por Jorge Molina Araneda
Esta columna tiene la intención, en primer lugar, de proponer la unión de los conglomerados de centroizquierda e izquierda, Nueva Mayoría y Frente Amplio, para frenar el avance del neoliberalismo representado por Sebastián Piñera, y de desmontar la tesis de la excelencia gubernamental que éste supuestamente tuvo durante su mandato presidencial, desde marzo de 2010 a marzo de 2014.
El pasado 19 de noviembre se llevaron a cabo los comicios parlamentarios, junto a los de Presidente y Consejeros Regionales. La elección de diputados estuvo marcada por la irrupción del Frente Amplio como nueva fuerza, logrando 20 cupos en la Cámara Baja.
De esta forma, la Cámara de Diputados, que se renovará por completo en marzo de 2018, estará conformada por 155 parlamentarios: 73 de ellos correspondientes a Chile Vamos (47,1%); 43 a Fuerza de la Mayoría (27,74%); 20 al Frente Amplio (12,9%); 13 a Convergencia Democrática (8,39%); 1 Por Todo Chile (0,65%); 4 a Coalición Regionalista Verde (2,58%), y 1 independiente (0,65%).
En tanto, de los 43 senadores que se escogieron el domingo 19 de noviembre, la Cámara Alta quedó conformada por las siguientes corrientes políticas: 19 corresponden a Chile Vamos; 1 independiente; 6 a Convergencia Democrática; 15 a Fuerza de la Mayoría; 1 por Todo Chile, y 1 al Frente Amplio.
De lo anterior podemos colegir que la centroizquierda socialdemócrata y la izquierda son fuerzas mayoritarias en el Congreso Nacional, lo cual, unión mediante, haría que la agenda progresista de ambos movimientos pueda marchar viento en popa para que paulatinamente se cristalicen los cambios que la mayoría de la ciudadanía pidió en la urnas este domingo, como el fin al Crédito con Aval de Estado (CAE), no más AFP y la renacionalización del agua.
La fórmula para derrotar a Piñera es recrear el exitoso modelo de Frentes Populares que había llevado a coaliciones de centroizquierda al poder, como en Francia en 1935 y en España en 1936. Aquel último año en Chile también se creó un Frente Popular para combatir a los partidos políticos de derecha. Este evento se consolidó con la llegada al poder, en 1938, del radical Pedro Aguirre Cerda y de sus camaradas de partido en la primera magistratura de la nación.
Los presidentes radicales fueron vanguardistas en reformar a Chile y unificar a la izquierda política. Este es el mismo llamado, mediando décadas de por medio, que la ciudadanía le acaba de efectuar al radical Alejandro Guillier.
Entonces, ¿por qué no replicar ahora esta idea y permitir de esta forma el avance inexorable de la idea del bienestar, derechos sociales y del progresismo en general?
Pensemos que la derecha toma a la ciudadanía como mayores de edad en cuanto a decisiones económicas se trate, mas no en aspectos valóricos, por lo que lo único que puede ofrecer al país es conservadurismo en lo moral; lucro, codicia y concentración de la riqueza en la esfera económica.
Tópicos como fin a las AFPs, Asamblea Constituyente, protección medio ambiental a través de un desarrollo sustentable, derechos sociales, etc., han sido por décadas entregados al arbitrio de la oligarquía; sin embargo, desde acaecida esta primera ronda presidencial, son los temas que marcarán de aquí en adelante la agenda política, social y económica del nuevo Gobierno que a contar de marzo de 2018 se instalará en el Palacio de La Moneda.
Por lo tanto, es válido preguntarse si un bloque político de derecha, encabezado por Sebastián Piñera, tiene los elementos teóricos, fácticos y, principalmente, la voluntad y expertise de escuchar y llevar a cabo dichas demandas que la ciudadanía desea.
Mucho se habló y comentó desde marzo de 2010 acerca del retorno de la derecha al poder ejecutivo. Habían transcurrido muchas décadas desde que el último gobernante perteneciente a este sector político, Jorge Alessandri Rodríguez, había ejercido la primera magistratura de Chile.
Y tal como el gobierno de Alessandri, la por entonces recién llegada administración Piñera fue calificada de tecnocrática, por la ingente cantidad de ministros que habían ejercido en el sector privado cargos gerenciales de alto calibre, y autodenominada como “gobierno de excelencia”.
No obstante aquellas adjetivaciones, ¿fue realmente un gobierno de excelencia?
Gobierno de Piñera en Cifras
El despertar de movimientos sociales, el aumento de la represión y políticas económicas sin interés transformador configuraron el gobierno de Sebastián Piñera.
En su administración se evidenció una profundización de las lógicas de libre mercado. Para el doctor en Economía del MIT Andrés Solimano, en las políticas llevadas a cabo por Piñera “hubo una continuidad respecto al modelo económico más bien del tipo neoliberal que tiene Chile. No fue un período de reformas estructurales para hacer el modelo económico más equitativo, menos desigual y más balanceado en distintos aspectos”.
Además, estadísticas de la OCDE evidenciaron que el Chile de Piñera era el país con mayor desigualdad de esta organización. Esto significaba, por ejemplo que el 10 por ciento más rico de la población recibía un tercio del total de los ingresos, mientras que el 10 por ciento más pobre recibía solamente el dos por ciento.
¿Creó Realmente Un Millón de Empleos?
Durante su gestión se dijo que creó un millón de empleos, en circunstancias que la mitad de esa cantidad de puestos laborales se originaron el año 2010,merced a que en 2009 la administración Bachelet efectuó ingentes aumentos en el gasto público, que llegó a 16.5%, y de la inversión pública que anotó una impresionante cifra de 21.6%.
Además, muchos economistas le quitaron crédito a este ‘logro’, ya que estimaban que gran parte de los empleos que se crearon fueron precarios o informales, con dudosa protección de derechos laborales.
El libro “El Gobierno de Piñera”, de Augusto Varas, recientemente reeditado, desentraña las verdaderas cifras de su mandato.
Sebastián Piñera intentó implementar una política presidencialista, plebiscitaria, técnica, suprapartidaria y eficientista, basada en el objetivo de articular a la derecha, al tiempo que maximizaba focos de lucro y renta en beneficio de los privados.
En números, el desempeño del segundo Gobierno de Bachelet –con un precio del cobre mucho más bajo– ha sido superior al de Piñera, que enfrentó la reconstrucción tras un devastador terremoto. Por ejemplo, respecto al aumento del salario mínimo, Piñera alcanzó un 27.3%, mientras que Bachelet un 31.4%.
En materia de desempleo promedio, el exPresidente alcanzó un 6.9%, mientras que la actual mandataria un 6.4%; respecto a la creación de nuevas empresas, Sebastián Piñera llegó a las 265.000, mientras que Michelle Bachelet a 325.000.
En relación con el control de la delincuencia, de acuerdo a la información actualmente disponible en Paz Ciudadana, el índice de victimización en julio de 2010 era de un 36.5%, el que aumentó en diciembre de 2013 a 40.2%; mientras que ese indicador a noviembre de 2016 alcanzaba solo el 38%.
Nulo Manejo Político: Levantamiento de Movimientos Sociales
El 2011 estuvo marcado principalmente por un aumento sustantivo del uso de la movilización social como instrumento de expresión de demandas sociales. De acuerdo a las cifras oficiales, solo en la Región Metropolitana se autorizaron 240 marchas -versus 134 en 2010-, lo que corresponde a un promedio de 20 marchas mensuales. Las cifras a nivel nacional de 2011, por su parte, estiman en alrededor de 6.000 las manifestaciones públicas y 2.000.000 de participantes.
Estos son los niveles de movilización social más altos que se han presenciado desde 1990 (Revista de Ciencia Política. Vol.32 no.1 Santiago 2012).
A lo anterior debemos añadir una gran cantidad de paros y tomas de establecimientos educacionales; mientras que la respuesta del gobierno no estuvo en sintonía con las peticiones de los estudiantes, ya que no se abrió, por ejemplo, a terminar con el lucro, a fortalecer la educación pública y avanzar en gratuidad en la educación superior.
Esta nula respuesta a las demandas estudiantiles no debiesen sorprendernos, pues la cosmovisión política de la derecha es privatizar la educación, extraer suculentas ganancias de ésta y rechazar de plano la enseñanza pública y laica.
El conflicto estudiantil intentó ser destrabado con una serie de mesas de diálogos. El recordado 4 de agosto de 2011 se acusó a Piñera de tener un “Estado de sitio” en el centro de Santiago, en medio de un masivo cacerolazo que se desarrolló a lo largo de todo el país.
Con la frase “la educación es un bien de consumo”, el ahora exjefe de Estado aumentó las tensiones con los estudiantes, quienes pedían educación “pública, gratuita y de calidad”, pero el movimiento comenzó a perder fuerza desde fines de agosto de 2011.
La respuesta de Piñera fue una serie de proyectos que establecieron la Ley de Vocación de Profesor, además de la rebaja al 2% del interés del CAE. Políticas que se suman a los cambios en educación escolar, que buscaban disminuir las horas de Historia, lo que finalmente no prosperó.
El tema de la despenalización del aborto también causó polémica. Llamaron la atención, a nivel internacional, las declaraciones de Piñera ante el caso de Belén, una niña de 11 años que resultó embarazada tras violaciones reiteradas por parte de su padrastro. Este caso reabrió la discusión en torno al aborto en caso de violación.
Piñera dejó en claro su posición, y señaló que “nos sorprendió con palabras que demostraban una profundidad y madurez”, lo que fue replicado con incredulidad por los periódicos The Washington Post, la BBC y El País. Además el diputado Issa Kort afirmó que Belén “ya está preparada para ser madre”, lo que desató la indignación en distintos sectores del país.
Por otra parte, el gobierno de Sebastián Piñera despertó el rechazo de otros movimientos sociales. Durante 2011 y 2012, el sur de Chile fue escenario de importantes movilizaciones ciudadanas en Magallanes y Aysén, regiones que alzaron demandas por carencias en la calidad de vida de las personas como consecuencia de su lejanía con el resto del país y las políticas centralistas que tradicionalmente han impulsado los distintos gobiernos.
Además, se le cuestiona al gobierno de Piñera las decisiones que en materia medioambiental se llevaron a cabo. La aprobación de proyectos como la Mina Invierno en Isla Riesco y una de las etapas del proyecto de centrales hidroeléctricas Hidroaysén –después rechazado en su totalidad por el actual gobierno de Michelle Bachelet-, motivó airadas protestas de ciudadanos opositores, debido a que esto instalaba la lógica de la construcción de centrales hidroeléctricas como modo de solución al problema energético del país.
Otro conflicto fue la explosión social en Punta Arenas, desencadenada por la crisis del gas en Magallanes. A pesar de que todos los partidos políticos de la región, políticamente transversales, firmaron un acuerdo para que no hubiera un aumento en el precio del gas, el Gobierno respondió con un subsidio para adquirir calefactores más “eficientes” para las familias de menos recursos y la tercera edad.
La respuesta de quien era el ministro de Energía de Piñera en aquella ocasión, Ricardo Raineri, reflejaba lo que la administración derechista pensaba de estas demandas… “se les acabó la fiesta”, afirmó el ministro a los manifestantes de la zona y agregó que “no podemos hacer políticas públicas a través de las empresas del Estado”.
Mientras el conflicto comenzó a tornarse más álgido y en las distintas localidades de la región se desataron diversos enfrentamientos con Fuerzas Especiales de Carabineros, Sebastián Piñera decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado, postura política que fue criticada por la oposición y hasta por el arzobispo Ezzati.
Las posturas contradictorias entre las distintas carteras del Ejecutivo, principalmente entre el ministro del Interior, Rodrigo Ubilla, y el titular de Salud, Jaime Mañalich, además de una clara falta de direccionalidad política, terminaron por dar vida a uno de los conflictos más complejos para la administración Piñera.
Además del estallido social en las calles, se visualizaron distintos conflictos que afectaron el desarrollo del mandato de Piñera. Uno de ellos fue la huelga de hambre de un grupo de comuneros mapuches presos.
Tras más de 80 días en huelga de hambre, el Gobierno accedió a revisar la Ley Antiterrorista y envió un proyecto de ley que acotaba el accionar de la justicia militar. Tras una serie de presiones internacionales, se desplegó la llamada “mesa coja”, que abrió el diálogo sin la presencia de los huelguistas. Tras 82 días de huelga depusieron la medida, después que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se comprometiera al retiro de las querellas en contra de los comuneros.
Medio Ambiente
Esta fue la conducción gubernamental de Piñera en esta materia:
-Creación de la Ley Nº 20.701 que simplifica y acelera los procedimientos de las concesiones eléctricas, cuya aprobación otorgó privilegios a las empresas eléctricas y debilitó la protección de las comunidades afectadas y de los emprendimientos agrícolas y turísticos. En su tramitación, además, el gobierno se negó a excluir las áreas protegidas de los territorios a concesionar y se negó a aplicar la consulta establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de otorgar concesiones en territorios indígenas. Todo esto pese a que Piñera había firmado el reglamento que establece la consulta indígena, como obligación del Estado para llegar a acuerdo sobre medidas legislativas y administrativas que puedan afectar directamente a estas comunidades.
-En el ámbito eléctrico el gobierno de Piñera formuló e intentó que el Congreso Nacional aprobara una ley para establecer una carretera eléctrica, donde el Estado le entregaba a los privados un trazado público de interés nacional y les otorgaba una concesión a perpetuidad para construir, operar líneas de transmisión y obviamente lucrar con dicho trazado público, lo que constituiría una franca discriminación arbitraria con respecto a otros sectores productivos.
-El gobierno de Piñera permitió mayores emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno para la norma de emisión para centrales termoeléctricas promulgada en 2011, en relación al anteproyecto publicado en el Diario Oficial en diciembre de 2009 por el gobierno Bachelet. Piñera eliminó la medición de metales pesados, vanadio y níquel, lo cual es un retraso normativo con respecto a la norma de incineración y coincineración, que desde 2007 reglamenta la emisión de estos contaminantes tóxicos y cancerígenos.
Asamblea Constituyente
Piñera en 2015 señalaba lo siguiente respecto del proceso constituyente creado y abierto por la presidenta Bachelet: “Este proyecto generará incertidumbre, provocando repercusiones a nivel económico, afectando a la población” (El Dínamo; 15/10/15). Palabras que denotan su total desconfianza en la delegación de la construcción de Estado en la población general.
Es por ello que pidió a su Fundación Avanza Chile que entregara al Congreso su propia propuesta de Constitución.
“Lo que Chile requiere es confianza, certezas, estabilidad para resolver de verdad los problemas y volver a poner a Chile en la senda del progreso”, agregando que “voy a proponer a Avanza Chile que presente en forma breve un proyecto de reforma constitucional con contenidos claros y concretos que permita en forma participativa poder aprobar una nueva Constitución la cual en mi opinión debiera ser posteriormente sometida a un plebiscito ciudadano para su aprobación definitiva”, afirmó (Íbid).
Ergo, sus palabras no permiten que el pueblo sea un actor principal y relevante en la búsqueda de su destino, pues ¿de qué sirve una democracia cuando el único rol que cumplen los ciudadanos es ir a votar y participar en una que otra manifestación social? Necesitamos una democracia participativa, del estilo a la que se refiere Tomás Moulian en su Socialismo del siglo XXI. La quinta vía… Una democracia con ciudadanos proactivos e inmiscuidos en tomar las riendas de su país y de sus propias vidas.
La Falacia del Capitalismo Neoliberal
De acuerdo al libro “El otro modelo” (2013), el neoliberalismo derechista trata de ejercer superioridad filosófica y económica en base a dos falacias, a saber:
1.- Que el denominado Estado del Bienestar (que provee seguridad a los ciudadanos entendiendo derechos sociales como universales), constituye un “camino de servidumbre”, como lo denominó Friedrich Von Hayek, pues las prácticas de aquel Estado debilitarían a las instituciones democráticas, fomentando prácticas clientelísticas del Estado hacia el ciudadano. En síntesis, por esta vía se llega al totalitarismo y a la esclavitud.
Para demoler el argumento anterior, diremos que no hay Estados occidentales que a través de la práctica de derechos sociales universales hayan arribado al totalitarismo servil del ser humano.
2. El desarrollo se alcanza cuando el Estado no interviene en materia económica.
Ante aquello replicaremos que desde el siglo XX todos los Estados que han alcanzado el desarrollo lo han hecho merced a una política industrial atizada desde el Estado.
John Maynard Keynes decía que “El capitalismo es la asombrosa creencia de que los hombres más perversos harán cosas por el mayor bien común”.
Ergo, tengamos muy presente en nuestras conciencias dicha frase, pues nos conminan a rectificar nuestro ortodoxo modelo capitalista neoliberal.
Fuente: Piensa Chile
