Con un bien orquestado plan publicitario regresó al país el principal responsable de una de las catastróficas consecuencias que para nuestro pueblo acarreó la dictadura. El régimen de facto impuesto en 1973 por los sectores más retrógrados de nuestra sociedad con apoyo de la CIA, las transnacionales y el gobierno norteamericano de la época no sólo desató un brutal genocidio.También arrasó con los derechos sociales.
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El audaz personaje llega con aires mesiánicos, una suerte de “salvador del país” y ofrece su ayuda al gobierno y a cuantos quieran escucharle. Sus dichos audaces se amplifican por los conocidos de siempre.
Se trata de José Piñera, designado por Pinochet el año 1979 como ministro del Trabajo. Irónicamente, su misión consistió en destruir aquellas conquistas de los trabajadores que todavía subsistieran a esas fechas. Así fueron arrasados los derechos de las organizaciones sindicales, el derecho a huelga y negociación colectiva.
Pero había más. Se trataba a la vez de asegurarle nuevas y mayores ganancias a los grupos empresariales que dominaban la economía. Al fin de cuentas, para eso fue el sangriento golpe. Y entonces se procedió a terminar con el sistema de seguridad social estatal y a imponer un sistema en que los ahorros producto del trabajo pasaran a ser la caja de fondos de esos grupos, de modo que les permitiera participar en grande en el mundo de la especulación financiera.
Los resultados están a la vista. El despojo fue brutal y hoy están en mejor situación aquellos trabajadores y trabajadoras que pudieron mantenerse en el área de la seguridad social, que esa inmensa mayoría de compatriotas a los que se obligó a pasar a la condición de financistas de los grandes empresarios.
Que nadie tenga dudas. El objetivo de las AFP jamás fue el de instaurar un sistema eficaz de administración de la previsión de los trabajadores para cuidar y aumentar las pensiones, sino claramente el de crear una nueva y turbia fuente de recursos para la gran empresa privada.
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Los vencedores impusieron a los vencidos no sólo una Constitución autoritaria y antidemocrática sino además un modelo económico y social cuyo objetivo fundamental es la acumulación de enormes ganancias para los grupos de poder que, en definitiva, controlan también la política.
Por eso es que una de las grandes cuestiones pendientes de esta transición, que en nuestra opinión recién comienza, es la de provocar el fin de este maquiavélico juego de intereses y especulación financiera para reponer de una vez el sistema de reparto en que los recursos sean empleados efectivamente en pagar las pensiones. No caben los términos medios ni experiencias ya fracasadas en otros países.
Seamos claros. El negocio de las AFP es una gran estafa y es una modalidad aplicada sólo en este país y en muy pocos más. En el mundo entero se mantiene el sistema de reparto, es decir lo que se recauda es para pagar las pensiones no para el negocio especulativo.
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Lo recordaba hace unos días el destacado economista Andrés Solimano, “cerca del 90% de los sistemas de pensiones del mundo tienen una fuerte presencia del Estado con sistemas de reparto”. Y añadía, “ninguna economía capitalista desarrollada, madura, ha abandonado el sistema de reparto, ni Francia, ni EEUU, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, etc, etc. No han descartado el sistema ni lo han privatizado”.
Entonces, es difícil explicarse la falta de voluntad para cambiar de raíz un sistema que hace que en Chile – como afirmó Solimano – “cerca del 80% de los pensionados, incluyendo el aporte solidario estatal, reciba menos que el salario mínimo”. Porque es falso lo que afirma Piñera en el sentido que el promedio actual de pensiones sea alto. Lo cierto es que dicho promedio no excede de los 200 mil pesos.
Lo que sí crece son las tasas de ganancias de los grupos controladores de las administradoras de los fondos de pensiones que oscilan en los últimos años entre el 25% y el 30% y se trata sólo de 6 compañías, es decir además concentración monopólica.
Otro prestigioso economista, Manuel Riesco, señaló en entrevista radial que, sumados los ingresos mensuales de las AFP tanto por concepto de recaudación por cotizaciones obligatorias y voluntarias que suman 500 mil millones de pesos, como por los 150 mil millones que el Estado aporta por bonos de reconocimiento y aportes previsionales solidarios, mensualmente reciben nada menos que la suma de 650 mil millones de pesos.
Y lo que pagan mensualmente en pensiones es de 200 mil millones de pesos. Saldo a su favor, 450 mil millones. Agrega con razón Manuel Riesco que a la luz de estos datos puede concluirse que sin el aporte estatal las pensiones serían todavía menores.
Con estos antecedentes concretos, saque usted mismo la cuenta y comprobará el negociazo que vino a defender don José Piñera. ¿Vino o lo llamaron en su auxilio ante la movilización social contra el sistema de marras? Pero hay más datos.
Recordemos lo que hace pocos días escuchamos en Radio Cooperativa al abogado Ricardo Hormazábal, ex presidente de la Democracia Cristiana, quien cuestionó seriamente el sistema de pensiones vigente en nuestro país. Como es sabido, Hormazábal es autor del libro «El Gran Engaño: 30 años del sistema de AFP».
No le faltaron razones cuando en el programa matinal “El Diario de Cooperativa” sostuvo que los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura son responsables por mantener el cuestionado sistema de pensiones en Chile. Y planteó sus requerimientos.»Yo quiero un foro con el ministro de Hacienda ” y cuestionó, “¿por qué ha permitido que Cuprum y Provida no paguen 410 millones de dólares cuándo Chile los necesita? ¿por qué defiende el sistema de AFP y no acepta las propuestas que hace la ministra del Trabajo, Ximena Rincón? «.
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Recordó el dirigente DC que «el aporte de los empresarios el año 73 era más del 40 por ciento, si eso se hubiese mantenido, la situación chilena habría sido absolutamente distinta. Lo que nosotros estamos planteando ahora es que tiene que haber aporte patronal equivalente al 10 por ciento, pero esa es una solución para largo aliento».
También afirmó que algunos militantes «han traicionado los acuerdos del partido, se han puesto al servicio de los grupos económicos y por eso la Concertación perdió en su momento, porque no le hemos dado respuesta a la clase media y mantenido un modelo fracasado». Y concluyó Hormazábal, “a mí no me interesa José Piñera, porque no pincha ni corta. Cada vez que lo mencionan, Piñera cobra más caro por sus consultorías, porque se convierte en una estrella en Chile, todo es él».
Fue en una columna de Ciper que el periodista Daniel Matamala afirmó que los grandes grupos económicos se enriquecen todavía más a costa de las jubilaciones de los chilenos y menciona a los grupos Luksic, Matte, Paulmann, Angelini y Solari. Entre otro antecedente de referencia y es que los ahorros previsionales de los chilenos suman más de 112 millones de millones de pesos, que equivalen a poco más de 171 mil millones de dólares.
Una nota de “El Mostrador”, que incluye copia de una acta de reunión de la Junta Militar con sus ministros, reveló hace unos días que hasta el propio Pinochet desconfió inicialmente del plan de Piñera y anticipó su temor de que los grupos económicos se quedaran con el dinero de los ahorrantes. Y eso que Pinochet no es precisamente un ejemplo de honestidad habida cuenta de los enormes recursos fiscales de los que él, su mujer y su grupo cercano, se apropiaron dolosamente.
Estos son los hechos concretos. Las chilenas y los chilenos tenemos ahora la palabra ante un asunto tan de fondo y que está planteado a la orden del día. ¿Seguiremos aceptando el saqueo o buscaremos con rapidez recuperar en los hechos la categoría de derecho humano fundamental y legítimo que tiene el derecho a la seguridad social?
Es decir establecer un sistema de protección que ojalá supere incluso al que alguna vez tuvimos en democracia, antes del golpe, y al que se pueda recurrir en situaciones de vejez, desempleo, enfermedad.
No más abandono, recuperación plena del papel que el Estado debe tener en la economía del país y en los derechos socioeconómicos de la ciudadanía, sin perjuicio por cierto del legítimo derecho a la actividad del sector privado y mixto de la economía con pleno respeto a la normativa que la sociedad democráticamente determine.
¿O seguiremos buscando pokemones por las esquinas de la ciudad, mientras nos birlan el producto del trabajo?
Fuente: Radio Cooperativa
