Como se anticipaba, finalmente, se consumó el golpe de Estado en Brasil. La mandataria constitucional de ese país, Dilma Rousseff, fue señalada de culpable de corrupción por el Senado y de este modo es apartada de forma definitiva de sus funciones como líder Ejecutiva.
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Con 61 senadores a favor, y 20 en contra, en un quorum de 81 senadores, la destitución de Rousseff se concreta de forma permanente.
La votación final sobre el juicio político fue separada en dos rondas, una para decidir sobre la destitución de la mandataria, y otra sobre la inhabilitación política por un lapso de ocho años.
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En una primera votación, el pleno del Senado decidió destituir a Rousseff y posteriormente, en el sufragio sobre su actuación política, 42 senadores se manifestaron en favor de la inhabilitación, 36 en contra y tres se abstuvieron.
En este contexto, Dilma Rousseff no fue inhabilitada políticamente, debido a que no se obtuvieron los dos tercios (54 votos) necesarios de apoyo para la aprobación de mla medida.
La ex presidenta -presencialmente ante el Senado el día lunes-, además de su abogado defensor y sus partidarios tildaron el proceso como «una farsa» y «un golpe parlamentario»; situación que, a sus ojos, se agrava con la asunción de Temer como nuevo jefe de Estado.
Quien fuera su vicepresidente fue sindicado por la propia Rousseff hace meses como el «jefe de la conspiración» que buscaba derrocarla.
Entre tanto, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá a la cabeza de mando del gigante suramericano hasta finales de 2018, pese a la enorme aura de antipopularidad que le rodea por la implementación (en el poco tiempo que lleva en el poder) de políticas económicas profundamente marcadas por recortes presupuestarios y privatizaciones de servicios y beneficios para el ciudadano común.
Movimientos sociales y políticos, activistas y sectores de la sociedad civil acusan al líder del centrista Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de golpista. Pero Temer también es señalado de retrógrado, esto por echar marcha atrás en las reivindicaciones sociales alcanzadas por los más desfavorecidos, políticas que habían refrendado los líderes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff.
Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015.
El proceso fue abierto en diciembre de 2015, y tras recorrer un largo camino por la cámara baja y la cámara alta del Congreso, de recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado; Rousseff fue hallada culpable y destituida definitivamente por más de 54 votos (dos tercios del Senado).
Para nadie en Brasil era un secreto que el impeachment contra Rousseff se trataba de un «golpe blando», tal como lo calificó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: «Los golpes blandos ya se pusieron en práctica en el continente en países como Honduras (con Manuel Zelaya) y Paraguay (con Fernando Lugo). Ahora, la misma metodología, que no necesita a las Fuerzas Armadas, se está utilizando aquí en Brasil», manifestó.
El abogado de defensa de Rousseff, José Eduardo Cardozo, calificó el proceso judicial como «una gran farsa» y un golpe contra la democracia. Durante el proceso, incluso se filtraron grabaciones secretas en las que se desprendía la premisa de que el impeachment solo fue un intento de frenar las investigaciones del megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras que golpeó tanto al partido de Rousseff como al de Temer.
Por el caso Lava Jato, como se le conoce a las investigaciones anticorrupción en Petrobras, algunos de los acusados por el partido PMBD fueron Renan Calheiros, titular del Senado y primero en la línea de sucesión presidencial después de Temer; el senador Romero Jucá, exministro de Planificación de Temer; el expresidente brasileño José Sarney (1985-1990), de 86 años; así como Eduardo Cunha, el suspendido jefe de los Diputados.
«Hay que resolver esa mierda. Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría», afirmaba en las grabaciones el exministro de Planificación, Romero Jucá, que debió renunciar tras revelarse el audio. El entonces ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, también cayó tras otra filtración en la que se evidenciaba que criticaba la investigación de la corrupción en Petrobras.
Aunque la defensa de Rousseff solicitó a la comisión del Senado incluir tales grabaciones entre las pruebas a ser analizadas para demostrar que el impeachmet carecía de fundamento; el senador Antonio Anastasia (encargado de elaborar el informe final y favorable al impeachment) rechazó el pedido y consideró los hechos «ajenos al objeto del proceso».
Luego del 12 de mayo, cuando Rousseff fue separada del cargo, las movilizaciones en contra del Gobierno interino de Michel Temer empezaron a reproducirse en todo el territorio nacional, e incluso fuera de las fronteras brasileñas, y cada vez se hace mayor el rechazo, lo que demuestra el poco apoyo popular con el que cuenta Temer.
Los Juegos Olímpicos de Río de Janerio 2016, incluso sirvieron de escenario para alcanzar una mayor visibilidad internacional a las protestas llevadas a cabo en contra del presidente interino.
Para el mes de junio, de acuerdo con el sondeo de MDA / CNT el Ejecutivo de Temer solo contaba con una valoración positiva del 11,3 por ciento, mientras que el 30,2 por ciento considera regular su gestión. La encuesta también indicó que el 50,3 por ciento de los consultados aboga por la celebración de las elecciones anticipadas este mismo año, frente al 46,1 por ciento que cree que los comicios deben realizarse en 2018 como estaba previsto.
A este respecto, Rousseff propuso y prometio públicamente que si retomaba sus funciones celebraría un plebiscito para consultarle al pueblo si realmente deseaba adelantar las elecciones presidenciales: «La restauración plena de la democracia requiere que la población decida cual es el camino para ampliar la gobernabilidad y mejoarr el sistema político electoral brasileño», opinó Rousseff.
En cuanto a Temer, pese al voto de confianza que los mercados depositaron en el Gobierno del ex vicepresidente, éste no consigue salir de la crisis producto de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto su partido. A esto se le suma el hecho de que Temer lucha por estabilizarse en medio de fuertes cuestionamientos por su legitimidad y de una severa recesión económica.
Bloqueos de carreteras en São Paulo, Fortaleza y Porto Alegre
El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) organizó una serie de actos en importantes carreteras de las ciudades de São Paulo (SP), Fortaleza (CE) y Porto Alegre (RS) contra el gobierno interino de Michel Temer.
En São Paulo, las manifestaciones cerraron las Marginales Pinheiros y Tietê, el puente Eusébio Matoso, la avenida Jacú Pêssego, la Radial Este y la carretera Regis Bittencourt. Durante el acto en la Marginal Pinheiros, cuatro manifestantes fueron presos. Según informaciones del movimiento, tres de ellos fueron llevados al 13º Distrito Policial (DP), y otro al 1º DP.
“Nosotros cortamos hoy, contra ese gobierno ilegitimo de Michel Temer y por nuestra vivienda”, dijo Guilherme Boulos, coordinador nacional del MTST, reiterando que los actos no tienen como objetivo “tener conflictos contra la policía”.
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En la Radial Oeste, a la altura del estadio Arena Corinthians, cerca de 150 personas cerraron la vía en el sentido centro. El coordinador del MTST Zalídio Barbosa destacó que el movimiento salió a las calles “para dejar claro al gobierno corrupto e ilegitimo, que no va a ser de la forma que ellos creen que va a ser”. “Quien decide es el pueblo”, afirmó.
En Porto Alegre, el acto del movimiento sin-techo cerró la BR-290 (free way). En Fortaleza, los manifestantes cortaron la carretera CE-020.
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En nota, el MTST afirmó que “los trabajadores y los programas sociales, conquistados con mucha lucha, están seriamente amenazados por el gobierno ilegitimo de Michel Temer. Las contrataciones de viviendas del programa Mi Casa Mi Vida permanecen suspendidas”.
“No aceptamos el golpe ni contra la democracia ni contra nuestros derechos. No reconocemos en el Senado la legitimidad para decidir los destinos del país. La resistencia seguirá en las calles”, concluyó.
Cronología del «impeachment»
Año 2015
15 noviembre: Un grupo de juristas pidió a la Cámara de Diputados la apertura de un juicio político contra Rousseff por unas maniobras fiscales irregulares que «maquillaron» las cuentas del Estado en 2014 y 2015.
2 diciembre: El entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, autorizó los trámites para la posible apertura de un proceso de destitución.
8 diciembre: El vicepresidente Michel Temer difundió una carta dirigida a Roussseff en la que dice que la mandataria «nunca» confió en él y que lo trató como un «vice decorativo», con lo cual anticipaba la ruptura entre ambos.
8 diciembre: La Cámara de Diputados instaló una comisión especial para analizar las acusaciones formuladas contra Rousseff.
9 diciembre: La Corte Suprema suspendió los trámites del proceso debido a «errores de procedimiento» en la Cámara baja.
22 diciembre: El proceso se suspendió por el inicio del receso parlamentario.
Año 2016
2 febrero: Concluyó el receso y el Congreso retomó sus sesiones.
16 marzo: La Corte Suprema esclareció el procedimiento necesario para el reinicio del juicio político.
17 marzo: La Cámara de Diputados eligió a los 65 miembros de una comisión especial que analizaría los argumentos jurídicos que existían contra Rousseff y notificó a la mandataria del inicio del trámite.
29 marzo: El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país, liderada por Temer, abandonó el Gobierno y declaró su apoyo al juicio político contra Rousseff.
4 abril: El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, asumió la defensa de Rousseff ante la comisión de la Cámara baja y rechazó todos los cargos.
6 abril: El instructor de la comisión, Jovair Arantes, presentó un informe en el cual consideró que existían méritos jurídicos para avanzar hacia el juicio político.
11 abril: La comisión especial aprobó por 38 votos a favor y 27 en contra el informe del instructor, que pasó al pleno de la Cámara de Diputados.
12 abril: Rousseff acusó a Temer de ser el «jefe de una conspiración» que buscaba sacarla del poder.
14 abril: La Abogacía General de la Unión solicitó al Tribunal Supremo que declarara «nulo» el informe que determinaba la existencia de méritos jurídicos para el proceso. El tribunal lo rechazó ese mismo día.
15 abril: El pleno de la Cámara de Diputados comenzó a debatir el informe que recomendaba que Rousseff fuera enjuiciada.
17 abril: El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil avaló la continuidad del proceso por 367 votos a favor y 137 en contra y el trámite pasó al Senado.
18 abril: Rousseff dijo ser «víctima de una gran injusticia» y denunció que en Brasil estaba en curso «un golpe de Estado».
21 abril: Rousseff viajó a Nueva York para asistir a la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático, en el marco de la cual aseguró: «La democracia está en riesgo».
25 abril: El Senado instaló una comisión especial para decidir si el proceso debía proseguir hasta el juicio final contra Rousseff y dio inicio a la fase procesal.
26 abril: Temer admitió que comenzaba a «prepararse» para asumir el poder en caso de que Rousseff fuera finalmente enjuiciada.
4 mayo: El senador Antonio Anastasia, instructor de la comisión especial que juzgaba a Rousseff, pidió respaldar la continuidad del proceso.
6 mayo: La comisión del Senado aprobó por 15 votos a favor y 5 en contra el informe de Anastasia y el caso pasó al pleno de la Cámara alta.
11 mayo: El pleno del Senado inició la sesión para decidir si la mandataria sería sometida a un juicio político y separada del poder mientras durara el proceso.
12 mayo: El Senado instauró el juicio político por 55 votos a favor y 22 en contra, lo cual suspendió a Rousseff de sus funciones. Rousseff disolvió su Gobierno y Temer asumió en forma interina.
1 junio: La defensa de Rousseff entregó un documento al Senado en el que volvió a negar todos los cargos e insistió en la tesis del «golpe».
8 junio: Un fiscal de un organismo de auditoría del Estado afirmó ante el Senado que Rousseff «sabía» que violaba las leyes fiscales, pues había sido advertida de esas irregularidades.
6 julio: Rousseff insistió en su inocencia y afirmó: «Brasil no merece una nueva ruptura democrática».
2 agosto: El senador Antonio Anastasia, instructor del proceso, presentó un nuevo informe y recomendó la destitución de Rousseff por «atentar contra la Constitución».
4 agosto: La comisión del Senado aprobó el informe por 14 votos a favor y sólo 5 en contra.
5 agosto: Temer inauguró los Juegos Olímpicos de Río 2016 como presidente interino y fue abucheado en el estadio Maracaná.
9 agosto: El pleno del Senado brasileño aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra la continuidad del juicio político.
10 agosto: El Partido de los Trabajadores (PT) denunció esa decisión del Senado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un «golpe de Estado» y pidió que se ordenara la suspensión del proceso.
17 agosto: La Corte Suprema anuncia que la fase final del proceso comenzaría el 25 de agosto y previó que duraría entre cinco y seis días, al cabo de los cuales el Senado decidiría la suerte definitiva de la mandataria.
23 agosto: El Congreso le envió una carta a la CIDH de la OEA en la que garantizó que todo el juicio a Rousseff respeta la Constitución.
25 agosto: El Senado inició la fase final del juicio con una sesión en la que escuchó a los dos testigos de la acusación.
26 agosto: El Senado escuchó a parte de los testigos de la defensa en la segunda sesión de la fase final del juicio y en medio de la crispación provocada por las mutuas acusaciones entre los senadores, al punto que el presidente del Congreso, Renán Calheiros, comparó al Legislativo con un «manicomio».
27 agosto: El Senado concluyó la fase de testigos del juicio de destitución con una audiencia en la que escuchó el testimonio del ex ministro de Hacienda Nelson Barbosa, el último testigo presentado por la defensa.
29 agosto: Rousseff presentó personalmente su defensa en el pleno del Senado, al que compareció por primera vez desde el inicio del proceso y soportó un maratónico bombardeo de preguntas de senadores que pedían su destitución.
30 agosto: En el último debate antes del pronunciamiento final, y tras escuchar por última vez a los acusadores y al defensor de la jefa de Estado, una amplia mayoría de los senadores se inclinó de forma decididamente favorable por su destitución.
31 agosto: El pleno del Senado, por amplia mayoría, aprobó la destitución definitiva de Dilma Rousseff y notificó a Temer que podía asumir el cargo de forma plena.
