Al observar el comportamiento de los parlamentarios, en los tres días que discutieron la admisibilidad del impedimento de la presidente, Dilma Rousseff, nos parecía estar viendo niñitos divirtiéndose en un jardín de infantes. Gritos de todos lados. Coros recitando sus mantras en contra o a favor del impedimento. Algunos vinieron engalanados con los símbolos de sus causas.
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Gente vestida de la bandera nacional, como si fuera un día de carnaval. Letreros con sus consignas repetitivas.
En fin, un espectáculo poco digno de personas decentes, de quienes se esperaría un mínimo de seriedad. Se llegó, incluso, a hacer un juego de apuestas, como si fuera una lotería o un partido el fútbol.
Pero, lo más sorprendente fue la figura del presidente de la Cámara, que presidió la sesión, el diputado Eduardo Cunha.
Ha sido imputado de muchos crímenes y está acusado por el Tribunal Supremo: un gánster juzgando a una mujer decente, contra quien nadie se atrevía a atribuirle algún delito.
Tenemos que cuestionar la responsabilidad del Tribunal Supremo Federal, por haber permitido este acto que nos avergonzó nacional e internacionalmente, al punto que el New York Times del 15 de abril, escribió: «Ella no robó nada, pero está siendo juzgada por una banda de ladrones».
¿Qué interés secreto alimenta al Tribunal Supremo a cometer una omisión tan escandalosa? Nos negamos a pensar que esté participando en una conspiración.
Durante el razonamiento del voto ocurrió algo absolutamente escandaloso. Se trataba de juzgar si la Presidenta había cometido un crimen de irresponsabilidad fiscal con otras gestiones administrativas de las finanzas, como base jurídica para un proceso político de impedimento, que implicaría remover a la Presidenta del cargo que había conseguido mediante el voto popular mayoritario.
Gran parte de los diputados ni siquiera se refirieron a esta base jurídica, el famoso “pedaleo” de impuestos, etc. En lugar de apoyarse jurídicamente en el eventual delito, dieron alas a la politización de la insatisfacción generalizada que se extiende a través de la sociedad por la crisis económica, el desempleo y la corrupción en PETROBRAS.
Esta insatisfacción puede representar un error político de la Presidenta, pero no constituye ningún delito.
Como en un ritornello [Expresión usada en la música: repetición de una sección o fragmento de una obra] la gran mayoría se centró en la corrupción y los efectos negativos de la crisis.
Tildaron, hipócritamente, al Gobierno de corrupto, cuando bien sabemos que un gran número de diputados está bajo sospecha de delitos de corrupción. Buena parte de ellos fue electa con el dinero de la corrupción política, sostenida por las empresas.
Generalizando, con honrosas excepciones, los diputados no representan los intereses colectivos, sino los de las empresas que financian sus campañas.
Cabe señalar un hecho preocupante: surgió, de nuevo, como espantapájaros, la vieja campaña que estimuló el golpe militar de 1964: las marchas de la religión, de la familia, de Dios y contra la corrupción. Decenas de parlamentarios de la bancada evangélica lanzaron discursos en tono religioso, invocando el nombre de Dios. Y todos, sin excepción, votaron por el impedimento.
Pocas veces se ha ofendido tanto el segundo mandamiento de la Ley de Dios, que prohíbe usar el santo nombre de Dios en vano. Gran parte de los parlamentarios, de forma pueril, dedicaron su voto a la familia, a la mujer, la abuela, los hijos y nietos, citando sus nombres, en una banal espectacularización de la política. En cambio, quienes se pronunciaron contra el impedimento lo argumentaron y mostraron un comportamiento decente.
Se trató de un juicio de tintes políticos sin bases legales convincentes, lo cual viola el precepto constitucional. Lo que ocurrió fue un golpe parlamentario, inaceptable.
Los votos en contra del impedimento no fueron suficientes. Todos salimos disminuidos como nación y con vergüenza de los representantes del pueblo que, en realidad, no lo representan ni tienen la intención de cambiar las reglas del juego político.
Ahora sólo nos queda esperar la racionalidad del Senado, que examinará la validez o no de los argumentos legales, la base para un juicio político sobre un posible delito de responsabilidad, negado por destacados juristas del País.
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Tal vez aún no hemos madurado como pueblo para poder llevar cabo una democracia digna de ese nombre: la traducción al campo de la política de la soberanía popular.
(*) Ex sacerdote; teólogo, exponente Teología de la Liberación
