La directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Catalina Lagos, anunció que van a recurrir a la Corte Suprema para frenar la libertad condicional otorgada a Raúl Iturriaga Neumann, ex subdirector de la DINA e interno del penal Punta Peuco. En paralelo, una sala de la Corte rechazó trasladar a Iturriaga Neumann desde Punta Peuco a Batallón de Policía Militar.
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El beneficio fue concedido por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago al acoger un recurso de amparo presentado por la defensa, luego de que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones denegara la solicitud en una resolución efectuada el 28 de julio pasado.
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«La Corte de Apelaciones no tomó en cuenta lo que sostiene el tribunal de conducta en el sentido de que Raúl Iturriaga Neumann no reconoce su participación directa en estos crímenes. La Corte de Apelaciones no considera que Raúl Iturriaga no se encuentra corregido ni rehabilitado para reinsertarse en el medio social, que es lo que exige la legislación», explicó Lagos.
Manifestó que «el Programa de DD.HH. apelará en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones por causal de agravio, solicitando que no se acoja el recurso de amparo presentado».
Una de las condenas que cumple Iturriaga Neumann es de 15 años de prisión como autor del homicidio del general Carlos Prats, ex jefe del Ejército, y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en Buenos Aires en 1974.
La abogada Magdalena Garcés, quien participó como querellante en los casos de Villa Grimaldi, afirmó que este fallo viola las normas internacionales sobre DD.HH:
«Creemos que es un fallo completamente contrario de derecho, que va ser revocado por la Corte Suprema, que viola normas internacionales y constituye una burla a los familiares de las víctimas».
Garcés recordó:
«Iturriaga Neumann fue el comandante de la Brigada Purén, una brigada que tiene a su haber decenas de detenidos desaparecidos y que tuvieron a su cargo el cuartel de ‘Venda Sexy’, uno de los cuarteles que fue famoso por las aberraciones sexuales cometidas contra tanto mujeres y hombres prisioneros de la DINA».
Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), su presidenta Alicia Lira lamentó el fallo y sostuvo que es un retroceso para las causas de DD.HH.:
«Es lamentable que se le dé beneficios carcelarios a quien tuvo que ver con el atentado horrible a la vida contra Carlos Prats y su esposa, sin contar otros crímenes que no está condenado por ellos, por lo cual para nosotros hoy la situación en el tema de verdad y justicia está adquiriendo un retroceso enorme».
Iturriaga Neumann tiene siete condenas que han sido ratificadas por la Corte Suprema que debieran tenerlo en la cárcel hasta 2037, cumpliendo sentencias en el penal de Punta Peuco.
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, sostuvo:
«Uno lo puede compartir o no, pero en este caso es un poder del Estado que toma una decisión como esa. Probablemente para aquellos que fueron víctimas de esa situación sea bastante inexplicable, pero desde el punto de vista institucional le corresponde a los Tribunales».
Mientras que la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, aludió al proyecto que se tramita en el Congreso para evitar estas situaciones:
«Lo que hay que decir ahí es, primero, que la ley actualmente otorga la posibilidad sin distinción de solicitar la libertad condicional. Por lo mismo, hoy se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de establecer distinciones para aquellos que están condenados por crímenes de lesa humanidad».
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Corte rechazó traslado de Iturriaga Neumann desde Punta Peuco a Batallón de Policía Militar
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó autorizar el traslado del ex subdirector de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann, desde el penal de Punta Peuco hasta el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
El traslado era solicitado por la defensa luego que la misma sala del tribunal de alzada capitalino le otorgara la libertad condicional al general en retiro tras acoger un recurso de amparo a su favor, luego que estableciera que la comisión de libertad condicional había vulnerado la ley al no otorgarle el beneficio pese a cumplir con los requisitos.
Iturriaga Neumann tiene siete condenas que han sido ratificadas por la Corte Suprema que debieran tenerlo en la cárcel hasta 2037.
Sobre la libertad condicional del general (r), el abogado Nelson Caucoto, querellante por el crimen de Carmelo Soria y otras causas donde está involucrado Iturriaga Neumann, afirmó que la Corte Suprema deberá invalidar el fallo del tribunal.}
Sostuvo que «lo que ha olvidado la Tercera Sala es que la piedra filosofal de la libertad condicional es que la sociedad pueda poner en libertad a aquellas personas que se hayan corregido, que se hayan rehabilitado y que no impliquen ningún peligro para la sociedad».
«Y aquí, al hacerlo de esta manera, sin poner atención a aquello que dicen los informes psicológicos en tanto él no tiene conciencia del daño causado ni de la dimensión del delito que cometió, indudablemente que se incurre en un error y la Corte Suprema tendrá que invalidar ese acogimiento de recurso de amparo», añadió.
Familiares de Ejecutados Políticos apelarán a libertad
En tanto, desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el abogado Nicolás Pavez señaló que durante la presente jornada se hará parte de la apelación.
«Otorgar esta apelación no se ajusta a derecho. El reo no se encuentra corregido y rehabilitado como lo exige la ley, el reo no cumple la mitad de la pena como lo exige la ley, interpretar la mitad de la pena respecto de una pena para personas que tenían cuatro, cinco, seis condenas nos parece que no se ajusta a derecho», afirmó.
El abogado añadió que «no compartimos el criterio de la Corte y es por esta razón que como Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos vamos a apelar».
Una de las condenas que cumple es de 15 años de prisión como autor del homicidio del general Carlos Prats, ex jefe del Ejército, y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en Buenos Aires en 1974.
A este se suma sentencias por el secuestro de militante del MIR, Francisco Javier Alejandro Rozas, detenido por agentes de la DINA el 20 de diciembre de 1974; y por el secuestro y homicidio calificado de 12 personas en la denominada Operación Cóndor.
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En caso que la Corte Suprema ratifique el recurso de amparo, el ex subdirector de la DINA saldría de Punta Peuco, pero quedaría detenido en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén debido a que enfrenta otros procesamientos.
