La reciente detención y procesamiento judicial del general Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre, ex comandante en jefe del ejército, al que algunos llamaron el “general de la transición”, el mismo del “nunca más”, como cómplice en los secuestros y asesinatos de 15 personas en el caso “Caravana de la muerte”, episodio La Serena, constituye un hito en la historia de los procesos judiciales en Chile por violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado.
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Se ha sometido a juicio criminal a la más alta autoridad del ejército chileno en su tiempo. Nada más y nada menos. Es preciso consignar igualmente que la resolución del ministro Mario Carroza constituye una importante expresión de la independencia del poder judicial.
Este no ha sido un caso aislado. Poco antes ocurrió el procesamiento de otro oficial, Reinel Rodope Bocaz Rocha, esta vez por el crimen en octubre del 73 del militante del MIR Oscar Jesús Delgado Marín. El acusado era hasta hace poco Edecan militar de la Cámara de Diputados de Chile, entidad que nunca averiguó los antecedentes del personaje.
También es reciente el fallo de tribunales norteamericanos en un proceso civil que condenó al oficial de ejército Pedro Barrientos por el asesinato de Victor Jara. Y es larga la lista de ilícitos que apuntan contra los institutos armados en diversos escándalos como el “Milico gate” o el proceso al general Fuente – Alba, ambos de por sí esclarecedores del alto nivel de corrupción que allí existe.
Hay que señalar también las denuncias formuladas por un oficial de ejército, hijo y nieto de oficiales de las FFAA, que da cuenta de manejos abusivos, corrupción, privilegios ilegales, malversaciones.
En este escenario se inscribe además el silencio cómplice de los mandos castrenses tanto respecto de los lugares en que fueron ocultados los restos de los detenidos desaparecidos como respecto de los nombres de los pilotos que bombardearon La Moneda aquel septiembre del 73.
Pero sin duda el caso Cheyre sigue siendo el más comentado. Y no le han faltado defensores …..o al menos eventuales apoyos. Tanto así que el director jurídico del Programa de DDHH del Ministerio del Interior abogado Rodrigo Lledó de excelente desempeño pagó con su despido el haberse atrevido a presentar el escrito que legalmente procedía ; es decir, a la calle por cumplir con su deber.
Eran tiempos del ministro Burgos.
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Jurídicamente, no hay duda de la responsabilidad de Cheyre aquel 16 de octubre de 1973. A esa fecha había comenzado la operación que Pinochet encomendó a Sergio Arellano y no se ignoraba en qué consistían los “zarpazos del Puma”, para usar calificativos de la inolvidable Patricia Verdugo que aluden al helicóptero en el que Arellano hacía su caravana de la muerte.
Por lo que se sabía perfectamente que, llegado a La Serena, habría ejecuciones ilegales como en otros lugares. Ariosto Lapostol, jefe superior y Emilio Cheyre, su segundo, fueron parte del engranaje.
Sabían de la falsedad de los “consejos de guerra”, de los que el propio entonces teniente formó parte y de los que informó al periódico “El Día” después de los fusilamientos para tratar de justificarlos. Consta además que horas antes del crimen, el mando de que formaba parte dispuso que se cavara la fosa para enterrar los cadáveres. Cheyre integraba además el Servicio de Inteligencia Militar, SIM.
Serán los tribunales los que decidirán finalmente la calidad en que se le condena: autor, cómplice o encubridor.
El Código Penal define a los “autores” y una de esas conductas es la de los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en el.”
Lo cierto es que en todos los episodios de la caravana hay concierto previo y alevosía y ningún partícipe es inocente.
Pensando en el futuro
Por todo cuanto sucede con las instituciones de la Defensa, estimo que a estas alturas se impone una reflexión de fondo más allá de los expedientes judiciales y que tiene que ver con el futuro democrático de nuestro país. Llega la hora de hacerla, justo ahora cuando cursa el proceso de participación de la ciudadanía de cara a una futura Nueva Constitución para Chile.
Por encima de toda crítica mezquina, lo cierto es que se ha abierto por vez primera la perspectiva de una base realmente democrática para buscar una nueva forma y tipo de organización política de la sociedad chilena.
En muchos de esos encuentros del proceso constituyente y por diversas situaciones han estado presentes los temas relativos a las fuerzas armadas.
A propósito del Derecho a la Educación, por ejemplo, surge la crítica al hecho de que por más de 40 años se mantenga la llamada “ Ley Reservada del Cobre”, que entrega anualmente el 10% del ingreso total de Codelco a las Fuerzas Armadas. La normativa, que lleva la firma de Pinochet, además garantiza un piso de recursos, ya que si la cantidad total del rendimiento del porcentaje impuesto es inferior a 90 millones de dólares, la diferencia debe ser solventada por el fisco.
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Con inquietud la ciudadanía se cuestiona el hecho de que no haya recursos para la Educación Gratuita de los jóvenes chilenos, pero hay fondos sin límite para las instituciones armadas sin que se conozca su destino.
¿Hasta cuándo aceptar esta situación? Son además los mismos institutos privilegiados con jubilaciones millonarias tras menos años de trabajo que el ciudadano o ciudadana comunes.
Son las mismas instituciones cuya inspiración clasista parte ya con la circunstancia que hay escuelas para suboficiales y escuelas para oficiales con tratos francamente discriminatorios.
Su formación en doctrinas foráneas, propias de otras épocas, y los privilegios de sus mandos llevan a que se considere que nuestras fuerzas armadas, a diferencia de las de otros países del continente, dan señales de lejanía respecto de la ciudadana o el ciudadano común. La cuestión es si tal situación es de exclusiva responsabilidad de las fuerzas armadas o si es de responsabilidad del conjunto de la sociedad chilena. Y si no corresponde más bien que los diversos sectores formulen propuestas concretas.
Llega el tiempo de los cambios en las FFAA y del reencuentro real de la civilidad con los militares, franco, abierto, con propósitos claros, de adecuar las instituciones a los tiempos que se vive en Chile, en el continente y en el mundo.
Son distintas las etapas por las que ha atravesado la relación cívico militar a lo largo de nuestra historia y hay dos situaciones insoslayables.
Una es considerar quiénes fueron los autores intelectuales del golpe de 1973, así como la participación del gobierno norteamericano de la época, de la CIA y de los medios de comunicación a su servicio, en Chile y en el exterior así como la de partidos políticos y grupos económicos y asociaciones terroristas de ese tiempo.
Otra es considerar las particularidades de la transición a la democracia. Pinochet nunca fue derrotado; es más siguió como jefe supremo militar y luego senador vitalicio, en plena “transición a la democracia”.
Ambos hechos son esenciales a la hora de un análisis serio.
A este propósito señalemos la evidente similitud de las transiciones en Chile y en España. Tampoco Franco fue derrotado y el pacto de La Moncloa abrió las puertas a la impunidad respecto de los crímenes de lesa humanidad en ese país que dura hasta hoy. Al menos en Chile en esa materia hemos avanzado.
Lo traigo a colación porque vale recordar que hace 20 años se juntaron a dialogar altos dirigentes de la Concertación chilena con altos oficiales de ejército y asesores de Pinochet en un hotel del Escorial en Madrid. Era el seminario «Las Fuerzas Armadas y la transición a la democracia: Los casos de España y Chile”.
El embajador chileno Alvaro Briones y el agregado militar de la embajada chilena, Juan Emilio Cheyre, organizaron el evento. Entre las autoridades de la dictadura de Pinochet estaban Sergio Rillón y Hernán Felipe Errázuriz.
Meses después el embajador Briones publicaba un artículo en Chile en que llamaba a la “amnesia pública” respecto del tiempo de la dictadura. Su nota se llamaba “No vindicar el pasado”. La impronta de impunidad estaba clara y la vida ha demostrado que ese no es el camino.
Al contrario, no se trata de echarle tierra al pasado sino de tenerlo en cuenta para no caer en situaciones similares y construir, junto con los uniformados, una nueva situación.
Está muy lejos la idea de la venganza. No se trata de eso. Se busca sólo el rescate de la verdad y de la justicia. Se tratar de nuevas forma de convivencia y de relaciones. Se trata de volver a ser, aun en las duras condiciones del mundo de hoy, ese país que alguna vez fuimos. O que estuvimos a punto de serlo.
En este sentido surgen ideas como las de los investigadores y académicos Felipe Agüero, Augusto Varas y Claudio Fuentes.
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Concordamos con ellos en que la Nueva Constitución debe “reorganizar las relaciones de poder entre las instituciones estatales y entre éstas y la ciudadanía a partir de una arquitectura radicalmente diferente a la actual” y que debe “ponerse fin a la autonomía del poder militar para retomar la mejor tradición constitucional chilena desarrollada hasta1973, especialmente en subordinación y obediencia de las FFAA frente a la autoridad civil” y que “no se debe equiparar a estas instituciones con otros entes autónomos otorgándoles un estatus como poder del Estado que no les corresponde y no han de figurar como capítulo constitucional sino que sólo debe estipularse en el nuevo texto los principios básicos de profesionalismo, jerarquía, disciplina, no deliberación y obediencial poder público”.
Al mismo tiempo ha de asegurarse el pleno respeto en toda circunstancia a los derechos humanos que el país ha comprometido en pactos internacionales.
¿Seremos capaces?
Hay una hermosa canción de Joan Manuel Serrat que pareciera pertinente al propósito de superar errores y enrumbar a un mejor destino siempre y cuando así nos lo propongamos.
Es aquella que habla de que “ la gente va muy bien para vencer obstáculos, para darnos sorpresas, recobrar la memoria, y emplear la cabeza para cambiar la historia y unidos buscar el camino.”
(*) Abogado de derechos humanos; ex diputado; ex alcalde; ex embajador de Chile en Uruguay.
