El gobierno, por medio del veto presidencial, impuso el bajo monto al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), negándose a subir de alrededor de US$800 millones de dólares a más de US$900 millones de dólares, como planteó un amplio espectro de la oposición.
Tras un arduo debate, y tras una doble votación (donde la aprobación se alcanzó por aplicación de norma reglamentaria que dispone sumar las abstenciones a la opción de voto que haya alcanzado mayor número de preferencias), la Sala del Senado despachó el veto presidencial que especifica una nueva tabla de beneficiarios y los respectivos montos del denominado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a ir en ayuda de las personas sin ingresos formales en el marco de la pandemia.
Cabe recordar que la iniciativa fue aprobada por el Congreso pero sin los mencionados mecanismos, por lo que el Ejecutivo envió un veto presidencial de modo de reponer los montos mensuales que recibirán los beneficiarios durante 3 meses en modalidad decreciente.
La nueva fórmula establece que los beneficiarios serán aquellos que pertenezcan a los hogares del 90% más vulnerable de la población nacional de acuerdo al instrumento de caracterización económica (ICE); que pertenezca al 60% más vulnerable, de acuerdo al indicador socioeconómico de emergencia (ISE); y cuyos integrantes mayores de edad no reciban ingresos.
De este modo, los hogares compuestos por una persona recibirán como primer aporte 65.000 pesos; el segundo mes 55.250 pesos y el tercero 45.500 pesos. En la tabla diseñada, se especifican además los montos para familias con dos, tres, cuatro y hasta diez o más integrantes.
En este último caso, las cifras serán de 494 mil pesos, 419 mil 900 pesos y 345 mil 800 pesos, para el primer, segundo y tercer mes, respectivamente.
La iniciativa, también agrega un nuevo artículo quinto en el cual incorpora como beneficiarios a los hogares que, sin encontrarse entre alguno de los grupos que contempla el proyecto de ley, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población (según el ICE) y que esté integrado por uno o más adultos mayores de 70 o más años, que reciban una pensión básica solidaria de vejez. Por cada uno de estos adultos mayores, el hogar beneficiado tendrá derecho a recibir el segundo y tercer aporte que ascienden a 55.250 pesos y 45.500 pesos, respectivamente.
Esos montos fueron cuestionados por legisladores de la oposición, por centros de estudios y economistas.
El diputado Guillermo Teillier volvió a criticar que los dineros que recibirán las familias estén bajo la línea de la pobreza.
El senador Carlos Montes dijo:
“Es un monto que no alcanza para una familia en un mes, es decreciente, engorroso y lento”.
El Presidente Sebastián Piñera había pedido desde La Moneda que se apoya la medida porque iba en beneficio de más de 4 millones de chilenas y chilenos.
Pero no dijo que su administración se negaba a subir los montos, pudiendo recurrir a un fondo de unos 2 mil millones de dólares o a un endeudamiento internacional en un margen razonable como plantearon muchos economistas.
Existiendo el veto, la oposición se vio emplazada porque, finalmente, no se podía dejar en nada el IFE, afectando a cientos de miles de hogares.
El senador Francisco Huenchumilla lo graficó:
“Como siempre, el Presidente pone a la oposición entre la espada y la pared. Si no se aprobaba este veto, miles de familias no recibían este aporte”.
