Insólito Fallo en Caso Farmacias: Tribunal Estimó que Coludirse para Elevar Precios No es Delito

Los diez ejecutivos vinculados a Fasa, Cruz Verde y Salcobrand, acusados de concertar de forma fraudulenta el alza de precios de medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008, fueron absueltos de toda responsabilidad. En fallo dividido, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal decidió no sancionar las acciones porque no se logró probar la «adulteración fraudulenta de precios». Se trata de una fallo extremadamente formalista, que se desentiende del fondo del asunto. En sistema económico caracterizado por el predominio incontestados de monopolios y grupos empresariales oligopólicos, entrega una pésima señal, tanto en lo que se refiere a la indefensión de los ciudadanos y consumidores, como a la permisividad que alienta en el sector de la gran empresa. Es de esperar que la Fiscalía recurra de nulidad del juicio.

En fallo dividido, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los 10 ejecutivos de cadenas farmacéuticas y laboratorios acusados por el Ministerio Público de colusión de precios.

La resolución fue adoptada con el voto en contra del juez José Flores, quien expuso que la Fiscalía sí logró acreditar la comisión del delito. Los votos a favor de la absolución corrieron por cuenta de la presidenta del tribunal María Inés Collin, y la jueza Laura Assef.

El caso explotó en 2008 tras un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). En 2012, el TDLC multó por unos US$20 millones a Cruz Verde y Salcobrand, en tanto FASA colaboró con la investigación y llegó a un acuerdo conciliatorio en 2009.

Ese año se abrió la arista penal del caso, y en el desarrollo del proceso, la Fiscalía acusó a ejecutivos de Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde de alzar concertadamente desde noviembre de 2007 el precio de 220 medicamentos hasta en un 134%, alterando el precio natural que habrían tenido.

El Ministerio Público presentó un centenar de correos electrónicos que dan cuenta de la coordinación de los ejecutivos de las tres cadenas, que cubren más del 90% del mercado farmacéutico.

Pese a que en los alegatos finales del juicio oral, el fiscal Jaime Retamal hizo énfasis en las reflexiones de un grupo de expertos en economía que analizaron cerca de 40 millones de transacciones. Los profesionales concluyeron que el alza de precios en el tiempo investigado (diciembre 2007- abril 2008) solo fue posible con un acuerdo entre las partes. Además, el persecutor indicó que existen una serie de mails que comprueban la vinculación de los diez acusados, la Sala determinó no sancionar a ninguno de los involucrados.

Las razones esgrimidas por María Inés Collins dicen relación con que para que la coordinación supuesta tenga repercusiones penales debe ser de carácter fraudulenta. “No es dable inferir pura y simplemente (…) la tergiversación  artificial”, dijo apuntando a las diferencias entre los análisis presentados por la Fiscalía y las pericias realizadas por economistas.

Los argumentos de los sentenciadores pusieron en tela de juicio las pruebas rendidas por Retamal, pues en la lectura del veredicto aseguraron que no se logró acreditar los hechos que sustentan la acusación fiscal. Es decir, que las cadenas alzaron concertadamente los precios de 48 los medicamentos de uso diario y de primera necesidad.

En tanto, el juez José Flores argumentó su voto en contra afirmando que sí se acreditó la adulteración en las alzas de precios.

Sin embargo, para la jueza Collin, la coordinación de la que hablan los correos no prueba que se trate de aumento fraudulento en el precio de los fármacos sino simplemente tiene que ver con la manera cómo se entiende la industria con los laboratorios. La sentencia será dictada el 28 de julio.

Los ejecutivos absueltos son Roberto Leopoldo Belloni, Ramon Ávila Silva, Mehilin Velazquez Chau, Claudia Fanny Carmona Zuñiga, y Judith Margarita Carreño Oteiza, todos ligados a Salcobrand.

También los ejecutivos Sergio Purcell Robinson, Ricardo Ewertz Munchmeyer, relacionados con Farmacias Ahumada y los ejecutivos Ricardo Iván Valdivia Kloques, y Cristián Marcelo Catalán López, ligados a Cruz Verde.

El décimo absuelto es Mario Zemelman Riveros, de Laboratorio Medipharm.

A juicio del fiscal Carlos Retamal, quien pedía cinco años de prisión para cada uno de los imputados, aquí no faltaron pruebas, como señala el fallo, sino que una legislación adecuada.

«Entendemos que no faltaron pruebas, hubo pruebas relevantes, consistentes, coherentes, que permitieron establecer la existencia de un mecanismo de acuerdo de precios y la participación directa de los acusados en estos hechos», dijo el persecutor.

«El voto decisivo del fallo da cuenta de un problema de calificación, la inferencia natural de eso es que se requiere un cambio normativo», enfatizó.

Historia

El caso se conoció en 2008, luego de un requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económico (FNE) al Tribunal de Libre Competencia (TLDC). En 2012 el Tribunal falló a favor de la FNE por lo que multó con cerca de 20 millones de dólares a Cruz Verde y Salcobrand. En el caso de Fasa, su colaboración con la investigación en 2009 le permitió llegar a un acuerdo.

Con esos antecedentes, en 2009 se abrió la arista penal del caso. La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte acusó a 10 ejecutivos por tomar contacto entre sí, usando a los laboratorios como intermediarios, y coludiéndose para coordinar un alza de precios programada en diferentes medicamentos. Situación desconocida para los centros de salud.

Así, Sergio Purcell y Ricardo Ewertz (ex Fasa); Ricardo Valdivia y Cristián Catalán (relacionados en el caso por Cruz Verde), y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez (Salcobrand), además del ex gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman debieron enfrentar el juicio oral, luego que la medida compensatoria de asistir a clases de ética y pagar un monto de 255 millones de pesos no prosperara por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según la decisión informada por el Tribunal, los ex ejecutivos tampoco deberán pagar con penas de cárcel. Esto, porque en el fallo se expresa que la colusión no figura en el tipo penal. En tanto, tampoco se pudo probar que los precios fueron adulterados de manera fraudulenta.

Conadecus calificó de «inexplicable» fallo absolutorio en caso farmacias

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, calificó de «inexplicable» el fallo por el caso colusión de farmacias, el cual absolvió a los 10 imputados por la coordinación para elevar el precio de medicamentos entre 2007 y 2008.

En conversación con radio Cooperativa, Calderón afirmó que «esto es lo que va consagrando la impunidad de los delitos de cuello y corbata».

«Es inexplicable, los antecedentes que entregó la Fiscalía Nacional Económica para sancionarlos en ese tribunal y después ratificado por la Corte Suprema, para nosotros es inexplicable que este otro tribunal que ve lo penal, no lo civil, tenga un fallo distinto en los dos tribunales especializados como son el Tribunal de Libre Competencia y la Corte Suprema», añadió.

Indicó que «los antecedentes que aportó la Fiscalía Nacional Económica en su investigación con la incautación de computadores, de contabilidades, correos electrónicos, escuchas, eso quedó ratificado en el Tribunal de Libre Competencia y ratificado por la Corte Suprema».

«En consecuencia, es inexplicable que en este tribunal en lo penal no quede acreditado que hubo colusión y que, además, esto ejecutivos se pusieron de acuerdo», aseveró.
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Además, Calderón consideró que «estaban los antecedentes, por lo tanto, había mucho que rebuscar. Lo que tenía la Fiscalía Nacional Económica era contundente e irrefutable, y así sucedió en todo el proceso».

Respecto al trabajo del Ministerio Público, expresó que «probablemente puede haber omitido algunos antecedentes que acreditaban con mayor certeza de la coordinación, los correos que se enviaban y cómo procedieron a alterar los precios. Puede ser eso».

«Si este fue un revés para el Ministerio Público, tiene también la oportunidad de revertirlo. En consecuencia, a nosotros nos parece que aquí el Ministerio Público tiene que hacer un trabajo minucioso y pedir, a través de un recurso de nulidad, un nuevo juicio con antecedentes más contundentes y acreditar el delito que cometieron estos ejecutivos», concluyó.