratuidad en educación superior mediante la reasignación de las partidas en el presupuesto 2016, proponen en cambio incrementar todavía más el “subsidio a la demanda”.
Entre los opositores se cuentan, como es de suponer, los principales actores de la educación privada y sus lobbistas, quienes hoy se apropian de más de dos billones de pesos al año sin rendir cuenta alguna, puesto que les llegan mediante una supuesta «compra venta» privada.
Bajo el nuevo sistema de asignación directa, la mayoría de ellos, los más calificados y sin fines de lucro, sin duda van a optar por incorporarse al sistema público, lo cual les permitirá continuar su giro en condiciones más estables y con la superior legitimidad que les otorgará el entregar un servicio de mejor calidad y gratuito, en el marco de objetivos públicos. A ninguno de ellos escapa, además, que será muy distinto intentar operar junto a un reconstruido sistema nacional de educación pública que atienda todo el territorio con educación gratuita y de buena calidad.
7) Asimismo manifiestan su rechazo algunos medios de comunicación, técnicos y políticos, opositores al actual gobierno y su plan de reformas. También, algunos parlamentarios de la coalición gobernante, ex ministros y especialistas de los gobiernos de la Concertación, que han sido y siguen siendo partidarios convencidos, decididos y explícitos, impulsores y responsables directos, de la privatización de la educación mediante el mecanismo de «subsidio a la demanda», y durante el actual gobierno se han distinguido por su activa oposición a la reforma en curso.
Las posiciones de tales opositores son respetables y forman parte del juego democrático, por cierto en la medida que no tengan la pretensión de frenar, distorsionar o subvertir, mediante presiones indebidas, lo que se ha manifestado claramente como voluntad mayoritaria de la ciudadanía, como es el caso de la reforma educacional.
Sin embargo, cuando sus presiones se traducen en posiciones ambiguas de las autoridades respecto de los aspectos más esenciales de la reforma, ello resulta negativo para la credibilidad del gobierno y el apoyo a las reformas en la ciudadanía. Así ha venido sucediendo con diversas declaraciones de autoridades referidas precisamente al aspecto más esencial de la reforma educacional, que no es otro que terminar con el mecanismo de «vouchers» y la venta de servicios educacionales por parte de instituciones que perciban recursos públicos, y no parece conveniente que continúe.
A todo esto es precisamente lo que está llamada a ponerle fin la reforma en curso, impulsada con firmeza por la Presidenta Bachelet. El aprobar esta importante reforma en la ley de presupuesto 2016 será un paso adelante importante. Se beneficiará directamente a muchos sin perjudicar a nadie, excepto a quienes desean continuar con el actual esquema, lo que tampoco es posible porque su crisis es más que evidente.
Restablecerá asimismo la confianza ciudadana en la Presidenta, tal como hicieron las pensiones solidarias en su primer mandato, lo que resulta muy necesario en el actual cuadro de desprestigio generalizado de las instituciones.
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz, ICAL
