En tiempos de desconfianza y colusiones, la iniciativa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de promover una farmacia popular con precios muchísimo más bajos que en el mercado, evidenció las enormes ganancias de las cadenas privadas y el lucro con la salud de los chilenos.
Una estocada al corazón de la economía neoliberal, que llena de orgullo a los habitantes de la comuna y que, muy pronto, será replicada en otros municipios. Aquí, cómo se gestó el éxito del PC, que marcará el debate en torno al precio de los medicamentos en Chile y la necesidad de mayores regulaciones.
Un flujo incesante de vecinos y vecinas ingresa a la Farmacia Ricardo Silva Soto, en las dependencias de la Municipalidad de Recoleta. Es martes por la mañana, casi todos vienen en busca de información, en sus caras se nota una mezcla de curiosidad con incredulidad, sobre todo cuando los encargados les explican que no hay requisitos ni puntajes de corte. Que es un beneficio para todos los habitantes de Recoleta. Los únicos que se van decepcionados son los habitantes de otras comunas que llegan preguntando si ellos también podrán comprar en la flamante farmacia popular.
Junto a los vecinos, hay un desfile de ediles de distintas comunas que vienen a audiencia con el alcalde de la comuna, Daniel Jadue, y el gerente de la farmacia, Marco Fernández. Mientras estamos allí, llegan a conocer la farmacia los alcaldes de El Monte, Quinta Normal, Cerrillos y Pencahue.
Están decididos a comenzar los trámites para inaugurar sus propias farmacias populares. Ellos y sus comitivas se sacan fotos sonrientes junto a la infografía que exhibe las abismales diferencias de precios entre la farmacia popular y las tres grandes cadenas que dominan el 90% del mercado y que, en 2008, no dudaron en coludirse para aumentar los precios.
La iniciativa de Jadue es un golpe al negocio farmacéutico en una área especialmente sensible para la población: la salud y el costo de los medicamentos. De inmediato, la farmacia popular y las exorbitantes diferencias de precio se convirtieron en tema obligado en redes sociales y entre la ciudadanía, y acapararon titulares en todo el país.
Si bien, no faltaron los detractores, la farmacia de Recoleta dejó en evidencia como se lucra con la salud de los chilenos y el mercado abusa de los enfermos. El proyecto fue aplaudido por casi todos los sectores y recibió un fuerte respaldo del Gobierno. Un golazo del PC que, seguramente, marcará un antes y un después en el debate sobre los medicamentos en Chile y la necesidad de mayores regulaciones.
La palabra que más se repite, entre los recoletanos que ingresan a la farmacia, para describir que sienten frente a la iniciativa, es orgullo, un enorme orgullo. Por primera vez, creen que pueden torcerle la mano al mercado y convertirse en un referente para las comunas del resto del país.
José Silva Muñoz, vecino de la comuna, tiene 60 años, se inscribió hace tres semanas en la farmacia. Su esposa tiene una enfermedad a los huesos, en las grandes cadenas el remedio vale cerca de $30 mil pesos, actualmente le están cotizando, pero no debería superar los $5 mil pesos.
“No hay palabras para explicar lo que siento. Mucho orgullo. Todo Chile está pendiente de esto. Todas las municipalidades quieren hacerlo, porque es un gran beneficio para el pueblo. Estoy demasiado feliz”, comenta mientras saluda a los dependientes.
Hasta ahora ya van 1000 inscritos y se estima que ese número podría aumentar a 8 mil socios. No se mantiene stock disponible, porque funciona como farmacia cerrada, es decir, con socios que encargan los medicamentos, luego son cotizados y en un plazo de quince días se llama a los beneficiaros para que vengan a retirarlos. La primera entrega fue a 25 personas y la segunda partida, que está por entregarse, beneficiará a unos 300 vecinos.
Para inscribirse, los recoletanos necesitan cuatro documentos: La ficha de protección social actualizada, pero el puntaje de cada familia no es relevante ni hay cortes, es solo para acreditar domicilio en la comuna; fotocopia del carnet de identidad; una receta médica que no supere los seis meses de antigüedad y que puede ser emitida en recintos de salud pública o privados; y una liquidación de sueldo o colilla de pago, si no hay ingresos formales, puede ser una declaración jurada simple.
En la farmacia explican que no es para excluir por ingresos, sino para ver si se aplica el subsidio adicional que entrega la Municipalidad en caso que el gasto en medicamentos del grupo familiar sea muy alto.
Soledad Maldonado vino a averiguar cómo inscribirse, cuenta que sus padres “tienen 77 y 79 años, mi papá tiene hipertensión, deficiencias renales y mi mamá tiene artrosis, gastan cerca de $200 mil pesos mensuales en medicamentos”.
Ambos son pensionados, pese a su edad, el padre de Soledad tiene que “pitutear” para cubrir sus gastos. “Vine a averiguar cómo hacer para inscribirme y comprarles sus remedios aquí, será un gran alivio para nuestra familia”, comenta contenta y aún incrédula que el beneficio sea para todos.
LA HISTORIA
La idea de gestar una farmacia popular surgió el año pasado. Algunos dirigentes de la comuna, en las jornadas participativas, manifestaron a la Municipalidad su necesidad de acceder a medicamentos más baratos y aliviar el peso que este ítem significaba para el presupuesto familiar. Por eso, se comenzaron a buscar fórmulas que permitieran comprar remedios a precios más bajos.
El proyecto inicial fue crear una cooperativa, con el apoyo y financiamiento de la Municipalidad, para la importación directa de medicamentos para enfermos crónicos de escasos recursos, a través del artículo 24 del Código Sanitario, previa autorización del Instituto de Salud Pública (ISP).
Marcos Fernández viajó a Mendoza para estudiar el mercado, cotizó el Parlodel, un remedio para tumores cerebrales, que en Chile cuesta entre $38 y $40 mil pesos. En las farmacias de Mendoza salía $7 mil pesos y en Buenos Aires $4 mil pesos.
Luego, por algunos problemas que tuvo la cooperativa para importar, por ejemplo, medicamentos controlados, en diciembre, con la orientación del ISP, se planteó la posibilidad de crear una farmacia municipal de tipo cerrada. Una experiencia inédita en el país.
Marcos Fernández, explica que en términos legales, la farmacia se sustentó en la Ley Orgánica Municipal, que establece que una de las responsabilidades de los alcaldes es velar por la salud y el medio ambiente de la comuna. Lo otro tuvo que ver con decretar el programa social “Farmacia Popular” en la Dirección de Desarrollo Comunitario y que permite entregar subvención. Adicionalmente, se cambió la ordenanza de derechos, “creamos un derecho municipal, que es el derecho de uso de este canal de compra. Es una facultad del Consejo Municipal y tuvo apoyo unánime”, relata.
Legalmente, el vecino no compra los medicamentos a la Municipalidad, sino que paga por el derecho de uso del canal municipal, tal como paga por el derecho de basura. Solo que en este caso, el valor de uso se determina por el costo del medicamento. Y el municipio asume los costos operativos.
Los bajos precios, que pueden llegar hasta una décima parte del que se paga en las cadenas privadas, se explica porque la farmacia utiliza el poder de compra del Estado, a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), organismo que intermedia entre los laboratorios y el sistema de salud público. Por el volumen de sus compras, negocia a muchos mejores precios y no lucra, lo que genera diferencias de precios de hasta 1500%. Por ejemplo, en la farmacia de Recoleta, el Ipran, un antidepresivo, sale $2.280 pesos, en las grandes cadenas cuesta alrededor de $40 mil pesos.
Sin embargo, Cenabast, no adquiere todos los medicamentos disponibles en el mercado, por eso, y en caso de necesidad de los vecinos, la farmacia también negociará directo con los laboratorios, eliminando los intermediarios y las utilidades, lo que reportará entre un 40% y 150% menos del precio de mercado.
Para concretar la iniciativa del municipio a cargo del PC, Fernández, explica que “lo más complejo fue obtener la autorización del ISP, que exige varias cosas, requisitos profesionales, hay que tener un químico farmacéutico, también construir y habilitar el espacio físico donde funciona la farmacia, entre otras cosas”.
Durante todo el proceso y fiel al estilo del PC, el proyecto se mantuvo en la más estricta reserva. Solo estaban al tanto tres personas, el alcalde Jadue, Fernández, encargado del proyecto, y un asesor de suma confianza. Estaban conscientes que enfrentaban fuertes intereses económicos y que si la información se filtraba, tratarían de impedir que la farmacia fuera autorizada.
Ya inaugurada, Recoleta está entregando asesoría a las municipalidades interesadas en el proyecto social. Entre 6 y 8 alcaldes, de todos los sectores políticos, van de visita al municipio diariamente, además, 130 alcaldías asistieron a un seminario ampliado. En suma, los ediles necesitan la autorización del ISP, crear un decreto, cambiar la ordenanza y habilitar el espacio. El trámite no debiera llevar más de seis meses.
En la alcaldía sabían que el proyecto tendría un impacto fuerte, pero, confiesan, no dimensionaron el nivel que alcanzó y están gratamente sorprendidos de la respuesta de los municipios.
El alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre, de visita en Recoleta, contó a The Clinic Online que “cuando anunciamos que implementaremos la farmacia popular, generó mucha alegría entre la población. Es un proyecto que tiene mucho cariño de la gente, porque toca un aspecto esencial de la vida, sobre todo de nuestro pueblo más humilde, en consecuencia, es muy apreciado. Cuando un proyecto así es tan querido por la gente, nadie puede desbaratarlo. Queremos contar lo antes posible con nuestra propia farmacia”.
Entre sus detractores, las farmacias independientes han amenazado con llevarlos al Tribunal Constitucional y al Tribunal de la Libre Competencia, pero nada de eso se ha materializado. También se teme que las grandes cadenas intenten bloquearles el acceso a los laboratorios.
Para defender el proyecto, la Municipalidad cuenta con un equipo jurídico de tres a cuatro abogados, además del apoyo y asesoría de los departamentos jurídicos del ISP, la Cenabast, el Ministerio de Salud y la Asociación Panamericana de Salud.
“La farmacia popular Ricardo Silva será un aporte para generar un mercado más justo y, de alguna forma, romper con las verdaderas mafias que lucran con la vida y la muerte de nuestros vecinos. Sabemos que el camino estará lleno de dificultades”, sostiene Fernández.
Jorge Quintero, un vecino con 45 años en la comuna, vino a retirar los medicamentos para su esposa:
“Mi mujer tiene cirrosis hepática, le compraba un medicamento que me salía $70 mil pesos y aquí me cuesta $21 mil pesos. Estoy retirado, compraba ese y otros remedios con mucho esfuerzo, en total gastaba 130 mil pesos al mes. Ahora estoy muy contento, es como si me hubieran aumentado el sueldo. Me siento aliviado de salud y más animado, porque andaba bajoneado y estresado. Ojalá que dure porque le han hecho mucha contracampaña”, dice preocupado.
El alcalde de El Monte, Francisco Gómez, otro entusiasta edil que estaba de visita en Recoleta, nos comentó: “Esto me parece demasiado interesante, vinimos a conocer todos los mecanismos legales para implementar nuestra farmacia. Es urgente hacerlo, no podemos seguir pagando precios tan altos por los medicamentos. Si todo anda bien, en 4 o 6 meses debiéramos estar funcionando. No hay mucho que darle vuelta a esta iniciativa”, dijo resuelto.
Probablemente, en algunos meses más, muchas comunas seguirán el camino trazado por Recoleta. La primera farmacia popular de Chile, llamada Ricardo Silva Soto, en homenaje al estudiante de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, asesinado por la dictadura en 1987, en la matanza de Corpus Christi, junto a otros 11 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez: “Para nosotros esto ha significado transversalmente un gran orgullo, es el sentimiento que cruza a los funcionarios, pero sobre todo a los vecinos, ellos sienten que Recoleta está dando un ejemplo para todo Chile”, concluye Fernández, mientras explica a sus vecinos cómo unirse a la farmacia.
Fuente: The Clinic
