Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo.
Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.
Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.
No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década.
Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.
Y es que las banderas de lucha de los gobiernos llamados progresistas en el continente, si bien descansaban en un discurso que siempre cuestionó los modelos de desarrollos tradicionales, y por ende, al extractivismo. Se criticaba la dependencia de las exportaciones, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la baja tributación.
Con el fin de desarmar los entramados neoliberales, diversificando la producción e industrializando las materias primas, apuntando precisamente a los sectores extractivos típicos: la minería y el petróleo.
Sin embargo, la realidad ha logrado ser otra muy distinta. Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo, incluso a través de reformas legislativas o de subsidios financieros.
Y no sólo eso, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva forma de extractivismo, esta vez, agrícola. Muy bien lo sabe Chile con millones de hectáreas plantadas con pino y eucaliptos y sus nocivas consecuencias socio-ambientales, y la aplicación del subsidio estatal DL-701.
La dirigente ambiental ecuatoriana, Esperanza Martínez, ha estado en Chile para relatar su experiencia en instancias académicas, y destaca cómo el proceso de reposicionamiento del rol del Estado en las sociedades latinoamericanas, llevado a cabo durante los últimos 15 años y más allá de otros méritos, responde a una nueva fase de capitalismo extractivista, caracterizada por una economía sostenida mediante el agotamiento del petróleo y los minerales.
En Ecuador, país que lleva varios años viviendo de la renta petrolera, las zonas más pobres del país son aquellas de donde se saca petróleo.
¿Cómo es posible aquello?
Simple, como en el caso de Chile -con la explotación minera en el norte, la forestal y salmonera en el sur- “estas políticas extractivas lo que generan, justamente, es pobreza local”.
Porque los recursos que se quedan en el país de turno no se traspasan a las regiones impactadas, sino que se traspasan -en una lógica colonial- hacia las grandes ciudades industrializadas. Martínez, y su comunidad, llaman a este suceso la “deuda ecológica a escala local”.
En Colombia, en tanto, la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en 2009. Según Sergio Coronado, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, el 80% de violaciones a los derechos humanos y laborales se dan en esos territorios.
“La minería a gran escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, y agrega que esto no sólo sucede en su país, “la experiencia histórica de América Latina está mostrando una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras”.
Cifras del falso dilema
Como señala el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.
En paralelo al gran peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional de los países latinoamericanos, buena parte de estos mismos gobiernos enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza e incluso limitaciones en el acceso a la alimentación. Para algunos expertos, esto es la llamada “maldición de la abundancia”.
Como el caso de Ecuador, que exporta el 59% de su producción de hidrocarburos, tiene un 36% de pobreza y un 11% de niños desnutridos, o el de Colombia, en que el 60% de sus exportaciones la componen materias primas, suma un 31% de pobreza y un 11% de desnutrición.
O sumar el ejemplo de Bolivia, que si bien desde el arribo al poder de Evo Morales ha rebajado sostenidamente sus índices de pobreza e indigencia, el 91% de sus exportaciones la siguen constituyendo commodities, registrando un 36% de pobreza y un 19% de desnutrición, según cifras de la FAO y CEPAL.
Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores.
O si se observa el caso de Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja a una expansión de la empresa Petrobrás, y que ha llegado a discutir un nuevo marco legal y administrativo para el sector petrolero.
De esta forma, es posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista (Gudynas), el que, sin embargo, no ha modificado sustancialmente el modelo de esta industria, y que por consiguiente, haya comenzado a resolver los grandes impactos sociales y ambientales a los que son sometidas las comunidades.
Un desafío mayor, que no solo basta con diversos postulados sobre el cambio del modelo de desarrollo de nuestras naciones, sino que muchas veces, los análisis no tienen en cuenta la existencia de mayorías parlamentarias -sumado a la voluntad política necesaria- que mitigue los múltiples impactos ocasionados por esta industria.
Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.
Fuente: El Mostrador
