Mediante un mensaje interno, el general Héctor Ureta, recientemente pasado a retiro, formula una serie de graves imputaciones sobre las fallas de todo tipo en el control de los millonarios recursos de la Ley Reservada del Cobre, que desmienten la historia oficial que responsabiliza a funcionarios subalternos. “Hay todo tipo de responsabilidades, tanto legales, administrativas y de mando”, sostiene Ureta en el texto, afirmaciones cuya gravedad, aparte de ser comprobadas, debieran motivar la inmediata derogación de la Ley Reservada del Cobre.
Milicogate: Correo secreto detona bomba de racimo en el alto mando
Mauricio Weibel Barahona
El oficial, a cargo de la División de Mantenimiento, afirmó en un mensaje electrónico dirigido a sus pares que la responsabilidad por los desfalcos recae en el polémico Comando de Apoyo a la Fuerza, pormenorizando además el supuesto modus operandi de los fraudes cometidos hasta 2014 por unos diez millones de dólares.
No soportó más los malos tratos, ni las “versiones sesgadas”. El general Héctor Ureta, comandante de la División de Mantenimiento del Ejército, desató una verdadera guerra al interior de su institución, luego que revelara en un correo masivo cómo se produjeron las oscuras y millonarias defraudaciones con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, el mayor escándalo de corrupción militar desde el retorno a la democracia.
“Hay todo tipo de responsabilidades, tanto legales, administrativas y de mando”, sostuvo Ureta, a días de ser llamado a retiro, afectado por una serie de acusaciones que enlodan su carrera y mantienen en prisión a dos de sus colaboradores, la sargento Millaray Simunovic y el suboficial Claudio González Palominos.
En un mensaje de varias páginas, el general Ureta apuntó sus críticas al mando del Ejército y al polémico Comando de Apoyo a la Fuerza, la repartición a cargo de gestionar en reserva los recursos que anualmente entrega Codelco para la compra de armas. “A la División de Mantenimiento no le robaron”, recalcó el oficial.
El general Ureta, alegando la defensa de su unidad y prestigio, no trepidó en revelar los más íntimos secretos de cómo son administrados los polémicos fondos destinados a la compra de armamento. Tampoco dejó de subrayar los hechos que a su juicio le sirven de parapeto ante las investigaciones judiciales en curso.
“De las más de 1.200 facturas falsas, actualmente en investigación por parte de la Fiscalía (Militar), no existe ninguna de ellas que haya sido tramitada para pago por los diferentes organismos y jefaturas de la División de Mantenimiento”, recalcó.
Sin ambages, el general afirmó además que en el Ejército “existía una red de personas que desde diferentes lugares entregaban facturas (ideológicamente falsas) al personal del Comando de Apoyo a la Fuerza”, la unidad a cargo de tramitar los pagos con fondos de la Ley Reservada del Cobre.
En ese punto, su versión coincide con las investigaciones que sustancia la VI Fiscalía Militar desde 2014. Es decir, la corrupción en torno a los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre era una práctica extendida al interior del Ejército, no sólo la argucia de los cinco militares detenidos hasta ahora en el Regimiento de Policía Militar.
Sin embargo, Ureta no hizo ninguna mención a la captura de dos de sus colaboradores como supuestos miembros de esas redes que precisamente denuncia, las que tienen a civiles y militares involucrados en sendos procesos judiciales en la justicia civil y militar.
DISPAROS ENTRE GENERALES
El general Ureta disparó también a los más altos mandos de su institución, desechando incluso las versiones que el propio comandante en jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo, entregó en su momento sobre cómo fue descubierto el millonario desfalco con estos fondos reservados.
“Otro aspecto que deseo dejar claro es que estos hechos fueron descubiertos de una manera totalmente fortuita, totalmente por casualidad, mientras se realizaba un trabajo sobre las actas de recepción de los documentos contables y no por un control”, afirmó el oficial.
Hasta ahora, la versión oficial del Ejército, y del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, entregada incluso al Congreso, era que la detección del fraude fue producto de los mecanismos de control habituales de la institución.
Pero no fue la única crítica del general Ureta a las más altas autoridades de su cuna formadora. El oficial también expresó su malestar por la actuación de sus camaradas ante las revelaciones que semanalmente efectúa The Clinic.
“La propia institución copia los textos que se derivan de dicho pasquín y sesgadamente los publica por medio de sistemas de comunicación institucionales, para conocimiento de todos los miembros del Ejército”, reclamó.
Es decir, el general lamentó que nadie saliera en su defensa. Que, peor aún, se replicaran las noticias que a su juicio lo perjudicaban.
“LO MÁS GRAVE”
El general Ureta disparó todas las acusaciones finalmente contra el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), a su juicio el corazón de las millonarias defraudaciones que hoy sacuden al Ejército.
“¿Quiénes debían llevar el control de estos cobros en el CAF? ¿Quiénes debían llevar los saldos de los decretos de la demanda estratégica en el CAF? ¿Quiénes debían llevar los consolidados (balances generales) que permitieran saber que año a año faltaban fondos?”, inquirió.
Fue en ese punto que el general Ureta reveló detalles hasta ahora desconocidos. “Las facturas ideológicamente falsas aparecían en el CAF, sin tener un oficio conductor de alguna unidad, por tanto era muy fácil advertir que no eran imputables a alguna unidad”, subrayó Ureta.
Su versión, por cierto, coincide con distintas revelaciones entregadas por oficiales y suboficiales del CAF, quienes admitieron a la Justicia Militar que desde 2012 los documentos que debían ser tramitados en esa repartición dejaron de ser revisados por orden del general Jorge Salas, un oficial ya retirado quien vive con comodidad en un departamento de monseñor Escrivá de Balaguer, tasado en 136 millones de pesos por avalúo fiscal.
“No se revisó”, dijo incluso sobre este mismo punto el coronel Fernando Grossi, jefe del CAF, cuando la fiscal militar Paola Jofré le preguntó justamente por la serie de errores que facilitaron la supuesta desviación de diez millones de dólares, solo entre los años 2011 y 2014.
El desfalco, no obstante las cifras implicadas, fue considerado por el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, como “un porcentaje menor dentro del volumen de recursos de la Ley Reservada del Cobre”, en una entrevista a El Mercurio, en noviembre.
En ese marco, las inesperadas precisiones de Ureta apuntaron también a que los montos defraudados fueron cargados contablemente a dos iniciativas estratégicas del Ejército. Uno fue el proyecto Centauro, relativo a fuerzas blindadas y mecanizadas. El otro fue el proyecto Daga. Esta versión también coincide con los informes que la Policía de Investigaciones elaboró sobre el caso.
En este punto, el general Ureta confirmó también que para ocultar los desvíos de fondos los gastos eran cargados a un ítem llamado “compensación presupuestaria”, una “especie de préstamo desde el presupuesto corriente”, pormenorizó.
“Fue de estas compensaciones principalmente desde donde se pagaron las facturas ideológicamente falsas. No fue del Mantenimiento del Potencial Bélico administrado por la División de Mantenimiento”, enfatizó el general.
La versión de Ureta, en lo relativo a las compensaciones presupuestarias, coincide por cierto con mensajes que la PDI encontró en el celular del encarcelado cabo Juan Carlos Cruz, el militar que apostó 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello, monto equivalente al sueldo de un senador por 25 años.
“Cuadra el Daga y lo que se pagó en marzo que es lo de nosotros”, escribió de hecho el cabo Cruz vía SMS, días antes de ser detenido, cuando aún era el encargado de ingresar las órdenes de compra de armas y mantenimiento en el polémico CAF.
DÓLARES VAN Y VIENEN
Ureta, además, desnudó que el Comando de Apoyo a la Fuerza y la Dirección de Finanzas del Ejército administraban en total sigilo los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, en especial lo relativo a los ajustes cambiarios entre pesos y dólares.
“Las unidades dependientes, o que han levantado las necesidades (de compra de armas), desconocían la tasa de cambio (…) Hasta el año 2012 era imposible saber si existía saldo a favor por estas conversiones”, ahondó el general. Es decir, toda esa información cambiaria quedaba contenida en los archivos y pasillos del Comando de Apoyo a la Fuerza y la Dirección de Finanzas del Ejército, según la versión de Ureta.
Desde el año 2013, sin embargo, la situación fue modificada, de acuerdo al general. Las necesidades de Mantenimiento de Potencial Bélico fue levantada mediante Fichas de Fundamento del Gasto, las que son elaboradas hoy por cada unidad y quedan registradas en los decretos secretos que firman los ministros de Hacienda y Defensa para autorizar las compras de armas, los que sumaron unos 1.500 millones de dólares, entre los años 2005 y 2014.
LOS SECRETOS DE LA LEY DEL COBRE
Ante el oscurantismo del caso y de los procedimientos de las compras de armas, el general Ureta decidió contar en detalle cómo opera este mecanismo, para clarificar ante sus camaradas de armas las controversias sobre las millonarias defraudaciones, según su versión. También para defender a su unidad, dijo.
Al respecto precisó que los fondos de la Ley Reservada del Cobre, que entre los años 2000 y 2015 reportaron 20.000 millones de dólares a las FFAA, se descomponen en recursos que financian el Mantenimiento de Potencial Bélico y lo que se llama la Demanda Estratégica, que son proyectos institucionales o conjuntos de compra de armas.
Al cierre de su declaración, Ureta dejó traslucir su pesar. “No teniendo otra posibilidad de aclarar esto, me veo en la necesidad de hacerlo por este medio. Es lamentable el tener que llegar a esto para proteger a mi unidad, pero como comandante lo hago y me hago responsable de lo aquí expresado”.
El Ejército, que por primera vez responde una solicitud de The Clinic, admitió la veracidad de la misiva electrónica.
“Efectivamente se trata de una carta enviada por el general de Brigada Héctor Ureta, usando un medio interno de mensajería a destinatarios específicos, donde el mencionado oficial da a conocer opiniones y emite juicios personales sobre el caso tipificado como ‘defraudación fiscal y falsedad de documentación’ el que actualmente está entregado al ministro en visita, señor Omar Astudillo”.
Asimismo, el Ejército evitó comentar las opiniones y versiones entregadas en ese texto.
“Sobre las opiniones personales emitidas por el general Ureta, la institución no emite comentarios. No obstante, el Ejército reitera su más absoluto compromiso por cooperar en todo lo que el ministro determine de manera de esclarecer lo antes posible los ilícitos que se investigan”, apuntó la institución.
Fuente: The Clinic
http://www.theclinic.cl/2015/12/09/milicogate-correo-secreto-detona-bomba-de-racimo-en-el-alto-mando/
