Este caso es superlativamente grave: una inédita querella presentó el fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, contra de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, Dipolcar, a quienes acusó de montaje, para acusar a una de sus abogadas, de supuestas filtraciones a Héctor Llaitul, imputado de la denominada Operación Huracán en que se detuvo a una decena de comuneros mapuches, luego que la policía uniformada utilizara mecanismos de la Ley de Inteligencia.
Adviértase la seriedad del asunto: funcionarios de inteligencia de Carabineros ejecutan un montaje de pruebas, supuestamente para torpedear la carrera del Fiscal Jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía de Temuco, por negarse a aceptar pruebas presentados por ellos, en la denominada Operación Huracán.
Sin la menor prueeba, el sistema mediático, que durante semanas ha mantenido en su pauta informativa la «Operación Hiracán» y condenado a mapuches sin prueba, da por acreditado ese montaje y publica con grandes titulares las filtraciones a Héctor Llaitul, provenientes de oscuras fuentes, mencionándose entre ellas a la ANI.
Producto de ese montaje, Carabineros ha detenido a lo menos una decena de mapuches, incluyendo Llaitul.
Y claro; quién puede lo más, puede lo menos.
Si la Dipolcar es capaz de actuar de esa manera para involucrar a un fiscal, es de imaginar lo poco que le puede costar involucrar mapuches para lo que le venga en gana.
Esta por verse si a partir de esta experiencia, Arroyo, fiscal del caso Luchsinger Mackay, pone más cuidado con los informes policiales inculpatorios de mapuches.
El montaje
La profesional, identificada como Mónica Palma, es sindicada en el montaje como la persona que filtró información que llegó a manos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue uno de los detenidos por el caso en septiembre pasado.
Esto luego de que El Mercurio revelara filtración de antecedentes de las pesquisas hacia los imputados por parte de un funcionario de la ANI –que fue descartado por el Gobierno- y de una abogada de la fiscalía de la zona, que sería Palma.
«Se busca crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo, y a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas», señala Arroyo en la querella presentada en el Juzgado de Garantía de Temuco,
En el documento, Arroyo denunció la organización de un montaje de pruebas para acusar a una de sus abogados asistentes, Monica Palma, por las supuesta entrega de información privilegiada a uno de los imputados de la denominada Operación Huracán, por la que se detuvo a una decena de comuneros mapuches luego que la policía uniformada hiciera uso de algunas herramientas prescritas por la Ley de Inteligencia.
Asimismo, agrega que se le acusa de tener una relación sentimental con Palma, la cual niega rotundamente.
El fiscal también señala que los efectivos de la Dipolcar accedieron a supuestas conversaciones telefónicas entre él y la profesional, invocando la Ley Antiterrorista ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
La situación ha provocado dudas al interior del Ministerio Público acerca de la prueba presentada por los funcionarios policiales en el marco de la investigación, por lo cual se ha evitado solicitar nuevamente la prisión preventiva de éstos. Se espera que en las próximas horas, representantes de ambas instituciones entreguen una versión acerca de lo ocurrido.
La querella fue acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Temuco, y en ella Arroyo agrega que en diciembre del año pasado fue notificado de una investigación en contra de la mencionada funcionaria por el presunto delito de obstrucción a la investigación y también se le informó que él mismo formaba parte de quienes eran indagados por supuesto el encubrimiento de la situación constitutiva del delito de obstrucción a la justicia, dada la situación de relación sentimental con Palma.
La investigación tuvo su origen en el oficio 202 del 11 de diciembre de 2017 emanado de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, a cargo del general inspector Gonzalo Blu quien lo remitió al fiscal nacional para poner en conocimiento que, en uso de las facultades que les otorga la Ley de Inteligencia, fue posible triangular la información que la abogada entregó a un tercero y que luego fue entregada a miembros de la CAM. Ello implica la violación al secreto de información de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía.
“Los hechos relatados en dicho Oficio 202 de la Dipolcar son absolutamente falsos, jamás ocurrieron, ni nada similar a lo que allí se relata; es decir, él o los autores materiales e intelectuales del contenido de dicho oficio mienten en todo lo que allí se consigna.
Hace dos semanas “El Mercurio” publicó sobre esta denuncia que hizo Carabineros al Ministerio Público, y que incluía a un supuesto funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), situación que el fiscal Arroyo pide también sea investigada pues asegura que quienes filtraron esa información lo hicieron con el ánimo de perjudicar su carrera.
Arroyo asegura que todo se trata de un montaje de pruebas por parte de policías de Inteligencia luego que él no accediera a herramientas fuera de la ley para obtener éxitos en investigaciones de la zona sobre violencia rural como los policías le habrían sugerido.
Acto seguido explica que él no se caracteriza por ser un profesional llano a realizar “cualquier diligencia investigativa o medida intrusiva sin cuestionar las formas ni medios a través de las cuales se obtiene la información en que éstas se fundan” y que este estándar “es aún más patente en el ámbito de los elitos de violencia rural a mi cargo, siendo aún mayores las diligencias del día a día que se imponen en la dirección de investigaciones penales (…) en la búsqueda de un trabajo investigativo de calidad, no he estado dispuesto a aceptar errores y omisiones en el trabajo investigativo y exijo apego irrestricto a las normas y garantías legales y constitucionales en cada diligencia”.
Cuestionamientos a Dipolcar
“El oficio policial dice (que la situación de la abogada asistente) podría haber estado en mi conocimiento, habiéndome inhibido de adoptar acciones en contra de dicho abogado por mantener una relación sentimental con ella”, dice Arroyo en su querella.
Y agrega, “para sustentar dicha imputación injuriosa, se agrega en el oficio N°202, la aparente transcripción de supuestas conversaciones vía mensajería Whatsapp entre la abogada Palma Martínez y el suscrito, que habrían tenido lugar los días 20 de octubre de 2017, 08, 18, 21 y 23 de noviembre de 2017”.
Según el fiscal jefe de Alta Complejidad, dichas comunicaciones –que asegura son falsas- Carabineros la habría obtenido con orden judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco invocando la Ley de Inteligencia, tal como se supone que interceptaron comunicaciones de Héctor Llaitul líder de la CAM, y los otros siete detenidos en Operación Huracán que fueron liberados por la Corte Suprema.
Al interior del Ministerio Público se señala que este enfrentamiento con Carabineros ha hecho dudar de la prueba incorporada contra los comuneros con que se los dejó en prisión preventiva tras sus detenciones el año pasado y, por lo mismo, no se ha vuelto a requerir órdenes de detención contra Llaitul y los demás, hasta aclarar la situación que se le atribuye a Carabineros.
“Los hechos relatados endicho Oficio 202 de la Dipolcar son absolutamente falsos, jamás ocurrieron, ni nada similar a lo que allí se relata; es decir, él o los autores materiales e intelectuales del contenido de dicho oficio mienten en todo lo que allí se consigna.
El fiscal Arroyo acusa que Carabineros inventó encuentros entre él y la funcionaria dentro y fuera de la Fiscalía, uno de ellos el 20 de octubre cuando fue el aniversario de la Fiscalía Regional en que estuvo –según dice- con otras 200 personas que pueden dar fe de dónde estuvo, que también los sitúan el 8 de noviembre de 2017 y asegura que ese día “me retiré más temprano (de la Fiscalía) ya que es el día de cumpleaños de mi hija menor, razón por la cual permanecí en una reunión familiar durante la tarde y la noche de aquel día”.
El investigador, continúa, “pero lo más burdo e irrisorio, y que demuestra la ineptitud máxima de parte de quien o quienes inventan esta absurda historia, es que en las últimas tres ocasiones en que supuestamente me reuní con la abogada yo me encontraba fuera de Chile”. Y asegura que todo esto “viene a corroborar aún más la falsedad de la información contenida en el oficio N°202 de la Dipolcar”.
La acusación no para ahí. El fiscal Arroyo dice que en el informe Carabineros saca fotos suyas que están disponibles en la Web pero también extrajeron familiares desde la cuenta Facebook de su esposa:
“Sólo se pueden explicar porque alguien ingresó de manera ilegal a Facebook”.
Fiscalía cierra sin culpables “Operación Huracán” y abre causa por posibles pruebas falsas
El resultado neto de esta grave y anómala situación es que la Fiscalía de La Araucanía decidió cerrar sin culpables la llamada “Operación Huracán”, en que el Ministerio Público imputó a ocho personas como presuntos responsables de una serie de atentados en la IX Región.
Entre estos se encontraba el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
La decisión del fiscal regional Cristian Paredes se basa en que, según los peritajes elaborados por la Fiscalía Nacional, las presuntas conversaciones vía WhatsApp en que los imputados se habrían puesto de acuerdo para coordinar los ataques, pudieron haber sido implantadas en los celulares de los imputados por personal de Inteligencia de Carabineros.
De esta forma, la fiscalía comunicó su decisión de no perseverar y además abrió una investigación penal por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Estas pesquisas apuntan directamente a las unidades de inteligencia de Carabineros:
“La Fiscalía ingresó al Tribunal de Garantía de Temuco un escrito comunicando el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar en el procedimiento en la causa por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista conocida policialmente como Operación Huracán”, dijo Paredes a Radio Bío Bío.
De lejos, es la acusación más grave que se ha formulado con todas las formalidades del caso contra Carabineros en años, y no es menor que lo haya hecho un fiscal.
Evidentemente, este intricado caso apenas comienza. Y con toda probabilidad, proporcionará sorpresas de considerable envergadura.
