El presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), Carlos Insunza, señaló que la resolución de la Contraloría que absolvió de responsabilidades en el caso Johnson’s al ex director del Servicio, Julio Pereira, le parece «bastante llamativa», por decir lo menos.
En su dictamen, la Contraloría General de la República propuso la absolución del ex conductor del Servicio al no tener responsabilidad administrativa en el tema, pero mantiene los cargos contra Mario Vila, quien fuera director jurídico del organismo y contra la ex directora de Grandes Contribuyentes, Mirtha Barra.
«En la condonación a Johnson’s hubo irregularidades, hubo conflictos de intereses que operaron, pero es evidente que para nosotros el hecho de que la Contraloría no haya ratificado los cargos que levantó el propio fiscal en contra de Julio Pereira es una situación bastante llamativa», criticó Insunza.
El dirigente añadió que «aquí ha habido una enorme red de protección respecto de Julio Pereira y Mario Vila durante 18 meses, desde que se destapara el perdonazo a Johnson’s y recién hoy hay posibilidades de que avance, en alguna medida, este tema».
«Aquí hubo una red de protección en la que evidentemente hubo un componente gubernamental, tuvo un respaldo absolutamente irracional durante meses de parte del Gobierno, algún respaldo político amplio de parte de la Alianza, hubo respaldo empresarial también y de algunos medios de comunicación» que funcionaron «como voceros», remarcó Insunza.
subir Bajas sanciones
El representante de los trabajadores afirmó que «las sanciones muestran que el marco legal que rige a la administración pública es débil respecto de los conflictos de intereses. Son sanciones que, en los hechos, son bastante bajas, que son de suspensión más multas, ni siquiera en sus rangos máximos».
«Un desafío central que tiene el Gobierno que inicia en unos pocos días más es que la legislación respecto de estas materias debe ser modificada. Primero, para que no pueda volver a ocurrir que sea nombrada una persona con tal nivel de conflictos de intereses en ningún cargo de la administración pública», sugirió Insunza.
«Y, en segundo lugar, para que los conflictos de intereses y su intervención en las materias del Estado sean sancionados con mucho mayor dureza de lo que es hoy y además tenga procedimientos de investigación, de denuncias, que sean bastante más expeditos», concluyó el dirigente gremial.
