El mandato de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quedó en las manos del Senado, en donde la mayoría de sus integrantes es partidaria de su destitución, según sondeos de los principales diarios del país.
La apertura de un juicio político con el fin de su destitución a la jefe de Estado fue aprobado el domingo por 367 votos a favor y 137 en contra en la Cámara de Diputados y, para que prosiga, sólo necesita del respaldo de la mayoría simple en la Cámara Alta: 41 de los 81 senadores.
Los sondeos realizados por los diarios O Globo, Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo entre los miembros de la Cámara Alta indican que entre 45 y 47 senadores apoyan el juicio político.
Tras la aprobación de la apertura del juicio en la Cámara de Diputados, el Senado debe pronunciarse en unos 20 días.
Según los plazos constitucionales, el Senado deberá conformar entre martes y miércoles una comisión especial de 21 miembros, que elaborará un informe sobre el caso en un plazo de 10 días hábiles.
El informe se remitirá entonces al pleno del Senado, que por mayoría simple de sus 81 legisladores decidirá si se instaura el juicio político a Rousseff, lo que puede ocurrir alrededor del 10 de mayo.
Si se llega a ese punto, Rousseff será inmediatamente separada del cargo durante los 180 días que el Senado tendrá para realizar el juicio y deberá ser sustituida en ese período por el vicepresidente Michel Temer.
Rousseff ha sido acusada de realizar maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.