Por estos días se discute el porcentaje de reajuste salarial que tendrán los trabajadores del sector público en Chile. Mientras los trabajadores demandan un 7%, el gobierno ofrece un 3,2%, es decir, prácticamente el equivalente a la inflación registrada en los últimos 12 meses (3,1% en el IPC anual hasta septiembre).
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En otras palabras, el gobierno está ofreciendo un 0,1% de incremento real en los sueldos ($600 más al mes descontando la inflación). De concretarse, sería el reajuste más bajo de los últimos nueve años y el menor en dos años consecutivos desde 1992 (en 2015, el reajuste real fue sólo de 0,2%).
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En este contexto, el Ministro de Hacienda sostiene que se trata de la “mejor” oferta y que ésta no es modificable. Para analizar los alcances de la discusión, resulta pertinente revisar dos aristas relativas al proceso de formación de los salarios.
a) Salarios públicos y brecha con el mundo privado
Considerando el sector público (administración central y municipalidades), los resultados en términos salariales no son los de “sueldos altos” o de “funcionarios acomodados”.
De acuerdo a los datos de la recién publicada CASEN 2015, el promedio salarial para los empleados públicos es de $608.000 líquidos, pero la mediana, es decir, lo que gana el 50% o menos, es de $440.000 líquidos, dejando en evidencia la inconveniencia de guiarse sólo por los promedios.
Adicionalmente, en caso de excluir a los directivos y “profesionales y científicos intelectuales”, el resultado es que el 50% restante, percibe menos de $330.000 líquidos (y en el caso de las mujeres, menos de $300.000 líquidos).
Por otro lado, se suele escuchar que, comparado con el mundo privado, los empleados públicos ganan “mucho más”. De hecho, un estudio reciente del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Clapes UC) sostiene que, usando la Encuesta Suplementaria de Ingresos del año 2014, la brecha ascendería a un 43,8% a favor de los empleados públicos (Cerda, 2016).
Sin embargo, al revisar la metodología, se advierten decisiones que son a lo menos cuestionables. La principal: comparar a los empleados públicos con la totalidad de los trabajadores del mundo privado (sin importar si son empleados de micro, pequeñas, medianas o grandes empresas).
A este respecto, estadísticamente, la clasificación para gran empresa establece el corte en 200 y más empleados y, como resulta evidente, el Estado es el principal empleador de Chile, con casi 600.000 trabajadores (administración central y municipalidades).
Siendo así, una comparación necesaria es revisar lo que sucede al analizar la brecha entre los asalariados privados cuyos empleadores tienen 200 y más trabajadores y los trabajadores públicos (administración central y municipalidades).
Del ejercicio anterior se obtiene que, usando la misma Encuesta Suplementaria de Ingresos del año 2014 utilizada por Clapes, la brecha baja de un 43,8% a un 15,8% (resultado no informado por dicha investigación). Y usando una fuente de información más fresca – los microdatos de la CASEN 2015 (publicados en septiembre de 2016) – se advierte que la brecha cae desde un 32% a un 5%.
Es decir, la tesis de la brecha alta no sería robusta al controlar por el tamaño del empleador (como corresponde).
b) Efecto contagio o cómo el reajuste público impacta en el mundo privado
Considerando lo anterior y a la luz de los datos oficiales de ingresos, se puede decir que los salarios en Chile se encuentran en el suelo (tanto privados como públicos) y ello contrasta fuertemente con un país que se ufana de tener el PIB per cápita más alto de América Latina (casi US$ 24.000 de acuerdo a las últimas estimaciones del FMI, WEO 2016).
Lo anterior, tiene repercusiones en una mayor fragilidad tanto del consumo privado como en la demanda interna. De hecho, el débil tranco en estos indicadores (variaciones interanuales de 1,7% y 1,4% respectivamente) se compensa más bien en el uso del crédito y la dinámica del endeudamiento que reemplaza al consumo privado en efectivo.
A este respecto, conviene refrescar el peso que tienen ciertas instancias en la formación de salarios de la economía como un todo. A nivel conceptual, el reajuste del sector público, así como el reajuste del salario mínimo, son reconocidos por ser propagadores de incrementos salariales en el resto de la economía, es decir, por poseer la característica de ser instancias “formadoras de salarios” (Souza y Baltar, 1980; Maloney y Nuñez, 2004; Afonso y Gomes, 2008).
Sin embargo, esto que puede ser una oportunidad para elevar los estándares de vida de las grandes mayorías, en Chile es visto como una amenaza, debido a la fuerte ascendencia que tiene la mirada empresarial en el debate y en la política nacional, una mirada acostumbrada a una casi total certidumbre respecto a los bajos costos laborales, a los formidables niveles de ganancia y dilatados márgenes de gobernanza social y económica (en la medida que se mantenga un endeudamiento elevado, la dominación de una minoría sobre una mayoría se mantiene sólida).
En este sentido, fuera de las intenciones profesadas, los distintos gobiernos de turno han operado como si fueran custodios del capital, al cautelar que los salarios públicos y mediante ello también los privados, se mantengan en niveles que no amenacen las dinámicas propias de la expansión de un patrón de acumulación de ingresos que a estas alturas se defiende como un derecho adquirido.
Preocupa constatar nuevamente cómo la intransigencia de este y de los distintos gobiernos de turno deja ver una forma de construir sociedad que no tiene intenciones de posicionar al trabajo al centro del debate.
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(*) Economista e investigador de la Fundación SOL
Fuente: Red Seca
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