“Hay una formalización pendiente. Estamos recabando algunos antecedentes”, adelantó la semana pasada el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, al ser consultado sobre la iniciación formal de las investigaciones a políticos involucrados en el Caso Penta-Soquimich. Los apuntados a través de trascendidos y filtraciones son quienes han figurado en las carpetas investigativas y en las declaraciones del ex gerente de Penta, Hugo Bravo.
Se conocieron antecedentes de Iván Moreira, Jovino Novoa y Ena Von Baer, todos militantes de la UDI, y otros vinculados a la arista SQM, como Fulvio Rossi (PS) y Roberto León (DC).
Todos estos nombres figuran en la querella interpuesta por la Fundación Ciudadano Inteligente por delitos de cohecho y el abogado que representa la causa, Mauricio Daza, reconoce que son los nombres que podrían surgir esta semana.
El vicepresidente de la UDI, Edmundo Eluchans, dijo poder referirse sólo a título personal sobre la complicada semana que podría tener que enfrentar la colectividad. Ante esto, sólo pidió que se tenga en consideración el principio de inocencia:
“La formalización no es más que el anuncio de que una investigación se va a seguir desarrollando, porque normalmente antes de la formalización hay una investigación sin formalizarse y esto le da una mayor connotación, si se quiere, pero desde el punto de vista de la responsabilidad penal, ninguna”, dijo.
Mientras, el abogado Daza expresó que “los antecedentes que en un comienzo aparecieron eran los relacionados con el grupo Penta y obviamente van en dirección a aportes ilícitos a personeros de la UDI. Sin embargo, hay que recordar que con posterioridad se abrió la arista SQM, donde gran parte de los aportes van a personeros de la Nueva Mayoría”.
“Desde esa perspectiva, todavía queda bastante por investigar y hay que esperar cómo transcurren los meses de investigación para los efectos de poder establecer a quién va a afectar más o menos esta situación que, desde luego y por lo que se ve, es muy transversal”, añadió.
El querellante reiteró la posición de Ciudadano Inteligente y volvió a plantear la gravedad de los delitos que se están investigando:
“La convicción es que acá existió una máquina montada por varias empresas que servían para financiar ilícitamente a parlamentarios y autoridades de todos los partidos, y a partir de los cuales ellos pretendían poder cooptarlos, con la finalidad de acceder de manera más fácil a ellos e incluso influir en las decisiones que adoptaban. Esta práctica ilícita, que va en contra de los fundamentos de nuestra democracia, fue realizada en forma fraudulenta y oculta a los ojos de la población, por lo tanto, nos encontramos frente a delitos graves que deben ser sancionados de manera ejemplar”, argumentó.
Mauricio Daza explicó que si se formaliza a autoridades con fuero no es necesario que se les prive de este beneficio, pero que esto debe ser discutido en la eventualidad de un juicio oral o una medida cautelar.
Fuente: Radio Universidad de Chile
