El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, resolvió abrir una investigación por el delito de lavado de activos, en el llamado caso Corpesca, una de cuyas caras visibles es el senador UDI Jaime Orpis. Al anterior se suma el grupo Angelini que a través de Corpesca hizo aportes tanto para la campaña a senador en 2009 del parlamentario gremialista, como pagar las deudas de esta última a través de boletas ideológicamente falsas que hasta ahora suman más de $ 200 millones, coimas que se prolongaron por al menos dos años. A cargo de la investigación designó a la Fiscal Ximena Chong. No hace falta la bola de cristal para anticipar que de dicha investigación emanarán datos sustantivos sobre el cohecho detrás de la Ley Longueira.
La resolución de Chahuán estableció que la causa quedará bajo secreto para todos los intervinientes durante seis meses, los que incluso podrían ser prorrogables por un año, con permiso del juez, si antecedentes presumir la consumación del ilícito.
Esta es la primera vez que en el caso Corpesca, que se lleva en Santiago bajo la supervisión del Cuarto Juzgado de Garantía, se dicta una decisión de este tipo.
Hay que recordar que los aportes de Corpesca comenzaron siendo indagados en Valparaíso en 2013, luego que se descubriera que Giorgio Carrillo, asesor de la diputada filo Alianza por Iquique, Marta Isasi, había recibido aportes -poco más de 25 millones- de la firma de los Angelini que fueron destinados a la campaña parlamentaria de 2009.
Este caso de la fiscalía porteña ha tenido varios hitos. Uno de ellos la formalización de Isasi por fraude al fisco por una suma de cercana a los $ 143 millones, por la falta de fiscalización en los recursos propios del parlamento para su trabajo. También se le imputaron cargos por fraude el fisco a Carrillo.
Un segundo evento se produjo a fines de mayo pasado, oportunidad en ese mismo Ministerio Público resolvió abrir una indagatoria por blanqueo de capitales, porque existían discrepancias en los productos financieros de Carrillo.
“Los ingresos que ha acreditado no se condicen con el nivel de abonos mensuales que registra su cuenta corriente, en el período comprendido entre julio de 2011 y julio de 2012… el 41 % de los abonos registrados en su cuenta corresponden a depósitos en efectivo y transferencias electrónicas realizadas por él de origen desconocido”, señala el escrito que dio inicio a esta cuerda separada en la V Región.
Fuentes que conocen del caso indicaron que en la arista blanqueo de capitales que acaba de iniciar Chahuán, se habrían descubierto nuevos aportes a Orpis y que abultarían al doble los más de 200 millones hasta ahora detectados.
La decisión de Chahuán se basa en el “delito base” de cohecho, es decir un ilícito que al ser precedente permite configurar el lavado de activos. Ahora bien, en la reciente modificación a la ley del ramo 19.913, se sumó el delito tributario.
Otro empoderamiento de la autoridad para evitar el blanqueo le cayó de perilla a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como también a la fiscalía, ya que aumentaron sus atribuciones para indagar ilícitos de este tipo.
En el control de legalidad que hizo a las modificaciones de este cuerpo legal el Tribunal Constitucional a principios de año, la UAF puede mediante la autorización de un ministro de Corte -sistema muy similar al usado por la Agencia Nacional de Inteligencia para realizar medidas intrusivas- levantar el secreto bancario tanto a personales naturales o jurídicas (es decir, empresas), “ sin previo aviso al afectado”.
En el caso Penta, por ejemplo, fiscalía se amparó en la la Ley de Lavado de Activos a principios del año pasado para decretar el secreto de la investigación.
Confesiones
En la investigación que ahora tramita Chahuán existe la confesión del ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, quien reconoció los aportes ilegales a Orpis, mediante informes sobre la situación del narcotráfico en el norte del país y luego por la vía de las boletas ideológicamente falsas, es decir sin que se refrendaran servicios.
Orpis, públicamente admitió que recibió las lucas, pero aseguró que ello nunca significó que votara en la Cámara Alta a favor de la Ley de Pesca -aprobada en 2012- que favoreció a la industria del ramo. . Se trata del mismo argumento que usó para responder a la Comisión de Ética del Senado, instancia que actualmente lo indaga por las posibles faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Otra declaración clave en el caso la proporcionó Isabel Gazitúa, una ex asesora de Orpis, quien usó a sus familiares para que emitieran boletas a Corpesca dinero que iba a parar al parlamentario gremialista.
Se trata de dos oficiales de Carabineros que presentaron su baja a la institución una vez que los hechos fueron conocidos por las fiscalía.
A todo lo anterior se suma que tanto Carrillo, Isasi y Mujica se encuentran querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como también por el Servicio de Impuestos Internos.
Secreto
A través de un correo electrónico enviado a todos los intervinientes del caso Corpesca, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, notificó a imputados y querellantes que la investigación quedará bajo reserva por seis meses a partir de ayer.
Según el escrito, la medida se basa en la aplicación de la ley 19.213 del Código Procesal Penal, donde se persigue lavado de activos.
La definición de este delito apunta a quienes “buscan ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente”.
En ese sentido, la fiscalía determina un tratamiento especial a la información contenida en la indagatoria.
Hasta ahora, la causa -que en un principio fue conducida por los fiscales Carlos Gajardo y José Villalobos, y que luego pasó a manos de Chahuán y su equipo-, indaga los pasos de la ex diputada independiente Marta Isasi y del senador de la UDI Jaime Orpis, quienes, de acuerdo a los antecedentes recopilados hasta ahora, recibieron de la pesquera pagos reiterados y fuera de época de campaña mediante el uso de boletas emitidas por terceros.
A su vez, las pesquisas apuntan al ex gerente general de Corpesca Francisco Mujica -quien ya declaró- y a un ex asesor de Isasi, Georgio Carrillo.
Uno de los efectos de la medida adoptada por la fiscalía apunta a impedir el acceso a los contenidos de las diligencias a las partes, en especial a los imputados.
En el correo enviado por Chahuán, de hecho, se explicita que de la Ley 19.213, -la que además se creó junto a la Unidad de Análisis Financiero- , se alude al artículo 31. Este apartado especifica que la investigación por delitos que guardan relación con lavado de activos “será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal”.
Respecto del imputado -agrega- “la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo máximo de seis meses renovables con autorización del juez de garantía, por una sola vez y por igual término”.
Se establece además que estos delitos serán castigados con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, más multas de doscientas a mil UTM.
Con todo, la determinación excede el margen de tiempo que posee el fiscal nacional para tener a su cargo la causa, puesto que el 30 de noviembre próximo, Chahuán cumple su periodo y deja el cargo.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán justificó u decisión de decretar secreto en la investigación del caso Corpesca, debido a que la investigación relacionada con el senador UDI Jaime Orpis arrojó indicios de lavado de activos:
«Me aparecieron indicios de que podría haber un delito de lavado de dinero y por ende decreté el secreto de la ley especial de lavado de dinero para poder investigar y lo importante es que cualquier filtración de información que aparezca de la investigación es delito», sostuvo el fiscal.
La medida del secreto de investigación, que durará seis meses, implica que ninguno de los intervinientes va a poder acceder a la carpeta investigativa ni tampoco conocer las diligencias que está realizando el Ministerio Público.
Ante ello, el abogado del senador Orpis, Carlos Cortés, manifestó que «claramente nos afecta en términos de que se nos priva del acceso a la información que se vaya juntando dentro de la investigación».
«Nuestro ideal siempre es que se tramite y se agrupen los antecedentes con transparencia y claramente que privar a las partes, a los intervinientes del acceso a esa información se entiende como un vicio del sistema porque existe acceso a la información solamente para una de las partes», aseveró el jurista.
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Nombramiento de Ximena Chong
El fiscal nacional Sabas Chahuán, anunció este mediodía que la persecutora de la zona Centro-Norte, Ximena Chong, se sumará a él en la investigación del caso Corpesca, que involucra al senador de la UDI, Jaime Orpis y la ex diputada independiente Marta Isasi.
«La investigación Corpesca está a cargo mío, lo que hice fue nombrar a la fiscal Chong para que me colabore en la investigación de Corpesca, sin dejar de pedir eventualmente la colaboración de otros fiscales como el fiscal Norambuena, que me ha colaborado en varias diligencias de esa causa», detalló el Chahuán.
Casos Penta y SQM
El Ministerio Público separó este lunes las causas Penta y Soquimich, contando desde ahora con RUC diferentes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
«Era imprescindible separarlas y por eso lo decidí ayer, atendido a que tienen diferentes estados de avances. Lo que podríamos denominar la arista Penta está bastante más avanzado y lo que podríamos denominar la arista SQM tiene una multiplicidad de diligencias que no llevan el mismo ritmo que la otra arista». Sostuvo Chahuán.
Frente a esto, el abogado Jorge Bofill, representante de los imputados por el caso Penta Carlos Bombal, Manuel Tocornal y Samuel Irarrázaval, sostuvo que «es lo más razonable que se podía hacer con esta investigación porque ya es demasiado grande, tiene demasiadas derivaciones distintas y, por lo tanto, la única forma de poder ordenar la investigación y el trabajo de las defensas es mediante esta separación. Creo que es una buena medida».
En cuando a los fiscales a cargo de dichas investigaciones, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena quedarán a cargo del caso Penta mientras que Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias encabezarán las diligencias del caso SQM.
