La Contraloría General de la República auditará las adquisiciones y compras de Carabineros, luego de que una fiscalización detectara que la institución policial pagó más de 3.200 millones de pesos a tres firmas ligadas al caso de fraude en el Ejército, conocido como milicogate.
Entre 2010 y 2015 Carabineros pagó más de 3.200 millones de pesos a siete empresas proveedoras de repuestos y otros servicios, de las cuales tres son investigadas por facilitar facturas presuntamente falsas.
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La información fue expuesta por el contralor general, Jorge Bermúdez, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados donde se precisó que en el ítem «concentración de compras por instituciones de las FF.AA. y de orden», Carabineros pagó por concepto de compras públicas un total de 3.249 millones de pesos, mientras que el Ejército desembolsó 1.668, la FACh 26 y la Armada 16 millones.
Tras esto, Bermúdez anunció «una auditoría con carácter de ‘prioridad nacional’ para la revisión del uso de los recursos transferidos al conjunto de las instituciones de las FF.AA. que administran fondos de la Ley Reservada del Cobre» para el segundo semestre de este año, en el cual se incluirá una auditoría a «las adquisiciones de Carabineros».
Auditarán a Carabineros por compras a firmas ligadas a fraude en Ejército
Sebastián Labrín y Sergio Rodríguez
Una fiscalización realizada por la Contraloría General de la República, en el marco de la investigación por el fraude en el Ejército, detectó que Carabineros, entre 2010 y 2015, pagó más de $ 3.200 millones a siete empresas proveedoras de repuestos y otros servicios. Y entre ellas, hay tres firmas investigadas por facilitar presuntas facturas falsas para la reparación de vehículos militares.
El caso comenzó en abril de 2014, cuando el Ejército detectó y denunció el millonario fraude en la unidad Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF). Actualmente, según la investigación que instruye el ministro en visita Omar Astudillo, el ilícito superaría los $ 5 mil millones.
Los presuntos servicios inexistentes se cancelaban mediante la tesorería de la rama castrense, con cargo a los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
En una exposición realizada el pasado 14 de marzo ante la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el contralor general, Jorge Bermúdez, reveló que siete empresas fueron las principales proveedores de las FF.AA. e instituciones de orden. Entre ellas, por ejemplo, se encontraban Inversiones y Comercio Capellán S.A., a la cual se le pagaron más de $ 3.101 millones, y Raúl Fuentes Quintanilla, cuya firma recibió $ 551 millones. Este último fue formalizado en enero por la fiscal Ximena Chong, por facilitar presuntas facturas falsas entre 2010 y 2014, por más de $ 1.800 millones.
En el ítem “concentración de compras por instituciones de las FF.AA. y de orden”, el contralor detalló que Carabineros pagó, por concepto de compras públicas, un total de $ 3.249 millones entre 2010 y 2015. El Ejército, en tanto, desembolsó $ 1.668 millones. Por su parte, la Fach canceló por este ítem $ 26 millones, mientras que la Armada pagó $ 16 millones.
“En el caso de la empresa Inversiones y Comercio Capellán S.A., entre 2010 al 2015, registra ventas por la suma de $ 3.101 millones, de los cuales $ 934 millones, corresponden al año 2015”, dice el informe. El monto ganado por esta empresa, de hecho, corresponde al 62,5% del total de los ingresos de las siete firmas, según informó la Contraloría.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por Bermúdez, para el segundo semestre se planificó “una auditoría con carácter de ‘prioridad nacional’ para la revisión del uso de los recursos transferidos al conjunto de las instituciones de las FF.AA. que administran fondos de la Ley Reservada del Cobre”. Y dentro de los énfasis que informó, también estaba auditar a “las adquisiciones de Carabineros”.
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Comisión investigadora
El presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara, Jaime Pilowsky (DC), dijo que “valoro la decisión de la Contraloría de auditar los procesos de compras de servicios en Carabineros respecto de empresas que están siendo investigadas en relación al fraude. No estamos hablando de que exista algún delito, sino de un ejercicio de transparencia pública, de que todo haya sido hecho conforme a la ley”.
Fuente: La Tercera
