La líder neoliberal, Keiko Fujimori, fue trasladada a una cárcel de Lima, un día después de que la Justicia le impusiera prisión preventiva por 36 meses, acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, en una investigación por lavado de activos y ocultamiento de aportes electorales.
Keiko Fujimori quedó instalada en la cárcel femenina limeña Santa Mónica, donde estará por 36 meses, según la orden de prisión preventiva que le dictó el miércoles el juez Richard Concepción Carhuancho.
Agentes de la policía policial esposaron y llevaron de inmediato a la líder del partido Fuerza Popular, en medio del desconcierto de sus coacusados y de los abogados, que no esperaban la disposición, cuando no habían terminado los alegatos de los diez involucrados en el caso.
Fujimori, quien enfrentará procesos por lavado de activos y crimen organizado, fue trasladada en una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que recorrió Lima en medio de una caravana compuesta por vehículos de la prensa y de seguidores suyos.
La prisión de Santa Mónica donde quedó recluida Keiko es la misma donde estuvo nueve meses Nadine Heredia, la esposa del ex presidente Ollanta Humala.
En la prisión, donde hay unas 300 reclusas, entre ellas una veintena de terroristas, Fujimori permanecerá probablemente en el mismo lugar que Heredia, un lugar en el pabellón de prevención especialmente habilitado para que no tengan contacto con las otras internas.
Fundamentos
El juez Concepción leyó durante casi toda la jornada los fundamentos de la decisión, que toman en cuenta la hipótesis de la fiscalía de que la dirigente encabezaba una organización criminal dedicada al acopio de dinero de oscuro origen, como un millón de dólares de la empresa brasileña Oderecht.
Concepción demolió virtualmente los alegatos de la defensa según la cual no hubo recepción de fondos o Fujimori no estaba al tanto, ni son verosímiles las declaraciones de quienes participaron en la operación realizada para hacer pasar grandes contribuciones secretas como muchos aportes ciudadanos de montos menores.
Señaló que puede ser cierto que ella no recibió personalmente ningún aporte, pero dado su férreo mando de Fuerza Popular (FP) y teniendo en cuenta diversos testimonios, sí estaba en conocimiento de todo el manejo de fondos y de la operación de lavado.
El juez dictaminó que en las audiencias iniciadas la semana pasada quedó confirmado que se dan las condiciones requeridas para la prisión preventiva, cuyo plazo corresponde a la nueva etapa de investigación más profunda, que durará tres meses.
Precisó que el poder que tiene Fujimori al ser su partido mayoría en el parlamento, cuyos integrantes conspiran para desacreditar al fiscal del caso, José Pérez, determinan que puede obstaculizar la investigación, otro motivo de la prisión preventiva.
Al ser trasladada desde la celda del Inpe, donde pernoctó, la ex candidata presidencial, de 43 años, abandonó su habitual expresión fría y lanzó sonrisas a sus simpatizantes. Iba esposada y fuertemente resguardada por policías.
Antes del traslado, Fujimori fue visitada por su abogada, Giuliana Loza, y los congresistas Úrsula Letona, Karla Schaefer, Milagros Salazar y Héctor Becerril, todos de su partido derechista radical Fuerza Popular (FP).
Tras la audiencia, uno de los co-investigados, Pier Figari, asesor muy cercano a Keiko Fujimori, lanzó ataques contra el juez y consideró seguro que la apelación anunciada por su abogada, Giuliana Loza, logrará la anulación de la medida dictada hoy.
El fiscal Pérez consideró justa la decisión del juez y aseveró que el desenlace debe ser motivo de reflexión sobre la permanencia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, cuestionado por contactos con una red de corrupción judicial y cuyo retiro es casi un clamor nacional, mientras FP lo defiende como contrapeso a Pérez.
Después de la audiencia, iracundos seguidores de Keiko Fujimori -entre ellos funcionarios del parlamento bajo control fujimorista- atacaron a ciudadanos que al parecer celebraban la decisión del juez Richard Concepción.
Antecedentes de la investigación
El juez Concepción acogió los argumentos del fiscal del caso, José Domingo Pérez, en el sentido de que existen “indicios razonables” de que Fujimori cometió delitos graves y de que hay riesgo de que intente huir u obstaculizar la acción de la Justicia.
Según documentación y testimonios presentados por Pérez, la hija del ex presidente Alberto Fujimori —hospitalizado bajo custodia policial tras serle anulado un indulto— montó una red para lavar un millón de dólares que le dio la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial en 2011.
La acusada y otros imputados, entre ellos dirigentes de peso de FP, argumentan que son inocentes y que sufren persecución de los que llaman “caviares” (izquierdistas y liberales) y del gobierno del presidente Martín Vizcarra.
Para Fujimori se avecinan ahora tres batallas legales, pues Loza por un lado apelará la decisión de Concepción y por otro impugnará la presencia de ese juez en el caso para futuras diligencias.
A su turno, la fiscalía impugnará a una sala penal que este mismo mes anuló una orden de prisión preliminar de 10 días, con el fin de que la apelación de ahora sea vista por otros magistrados.
El fiscal encargado de la impugnación, Rafael Vela, se basa en la presencia en esa sala de la jueza Jessica León, quien, según pesquisas, hace parte de la red de corrupción que lideraba el ex magistrado supremo César Hinostroza dentro del aparato judicial.
Audios obtenidos por la fiscalía apuntan a que Fujimori buscó la ayuda de la banda de Hinostroza, lo que involucra a León.
