por Ramón Briones, Hernán Bosselin
Se ha informado de un acuerdo ante Notario y un Árbitro, entre el Estado a través de la Corfo y Soquimich. No es necesario agregar mayores comentarios a lo que ya hemos dicho anteriormente.
Nuestra primera opinión fue entregada el 7 de mayo de 2015, en El Mostrador, conocido el hecho de la corrupción generalizada de la política chilena, y en ella sosteníamos que las acciones de Soquimich debían ser expropiadas dando un elemental golpe de autoridad que habría sido muy bien recibido por la opinión pública y se habría transformado por si solo en la más eficaz herramienta respecto de quienes corrompen la democracia.
Sin embargo, las cosas discurrieron por otros intrincados caminos y trataremos de descubrir los misterios. Lo primero es que la negociación esencialmente fue con un accionista mayoritario, ex yerno de Pinochet, en el que se centró todo el esfuerzo del gobierno para convencerlo buenamente para que dejara de administrar el poder político de sus acciones en Soquimich, lo que hace a través de un complejo sistema de cascadas, en que participan las AFP y un extraño acuerdo con un accionista minoritario.
La negociación según medios de comunicación fue esencialmente con este ciudadano y no principalmente como se hizo parecer, con la empresa Soquimich y no sabemos que tal accionista haya dejado de tener la propiedad de sus acciones ni el control del sistema de cascadas.
En consecuencia, sigue siendo el dueño de alrededor de un tercio de la compañía con un valor patrimonial claramente mejorado producto del acuerdo que le concedió el órgano estatal. Este solo hecho merece repudio, porque significa en el fondo negociar a 30 años, una vieja privatización en Chile y constituye por ello, en su esencia, una validación, de todo un proceso que aún incomoda el alma de Chile.
En los hechos se ha suscrito un nuevo contrato de concesión bajo distintas condiciones y sin licitación de ninguna naturaleza. De lo que conocemos hasta ahora es que se firmó en una Notaria un contrato nuevo con muchos aspectos adicionales, para establecer nuevas condicionantes en todos los aspectos de un contrato de concesión.
Lo curioso es que ello se hace a pesar de que en el Gobierno anterior, en 2012, se hizo fracasar una licitación sobre el Litio, porque Soquimich tenía juicios con el Estado.
Hasta donde estamos informados, entre la Corfo y Soquimich, existían a lo menos, tres juicios, en dos de los cuales la Corfo era demandante y en otro demandada. En la legislación chilena, es un principio general de aplicación que no es posible contratar con el Estado bajo estas condiciones, y nuestra legislación es tan celosa, afortunadamente, que ni siquiera puede negociar el Estado con una empresa condenada por prácticas antisindicales.
Aquí en este enmarañado acuerdo, so pretexto de obtener mejores condiciones, para el arrendador, el propietario de los yacimientos Chile, ha negociado con quién litiga, como si se tratara de cualquier asunto entre privados y lo que es sumamente grave, lo habría hecho utilizando el resquicio de la transacción y de una suerte de modificación contractual porque supuestamente el Arbitro habría dejado escapar opiniones contrarias a la Corfo.
Esta fórmula que ha utilizado el Estado de Chile, de saltarse las licitaciones, haría muy fácil en el futuro que los otros concesionarios que existen en el país de cualquier naturaleza iniciaran juicios contra el Estado o bien en otros iniciados por el Fisco, con la fórmula de la transacción, renovaran concesiones cambiándose condiciones esenciales, sin participación de otros oferentes. Sería la arbitrariedad total.
Aun así, la Corfo bajo ninguna circunstancia debió haber aceptado este acuerdo, aun cuando lo vista con luces multicolores de tipo financiero que son muy discutibles. Los negocios no lo son todo y haber pactado con quién fue yerno del dictador, es algo completamente reprochable en cualquier Gobierno y en particular del actual.
Aunque lo dicho es más que suficiente, cabe agregar otro aspecto ominoso. La prensa da cuenta de múltiples presiones, que no han sido desmentidas de un accionista extranjero para que se lograra este acuerdo con la finalidad de poder vender a buen precio sus acciones en Chile, obligado por una operación mundial llevada a cabo en India, que le puso como condición vender sus acciones en Chile.
La búsqueda de una venta mejorada de ese accionista, de sus activos en Chile, constituye una falta grave de Corfo, casi incomprensible, porque no es ni debe ser preocupación de ella los resultados de los negocios que inversionistas ejecutan bajo su riesgo dentro o fuera de Chile y menos aceptable aún resulta que se involucren vías diplomáticas, porque eso es volver derechamente a una situación semi colonial.
Unas pocas palabras sobre la supuesta ventaja económica entregada que brindaría esta operación.
En la práctica se ha configurado un duopolio nacional que se incorpora a un oligopolio internacional sobre una materia de ineludible valor planetario y lo decimos porque las riquezas del mundo deben ser explotadas no solo con criterios económicos sino que como parte de un bien común de la humanidad.
El oligopolio mundial del Litio que se ha formado, tenderá a fijar los precios y actuará como todos los oligopolistas. Resulta extraño que los órganos de la libre competencia en Chile no hayan opinado nada y menos consultados, lo que parece estarse transformando en una nueva moda que pone casi en ridículo a nuestros organismos técnicos y porque no decirlo a la propia democracia y a sus órganos.
Para que no quede ninguna duda, queremos decirlo claramente. En el mundo en que se juegan estas materias, hubiéramos preferido mil veces correr el riesgo que el señor Árbitro, negara el fundado derecho de Corfo de recuperar nuestras riquezas naturales, que aceptar se efectúe un acto de genuflexión ante el poder económico nacional y transnacional.
Siempre hubiera quedado el camino para recurrir de queja ante los Tribunales superiores de Justicia, en especial máximo tribunal de la República por falta y abuso graves. Se tuvo tal vez temor, por cierto infundado, a la intervención del máximo Tribunal de la República. La Corfo no debió haber renunciado a esta vía ineludible cuando están comprometidos los intereses superiores del país.
No sabemos que otros pasos vienen. La ciudadanía debiera saber que hemos entregado a cambio de dinero el control sobre un material crítico y estratégico. Se ha repetido lo del Salitre que costó una guerra externa y una civil. No hemos aprendido que la dignidad nacional exige otras conductas.
Exige otras conductas que esperamos lleguen.
Fuente: El Mostrador
