El gobierno anunció un proyecto de ley, que reemplaza el Crédito con Aval del Estado, CAE, por un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, denominado Financiamiento Público para la Educación Superior, FES.
El CAE, mecanismo creado en 2006 por el gobierno de Lagos, con Sergio Bitar como ministro de educación, ha significado un estupendo negocio para la banca, una enorme sangría para el gasto público y una insoportable carga para sus más de 1.200.000 deudores, gran parte de los cuales no lo está pagando.
El Ministerio de Educación informó del proyecto que se enviará al Congreso, con el fin de crear el nuevo instrumento, cuya principal característica radica en la salida de los bancos, que en el CAE operaban como prestamistas bajo el aval del Estado.
Sin embargo, no por ello deja de ser un crédito, en la medida en que el proyecto de ley no condona la deuda, sino establece beneficios e incentivos a los estudiantes que la paguen, incluyendo la postergación de un año después del egreso o interrupción de estudios, cuando, se supone, los deudores estén insertos en el mercado laboral.
El pago, denominado retribución, dependerá del ingreso y se calculará como porcentaje del sueldo, hasta el 8% del mismo. El Ministerio de Hacienda ha precisado que quienes se beneficien del nuevo instrumento asumirán la obligación de contribuir a él sobre la base de sus rentas por un período de dos años por cada semestre cursado con el instrumento, con un tope máximo de 20 años.
La reorganización de deudas, de adhesión voluntaria, comprende tres tipos de condonación.
El primer tramo, condonación inicial, considera aspectos como la condición académica (si egresó o interrumpió sus estudios); la situación de pago (si está al día o en mora); y el número de cuotas pagadas del crédito respecto al plazo total del mismo.
La segunda modalidad, denominada condonación adicional por pago anticipado, permite pagar el 75% del saldo de la deuda, luego de la condonación inicial, condonándose ese 25% de la deuda.
La tercera propuesta del proyecto, considera un pago mensual que aplica sobre el saldo de la deuda después de la condonación inicial. El monto de la cuota no excederá de 8% del sueldo mensual, y establece un tramo exento de $500 mil mensuales, US$ 535 al cambio vigente, y no podrá ser mayor a la cuota resultante luego de la aplicación de la condonación inicial.
El sistema beneficiará a quienes lograron saldar su deuda con el CAE, con una rebaja del Impuesto Global Complementario o Impuesto de Segunda Categoría (rentas del trabajo) de 4 unidades de fomento, UF, aquivalentes a unos $150 mil pesos, US$ 160 dólares anuales para personas egresadas, y seis UF, equivalentes a $220 mil pesos, US$ 235 anuales en caso de no haber terminado estudios. Este beneficio se extenderá por 20 años.
El proyecto de reorganización de la deuda incluye también a quienes costearon su ingreso a la universidad con el Fondo Solidario o el Crédito Corfo, otras de las dos modalidades de créditos estudiantiles vigentes en Chile.
El gobierno descartó la condonación total de la deuda estudiantil del CAE, como exigían sectores del ala izquierda de la coalición, tales como el FA y el PC, con el argumento de la falta de apoyo político en el Congreso.
El presidente Boric, que durante su desempeño como dirigente estudiantil exigió el fin del sistema de crédito estudiantil, reconoció que la propuesta no era lo que esperaba, pero con su consabido pragamatismo, se ufanó de ello:
«El proyecto, tal como lo imaginábamos, ha ido sufriendo modificaciones y nos alegramos que así sea. Hay algunos quienes dicen ‘esto no es lo que ustedes dijeron en un comienzo’. Bueno, pero si las cosas cambian justamente es porque uno es capaz de incorporar argumentos de otras personas”.
En síntesis, un fin al CAE que no es tal, sino una modificación en la medida de lo posible, dentro de los márgenes del sistema político y económico vigente, como viene ocurriendo desde 1990, donde la derecha, desde la oposición o del gobierno, sea mayoría o minoría circunstancial, sigue imponiendo sus términos.
En cambio, una genuina política de izquierda no debe reducirse al inmediatismo, sino gestionar proyectos transformadores con máxima intensidad y total transparencia de cara a la ciudadanía, de modo que quede meridianamente establecido qué sectores políticos son los que se oponen u obstruyen legislaciones en beneficio de las mayorías.
Partido Comunista valora el proyecto
Mediante una declaración pública el Partido Comunista le otorgó alta valoración al proyecto:
«El Partido Comunista de Chile considera de la mayor importancia y le otorga alta valoración a la presentación del proyecto de ley que termina con el Crédito con Aval del Estado y propone un nuevo modelo de financiamiento para estudiantes de la educación superior:
El sistema CAE no sólo ha significado una presión económica insostenible para miles de familias, también ha implicado un alto e irrecuperable costo para el Estado y para las propias instituciones de educación superior.
El Estado, a la fecha, ha desembolsado más de 9 mil millones de dólares en el financiamiento del CAE, representando en la actualidad, cerca del 23% de lo que el Fisco gasta en Educación Superior, sólo superado por la gratuidad, que concentra el 54%. Los recursos que el Estado paga por mantener del CAE se van, en su mayoría, a la banca y no al sistema de educación superior en sí. Es decir, no es una inversión en educación ni en las instituciones de educación.
Según información del Servicio de Impuestos Internos, el 55% de las y los deudores declaró ingresos por debajo los 750 mil pesos en 2022. Un gran porcentaje de quienes deben el CAE no tiene actualmente capacidad financiera para pagar el crédito, ni familias con recursos suficientes para ayudarlos. Fueron víctimas de un modelo que fracasó.
El Plan de Reorganización y Condonación de las Deudas Educativas presentado por el gobierno y el Mineduc, recoge los criterios de justicia y responsabilidad que preocupaban a algunos sectores políticos, reconociendo -con beneficios tributarios- a quienes están al día o pagaron el crédito, y entregando soluciones concretas a quienes no pueden pagar.
Es muy importante avanzar, como se propone, en un nuevo modelo de financiamiento, como lo contempla el proyecto de ley con el FES.
El financiamiento público para la Educación Superior propuesto por el gobierno es un instrumento que será sin la participación de los bancos y sin tasa de interés para las y los beneficiarios, para que cada peso que el Estado y las familias inviertan en educación vayan, efectivamente, al sistema educacional.
Es, además, un sistema basado en criterios de solidaridad y progresividad.
Hacemos un llamado transversal a todas las bancadas a tramitar y aprobar este importante proyecto».
Partido Comunista de Chile
