El Fiscal Nacional Jorge Abbott respondió mediante un oficio de doce carillas, al «Téngase Presente» expedido la semana pasada por el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy. En numerosos pasajes, Abbott enrostra la pasividad del Gobierno ante los excesos de Carabineros, uno de los cuales compara con el ejercicio de enlace, de triste recuerdo.
La máxima autoridad del Ministerio Público respondió este martes en duros términos al subsecretario Aleuy y, tras aclarar punto por punto las inquietudes desarrolladas en el autodenominado “téngase presente”, Abbott quiso enfatizar –según el documento que está en manos de La Moneda- algunos puntos que para él eran temas de relevancia y que, a propósito del emplazamiento del Gobierno, quiso poner sobre la mesa.
En uno de ellos Abbott reclama que las imputaciones que Interior dirige al fiscal jefe de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo, respecto a que en el uso de su cargo, y con conocimiento de antecedentes del caso, utilizó dicha información para elaborar una querella en que acusa montaje. Así, el Fiscal Nacional cuestionó la forma en que se expresa dicha situación que involucra al citado investigador.
“La fuerte imputación que Ud. dirige contra el fiscal Arroyo, máxime en las circunstancias que se han expresado en este oficio, no se condice tampoco con la falta de reproche a la actuación del general Gonzalo Blu, que ha liberado información de inteligencia contenida en 1.100 correos, de diversas causas tramitada en el país, para que sea utilizada en la actividad de defensa de sus propios funcionarios, imputados de la comisión de delitos”, afirma.
En ese sentido, el Fiscal Nacional expresa:
“La Fiscalía de Chile estará siempre dispuesta a cumplir cabalmente el rol que la Constitución Política de la República le ha asignado, esto es, la investigación de los hechos que revistan caracteres de delito, lo hará de manera contundente, pero apegada al marco legal y, básicamente, a los mismos principios consagrados en la Carta Fundamental, esto es, con pleno respeto a los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana”.
Abbott le asegura al gobierno saliente, y en base a lo que ellos descubrieron y denunciaron en la denominada Operación Huracán:
“No resulta y no resultará tolerable a la institución que dirijo, la persecución penal a cualquier costo y con evidente vulneración a los derechos de las personas y, de encontrarnos en presencia de vulneraciones que constituyan, a su vez, acciones delictivas, ejerceremos la persecución penal con total independencia de quién se trate, sea desde un auxiliar del Ministerio Público en la investigación, como ha ocurrido en el presente caso, de cualquier funcionario público o de los propios integrantes de esta Fiscalía”.
Agrega el documento que en el Ministerio Público “respetamos íntegramente el art. 19 Inc. 2° del texto constitucional y su consagración de la garantía básica de igualdad ante la ley. Los principios constitucionales y el debido proceso de ley estarán siempre rigiendo nuestro actuar de manera inapelable y, por tanto, apegados a los cimientos de este sistema, cumpliremos el rol contralor de las actuaciones policiales, evitando en todo lo que sea de nuestra competencia y en esta etapa del desarrollo de nuestra nación, la realización de prácticas totalmente reñidas con un Estado Democrático de Derecho. No reconoceremos ninguna excepción en tal sentido, reitero, independiente de quién se trate”.
Énfasis en falta de reproche a Blu
El Fiscal Nacional toma lo expresado por Aleuy y, a propósito de sus inquietudes, expresa cuestionamientos al rol del gobierno con las actuaciones de un integrante de las filas del Alto Mando de Carabineros:
“Entendemos que esas bases constitucionales deben inspirarnos a todos, ciudadanos y órganos del Estado, por lo que no resulta aceptable la reacción del Director de Inteligencia de Carabineros de Chile, señor Gonzalo Blu, cuando el día 26 de Enero del presente imputa a nuestra institución el “amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar miedo en regiones del sur del país” y hace un llamado al órgano jurisdiccional a desatender peticiones efectuadas por la Fiscalía, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales”.
Para Abbott, los dichos de Blu son fuera del fragor propio de una audiencia judicial -como se le reprocha al fiscal de La Araucanía Felipe González, quien catalogó de negligente a la Intendencia-, pues la autoridad hace el énfasis que lo del general de inteligencia fue “un acto planificado y convocado especialmente para tales fines. No puede ser más palmaria la violación, en tal sentido, del artículo 7° de la Constitución Política de la República, que usted mismo ha citado, sin embargo, ninguna, absolutamente ninguna reacción hubo por parte de ese Ministerio, respecto a una repartición que es de su dependencia, a diferencia de este extenso ‘Téngase presente’ en el que, incluso, parecen cuestionarse facultades exclusivas de un órgano autónomo del Estado como lo es el Ministerio Público”.
A eso se suma la crítica del Fiscal Nacional a lo que hizo Carabineros de Temuco el 26 de enero, cuando impidió la entrada y registro de la unidad de Inteligencia, que contaba con la correspondiente autorización judicial:
“La Fiscalía intenta, con la correspondiente autorización judicial, realizar diligencias de investigación que son repelidas, prácticamente, con algo parecido a los “ejercicios de enlace” propios de otra época. Y no puede entenderse, nuevamente, la falta de reacción a este respecto de ese Ministerio, del cual precisamente depende Carabineros de Chile”.
En ese sentido, el Fiscal Nacional apoya las decisiones de la Fiscalía Regional de La Araucanía, dirigida por Cristián Paredes, quienes al darse cuenta de que podía existir prueba viciada decidieron cerrar y no perseverar en el caso:
“No nos resulta concebible que un querellante que forma parte de un poder del Estado quiera mantener vigente una investigación en virtud de prueba falsa, de antecedentes adulterados. Si bien es cierto ello constituye materia de una investigación vigente, creemos que ante la simple sospecha de una vulneración tan notoria a los derechos de las personas y, sobre todo lo más grave, el daño al sistema mismo, la mayor preocupación debiera ser el esclarecimiento de esta situación”.
Acto seguido, recuerda:
“En eso ha estado esta Fiscalía y hemos adoptado la decisión que técnica y legalmente corresponde, hemos señalado que no contamos con evidencia válida que nos permita sostener una imputación penal en estos momentos, no hemos sostenido la inocencia de las personas involucrados ni la ausencia de delito. En tal sentido, señor Subsecretario, las reacciones que sí parecen “inusitadas” son las previamente referidas”.
Volviendo al punto en que el Gobierno reprochó al fiscal González por acusar negligencia de los abogados de Intedencia en sus actuaciones en el caso, Abbott expresa al respecto que “se nos reprocha, fuertemente, que los fiscales de La Araucanía hayan reclamado una falta de actividad por parte de dicha repartición. Sin embargo, seguimos observando que en la causa RUC1800119729-7, de San José de la Mariquina, ya formalizada en contra de ex funcionarios de Carabineros y con medidas cautelares vigentes, no se haya desplegado actividad alguna. Lamentamos que, ante hechos tanto o más graves que lo imputados en lo que podemos llamar ‘Huracán I’, de evidente vulneración de derechos y recolección de evidencia prácticamente absurda, no exista actividad alguna por parte de ese Ministerio”.
Hacia el fin de la carta, reitera que la Fiscalía no cree que exista una pugna entre Carabineros y el Ministerio Público, sino que se trata de situaciones concretas que afectan a ciertos funcionarios o ex funcionarios de la institución y, en ese sentido, dice Abbott, “resulta más que lamentable que se siga tolerando la instalación de esa pugna. Máxime cuando tenemos claro nuestro rol constitucional y legal”.
Finaliza la carta haciendo un llamado a recordar que la historia legislativa en materia de “Dirección” de la investigación, “que, como sabemos, compete de manera exclusiva a la institución a mi cargo” y cita así el primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justica y Reglamento del Senado, señalando que “se advirtió que era importante que quedara claro que hay una subordinación. No es tarea entre iguales. Uno da la orden y el otro al cumple. Es una situación de dependencia”.
Abbott expresa que “en tal relación durante todos estos años hemos trabajado coordinadamente con Carabineros de Chile, institución a la que valoramos profundamente y respetamos por su aporte fundamental a la República, por lo que resulta aún más inaceptable esta intención de promover la pugna entre instituciones que, constitucionalmente, no son equivalentes, pero que merecen igual respeto”.
Descargue el oficio del Fiscal Nacional
Fuente: La Tercera
