Por la Encopetada Familia Ossandón: El Fraude Tributario Más Grande de la Historia de Chile

Ha sido catalogada como la mayor defraudación tributaria de la historia de Chile. Este 31 de marzo serán formalizados cinco integrantes de la familia Ossandon Larraín en uno de los casos tributarios más importantes de nuestra historia. Desplazado de la atención pública por los casos Penta y Caval, dicho proceso viene a culminar una trama que se remonta al año 2004 y en la cual se estima una defraudación al Fisco de más de 330 millones de dólares. El caso involucra a una de las familias más “reputadas” de nuestro país, ha sacudido a la élite económica chilena y amenaza con extenderse a otras familias ligadas al rubro empresarial. N. de la R.: como «bonus track», una entrevista al abogado de los Ossandón en 2012, cuando afirmaba la inocencia de sus clientes. «Como se te ocurre, pos hoommmm»….

Fue el año pasado cuando el Servicio de Impuestos Internos decide querellarse en contra de los hermanos Bernardo, Gabriel y María Teresa Ossandón y sus padres, Gabriel Ossandón Valdés y María Soledad Troncoso Larraín, quienes habrían diseñado un mecanismo “doloso” para evitar el pago de impuestos.

Dicha trama comienza en el año 2011 cuando otro de los hermanos, Manuel Ossandón Larraín, presentó una querella en contra Bernardo Ossandón, el abogado Rodrigo Ruiz Tagle y del ejecutivo Marko Jurgensen, por los delitos de estafa, falsificación de instrumento público, entre otros delitos.
La estafa que desató la guerra

Los hechos se remontan al año 2004, fecha en la que el matrimonio compuesto por Manuel Ossandón Larraín y Sara Bustamante Donoso, deciden viajar a los Estados Unidos por estudios. Dicha situación obligó a Manuel a dejar su patrimonio de unos US$200 millones a cargo de su hermano Bernardo Ossandón, primogénito de la familia y quien está a cargo de la administración de los negocios del clan.

A través de una serie de operaciones comerciales, Bernardo logra traspasar el patrimonio de Manuel, sin su consentimiento, a una Fundación Educacional ubicada en Panamá, la cual habría sido constituida mediante la falsificación de la firma del abuelo de los hermanos Ossandón Larraín, Bernardo Larraín Vial.

La causa que quedó en manos de la fiscalía Centro Norte, contiene los descargos realizados por Bernardo Ossandón Larraín, quien declaró en su momento que “todas las operaciones fueron hechas con el consentimiento de Manuel” y tenían por objeto “la protección familiar de los derechos patrimoniales de cada uno de los participantes de esta estructura societaria”.

Bernardo agregó que “Manuel ha recibido, a lo largo de los años, cuantioso dinero con cargo a los derechos que le han sido reconocidos en las sociedades familiares y el patrimonio de todos ha sido utilizado para financiar también en parte proyectos de inversión liderados por él, los cuales han resultado en completos fracasos”.

Estas palabras fueron refutadas por Manuel Ossandón, quien sostuvo que nunca estuvo al tanto de estas operaciones y que tampoco existe certeza de dónde está el patrimonio legado a su hermano Bernardo y que, supuestamente, fue trasladado a esta Fundación Educacional.
La arista tributaria

Durante el proceso Manuel denuncia que a través de una serie de operaciones la sociedad Real State (constituida en las Islas Vírgenes y sindicada como el puente para transferir los dineros a Panamá) aumentó su capital sideralmente y que debió pagar impuestos por ello.

Explica que al comprar créditos con tanto descuento y, al mismo tiempo, no pagar nada por esos créditos, su patrimonio creció. Como esta operación la hizo con todos los hermanos, la acusación afirma que Real State tuvo un incremento de capital de UF 18.970.240, el cual estaría afecto a la tasa del 35 por ciento de Impuesto adicional.

Fueron estos movimientos los que llegaron a manos del Servicio de Impuestos Internos durante la administración de Julio Pereira y que encendieron las alarmas de la entidad debido a lo cuantioso del monto defraudado.

Sergio Contreras abogado de Manuel Ossandón Larraín señala que “fue en el año 2012 cuando los antecedentes llegan al Servicio de Impuestos Internos, como Pereira tenía una relación de parentesco lejana con la familia Ossandón Larraín, decide inhabilitarse dejando todo en manos del subdirector jurídico de aquél entonces, Mario Vila”.

El abogado agrega que “después de mucho esfuerzo y muchas reuniones, logramos que el SII ordenara la liquidación de algunas empresas pertenecientes a Bernardo Ossandón para que el Fisco recuperara parte de lo defraudado, pero pese a eso el Servicio nunca se querelló”.

En efecto, durante la administración de Sebastián Piñera el Servicio de Impuestos Internos optó por no perseguir judicialmente a la familia Ossandón Larraín. Recién el año pasado, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, la entidad decide estudiar los antecedentes y presentar una acción legal que permitió reabrir la causa, esta vez, en la fiscalía de delitos de alta complejidad que encabeza Carlos Gajardo.

La formalización de los Ossandón

La causa penal, que comenzó con la querella interpuesta por Manuel Ossandón en contra de su hermano Bernardo, estuvo por más de tres años a cargo de la Fiscalía Centro Norte, sin que existieran mayores avances en la causa.

De hecho, el abogado Sergio Contreras afirma que todos los datos proporcionados y que hoy son el sustento de la investigación que lleva a cabo el equipo del fiscal Gajardo, “fueron proporcionados por Manuel Ossandon”.

Finalmente, a mediados de 2014, la Fiscalía Centro Norte decide separar la indagatoria dividiendo, por un lado la causa por estafa, que terminaría por ser sobreseída y por el otro, la arista de falsificación de instrumento público, que todavía está en trámite y que la representación de Manuel Ossandón espera que avance a la luz de los nuevos antecedentes.

Si bien ahora no son parte directa del proceso, el abogado Sergio Contreras sostiene que la formalización de los cinco integrantes representa “un triunfo moral” debido a que se confirman, de alguna manera, las acusaciones que ellos levantaron por años.

Luego que la causa cayera en manos de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, no pasaron más de tres meses para que el fiscal Carlos Gajardo, decidiera formalizar a los integrantes de la familia Ossandón Larraín, poniendo en entredicho el trabajo de la Fiscalía Centro Norte y de la anterior administración del SII, por su decisión de no querellarse pese a los antecedentes que tenía a mano.

De acuerdo a lo señalado por el Departamento de Delitos Tributarios del SII, los querellados “diseñaron y ejecutaron una serie de actos constitutivos de procedimientos dolosos destinados a ocultar el monto de las verdaderas operaciones realizadas y rebajar su carga impositiva en forma antijurídica y maliciosa, evadiendo así el pago de los impuestos a los que se encontraban afectos”.

A juicio de algunas fuentes cercanas al caso consultadas por este medio, este modelo de defraudación tributaria no es exclusivo de la familia Ossandón Larraín, sino que sería un método masificado entre los grupos económicos más poderosos de este país.

Por lo mismo no se descarta que ésta investigación, que es catalogada como “el fraude tributario más grande de la historia de Chile”, derive en nuevas aristas.

Fuente: Radio Universidad de Chile

Abogado de la familia Osandón Larraín: «Acá no hay evasión tributaria»

por Victor Cofre

09/ 12/ 2012

El tributarista Luis Felipe Ocampo dice que Real State, firma a la que el SII le exige US$ 220 millones, ha pagado todos los impuestos correspondientes y prevé un juicio de hasta seis años.

La familia Ossandón Larraín tiene una contingencia tributaria no menor. El Servicio de Impuestos Internos (SII) le exige el pago de impuestos por $ 105 mil millones (US$ 220 millones) a una de sus sociedades, Real State Golden Investment. El origen del caso está en una denuncia ante el SII de Manuel Antonio Ossandón Larraín, quien acusa a su familia de quitarle derechos sobre su parte en el patrimonio colectivo, y que, a raíz de ello, ha activado desde 2010 varias acusaciones civiles y criminales en su contra. La familia la encabezan Gabriel Ossandón Valdés y María Soledad Larraín, quienes son los beneficiarios principales de la Fundación BLV, controladora de Real State. Sus cinco hijos, entre los que se cuenta Manuel Antonio, son los beneficiarios subsidiarios.

El reclamante ha acusado que su participación accionaria en las sociedades de la familia fue vendida sin su consentimiento expreso, a cambio de un pagaré por US$ 112 millones a 30 años plazo. Los créditos fueron transferidos luego a Real State. La operación, denunció, constituyó una apropiación indebida que le arrebató derechos sobre su patrimonio. Las transferencias canceladas con esos pagarés son las que están detrás de la liquidación tributaria del SII.

Los Ossandón Larraín han mantenido silencio, pero su abogado tributario, Luis Felipe Ocampo, accedió a responder un cuestionario. ¿Por qué lo hace ahora? Ocampo dice: “La familia Ossandón tiene dos frentes muy importantes, el primero es el quiebre con un hijo, y el segundo, que se haya convertido en un tema público un sinnúmero de querellas y acusaciones sin fundamento jurídico. El ánimo al responder sus preguntas es rectificar aspectos que no han sido comunicados correctamente por los medios y llevan a confusión, al establecer como hechos ciertas afirmaciones que no son verdaderas”.

¿Por qué Real State se constituyó en Islas Vírgenes Británicas?

Gabriel Ossandón y María Soledad Larraín residieron en España durante los años 1968 y 1974, y posteriormente constituyeron Real State, como vehículo para ingresar a Chile (vía D.L. 600) dineros que se encontraban en el exterior, provenientes de los negocios realizados en España durante su residencia en dicho país, e invertirlos en Chile en proyectos inmobiliarios. Es una sociedad totalmente normal y eso lo puede ratificar cualquier abogado.

¿Quiénes integran el grupo Ossandón Larraín y qué activos tiene?

El grupo está conformado por la familia Ossandón Larraín, esto es, por los padres y sus cinco hijos. Y, lamentablemente -pues esto ha sido doloroso para toda la familia-, uno de los hijos, Manuel Ossandón Larraín, es quien ha efectuado denuncias ante el SII, se ha querellado y ha demandado al resto de su familia.

¿Quién lidera el grupo?

Son los padres quienes toman las decisiones. Tienen plena conciencia de que el patrimonio que han formado es fruto de su esfuerzo y, en ese sentido, entienden que tienen el deber de conservarlo. Esta sociedad evita, por ejemplo, el despilfarro y obliga a los miembros de la familia a tomar decisiones consensuadas.

¿Qué operaciones cuestiona el SII de parte de Real State?

El servicio cuestionó los efectos tributarios del descuento que se aplicó a la cesión de unos créditos adquiridos por Real State y que deben ser pagados en varios años más, tal como lo faculta la ley. Estamos hablando de una sociedad constituida en el extranjero en 1996 para, inicialmente, administrar el dinero que don Gabriel Ossandón Valdés y doña María Soledad Larraín generaron mientras vivieron fuera de Chile, en la década del 70. Lo que ocurre es que el servicio sostiene en las liquidaciones que la utilidad generada por el descuento aplicado (20%) debía pagar impuesto a la renta en el mismo año tributario en que se realizó la cesión (renta devengada). Sin embargo, sostenemos con sólidos fundamentos que el impuesto debe ser pagado en el año tributario en que se paguen efectivamente dichos créditos (renta percibida). De esta forma, no se discute si deben o no pagarse impuestos, sino sólo el momento en que debe realizarse dicho pago. Y nuestra postura es la que ha primado en Chile por años.

¿Cuántos años podría durar esta causa en los tribunales?

Frente a la liquidación emitida por el SII, se interpuso una reclamación tributaria, la que debe ser conocida por los Tribunales Tributarios, Corte de Apelaciones y Corte Suprema, por lo que dicho juicio puede durar unos cinco a seis años.

¿Cómo explican la decisión del SII de realizar esta liquidación?

Entendemos que el SII está cumpliendo con el rol fiscalizador que la ley le asigna en la materia. Sin embargo, no compartimos los fundamentos utilizados en esta ocasión. La aplicación del mismo criterio podría afectar a diversas actividades que tributan sobre base percibida, como ocurre con aquellas que realizan actividades con efectos de comercio y que están reguladas por el art. 20 Nº 2 de la Ley de la Renta, respecto de las cuales, hasta la emisión de las liquidaciones en contra de Real State, no existía duda alguna que tributaban a base de renta percibida.

¿Por qué se transfirieron los derechos a Real State?

Entiendo que la decisión se adoptó para evitar problemas en la administración de los negocios familiares.

¿Cómo se fijó el precio de las ventas de créditos a Real State?

Sobre la base del valor nominal de los créditos cedidos y aplicando una tasa de descuento de mercado, en función del plazo que existía para cobrarlos. Es un descuento razonable atendido que el plazo era de 30 años.

¿Cuántos impuestos han pagado en los últimos años?

Todos los que correspondían. Sin embargo, no puedo dar mayores detalles, pues se trata de un dato que la ley califica como sensible y protegido por secreto tributario. Le insisto: acá no hay evasión ni nada que se le parezca.

¿Qué esperan de la causa penal y las acusaciones por apropiación indebida?

De acuerdo a los antecedentes que me ha tocado revisar, estimo que los fiscales terminarán aplicando sus facultades de no perseverar, pues se convencerán de que los delitos imputados no existen.

Manuel Ossandón afirma que perdió derechos sobre sus participaciones. ¿Es así?

De acuerdo a los antecedentes que he revisado, Manuel Ossandón tiene actualmente los mismos derechos que sus hermanos en el patrimonio familiar. La pregunta que vale la pena hacerse es por qué ninguno de sus cuatro hermanos se siente defraudado, en circunstancias que se encuentran exactamente en la misma situación patrimonial que él.

Fuente: La Tercera