Un grupo de extorsionadores pide tres millones de euros a Wikileaks, por no divulgar grabaciones de imágenes y conversaciones de Julian Assange, en su cautiverio de la embajada de Ecuador en Londres.
El traidor Lenin Moreno no teme agregar perfidia a la infamia.
Es del todo probable que cuando asumió la presidencia de Ecuador, en mayo de 2017, ya tenía formado el propósito de expulsar a Assange desde la embajada en Londres.
De hecho, tenía que hacerlo, para honrar compromisos adquiridos.
Entonces, ordenó, o al menos dejó hacer, el espionaje de las actividades de Julian Assange, en el estrecho cautiverio en que se transformó la embajada de Ecuador en Londres, no bien asumió el embozado.
Ese material cayó en manos de un grupo de extorsionadores, encabezado por un periodista español, que le exigió tres millones de euros a Wikileaks, para no publicarlo en redes sociales y medios de comunicación.
Alguien podría decir; y bueno, están probando su propia medicina.
Pero el caso es demasiado grave como para admitir un paralelismo tan frivolo.
Wikileaks jamás cometió espionaje. Nunca traficó con información clasificada; al contrario, la expuso a la luz.
En cambio, espiar a un asilado, al que se planea entregar, equivale a espolvorear estiércol sobre la mierda.
¿Y qué otra cosa puede esperarse de un traidor?
Será millonario, pero morirá como traidor.
La historia es del diario El País.
Un periodista español, tras la venta de los vídeos de Assange
por José María Irujo.
José Martín Santos, Pepe, un periodista condenado a tres años de cárcel por estafa, y tres informáticos alicantinos son las personas que tienen en su poder imágenes, vídeos y documentos personales del presunto espionaje a Julian Assange, el ciberactivista refugiado durante siete años en la Embajada de Ecuador en Londres entregado el pasado 16 de abril a la policía británica.
La Policía investiga si una supuesta agencia de comunicación española está detrás de la extorsión al activista australiano, de 47 años, al que le piden tres millones para no difundir sus imágenes.
Agentes españoles de la sección de Secuestros y Extorsiones vigilan a José Martín Santos y a tres de sus colaboradores después de que ofrecieran el material grabado durante los últimos dos años de estancia en la legación diplomática del fundador de WikiLeaks, según fuentes cercanas a la investigación.
Assange acaba de presentar una querella contra los presuntos extorsionadores en la Audiencia Nacional, así como contra personal de la Embajada de Ecuador en Londres y miembros de la compañía de seguridad ecuatoriana Promsecurity que hubieran podido participar en los hechos.
Les acusa de un largo rosario delitos: organización criminal, extorsión en territorio español, delito contra la intimidad, el honor y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente. Esta empresa de seguridad sustituyó a la española Undercover Global S.Lcuando en 2017 Lenín Moreno accedió a la presidencia de Ecuador y Assange perdió el favor de este Gobierno, según afirman sus abogados.
Todo empezó con un tuit publicado hace unas semanas en el que se anunció la disposición al mejor postor de documentación sobre la vida de Assange en la Embajada de Ecuador.
El nombre del titular de la cuenta era falso, pero el teléfono de contacto y la dirección de correo electrónico sirvieron a Kristin Hrafnsson, editor jefe de WikiLeaks, para contactar con los vendedores y comprobar la veracidad de la oferta.
Pepe le envió por correo electrónico fotografías de su ordenador en el que aparecían ficheros sobre las comunicaciones de Baltasar Garzón, abogado del ciberactivista, con Assange, los paquetes que recibía, las citas con sus médicos, los pasaportes de sus visitas, así como transcripciones de audios de sus conversaciones.
En la lista de 103 ficheros que los presuntos extorsionadores ofrecieron a WikiLeaks para su compra destaca el número 75 que dice textualmente:
«Audio 1º secretario dice que nada de esto puede salir a luz, o si no Julian tomará acciones contra la embajada y la repercusión con EE UU puede ser crucial. Otro audio donde el 1º secretario dice que hay que asegurar a los empleados de la empresa de seguridad porque están trabajando de forma clandestina».
El fichero número 68 se titula: «Escrito al diario EL PAÍS de Julian Assange para retirar unas imágenes de portada de los independentistas».
Y el número 76 «Contrato con abogado».
El precio era tres millones de euros y de no aceptar la oferta los vídeos y audios comenzarían a aparecer publicados en varios medios de comunicación. Si querían pagar tenían que venir a España a cerrar los términos del acuerdo.
Hrafnsson pidió más pruebas del material que tenían y Pepe le impresionó mandándole la captura de pantalla de un vídeo donde aparecía el editor jefe de WikiLeaks con Assange en una reunión en la embajada.
También, remitió notas legales de la carpeta personal de Aitor Martínez, letrado del despacho de Garzón, al que le habían fotografiado su estrategia de defensa durante el receso de una vista celebrada en la legación diplomática el pasado diciembre. En una de estas notas, aparece el dedo de la persona que las fotografió lo que, según la defensa de Assange, permitiría su identificación.
La perla de los envíos para convencer a Hrafnsson del valor del material fueron varios audios con conversaciones del activista con terceras personas y una carpeta con el título WhatsApp en la que se sospecha se volcó las conversaciones de los teléfonos de los abogados cuando visitaban la sede diplomática y los depositaban a la entrada.
Esto acreditaría el presunto uso de micrófonos dentro de la embajada, algo que el Gobierno de Moreno ha negado, y se destaca en la querella presentada por Assange. Pepe pidió celebrar una reunión en Madrid para cerrar el acuerdo.
La reunión se celebró el pasado 2 de abril.
El editor de WikiLeaks había alquilado un apartamento en el número 11 de la calle Núñez Arce al que acudieron los vendedores.
A las 10 de la mañana, según describe la querella, Pepe apareció acompañado de dos personas a las que presentó como alguien que hablaba un inglés fluido y un experto informático.
Él facilitó su nombre real, José Martín Santos, sin revelar su condición de periodista y pidió cambiar el lugar del encuentro por motivos de seguridad.
En la cafetería del Hotel Reina Victoria, en la madrileña plaza de Santa Ana, Pepe colocó un ordenador sobre la mesa e informó a Hrafnsson que un colaborador en Alicante abriría por control remoto las carpetas encriptadas con el material.
Durante tres horas los ojos del editor de WikiLeaks y de la amiga española que le acompañaba se abrieron como platos tras examinar las 103 carpetas con vídeos, audios, correos privados de los abogados y amigos de Assange recibidos durante su estancia en la embajada ecuatoriana.
Un material que, en opinión de la defensa del ciberactivista acreditaría el espionaje al que fue sometido durante sus últimos dos años de asilo.
“En cada esquina de la embajada Julian Assange había sido grabado, incluso en las áreas más privadas”, señala la querella.
Esa misma tarde, Hrafnsson, acompañado por Baltasar Garzón, presentó una denuncia contra los presuntos extorsionadores en la sección de Secuestros y Extorsiones de la Brigada de Delitos contra las Personas (UDEV) de la Policía.
Desde allí mismo el editor de WikiLeaks llamó a Pepe y quedaron para mantener al día siguiente un nuevo encuentro.
Hrafnsson reconoció al periodista José Martín Santos en el álbum de sospechosos que le mostraron los agentes.
Santos fue director de informativos de la televisión municipal de Altea.
A las 19 horas del pasado tres abril se celebró la segunda reunión en el mismo hotel.
De nuevo asistió Pepe acompañado está vez con otro supuesto experto informático y dos de los anteriores socios. Hrafnsson lo hizo junto a Aitor Martinez, el abogado al que le fotocopiaron su defensa en la embajada ecuatoriana.
La Policía monitorizó los 30 minutos del encuentro, fotografió y grabó a sus asistentes.
Pese a que el letrado les preguntó varias veces quien había ordenado espiar a Assange solo logró que el periodista, “el hombre que siempre llevó la voz cantante”, confesara que tenían el material por medio de personas del interior de la embajada.
“Dijeron que la embajada durante el Gobierno de Lenín Moreno había dado una orden de acopiar toda la información de Assange para reportarla a Ecuador”, señala uno de los asistentes al encuentro.
Durante el Gobierno de Moreno, Ecuador impuso a Assange duras restricciones en sus comunicaciones.
Seis días después, el editor de WikiLeaks convocó una rueda de prensa en Londres en la que desveló el chantaje protagonizado por “varios españoles”.
Antes de romper su contacto con Hrafnsson le enviaron nuevos correos en los que se presentaron como Agencia 6, una supuesta empresa de comunicación alicantina, y rebajaron su oferta a 1.5 millones.
Días antes se quejaron de que se habían percatado de seguimientos policiales y advirtieron que “pondrían el material bajo seguridad” para eludir la acción policial.
El pasado día 10 los vendedores subieron un vídeo a YouTube en el que exhiben su material con la marca de agua de Agencia 6 y se presentan como periodistas de investigación que han recopilado «miles de vídeos y audios» con los que van a denunciar «una gran mentira llamada WikiLeaks».
En una de las pestañas de Agencia 6 aparecen las fotografías de Martín Santos y de los tres informáticos a los que el abogado Aitor Martínez ha reconocido como los asistentes a las dos reuniones en las que se ofreció el material.
La defensa de Assange cree que la creación de esta web es «una tapadera» del grupo al descubrir que están siendo vigilados por la Policía y al haber fracasado en su intento de venta. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Martín Santos y con los tres informáticos para recabar su versión.
La querella explica que días más tarde medios británicos como The Daily Mail han comenzado a emitir vídeos sobre la vida privada de Assange.
Las pruebas que demuestran el espionaje sufrido por el fundador de WikiLeaks contrastan con la acusación del presidente ecuatoriano Lenín Moreno que en una entrevista con el diario británico The Guardian afirmó que Assange había convertido la sede ecuatoriana en Londres en «un centro de espionaje».
Este y sus abogados lo niegan y exhiben como prueba el chantaje al que ha sido sometido.
Pepe, el informador condenado por estafa
José Martín Santos, la persona que presuntamente ofreció el material grabado a Julian Assange, fue condenado a tres años de cárcel en 2007 por simular el robo de unos muebles de la herencia de la periodista Encarna Sánchez y de estafar a los dueños de la vivienda que fue asaltada.
La condena de la Audiencia Provincial de Alicante fue ratificada por el Tribunal Supremo que no admitió el recurso de casación del directivo de la televisión Altea Te Ves. El fallo condenó al periodista por los delitos de daños, simulación y estafa.
Martín Santos provocó el fuego en una vivienda que cuidaba para un matrimonio alemán con el fin de simular un robo y cobrar el seguro. Entre el material denunciado como robado había muebles de valor procedentes de la herencia de la locutora radiofónica.
La sentencia le obligó a abonar a los dueños de la casa 42.000 euros por daños y otros 76.000 de los que se apropió.
El periodista fue juzgado en 2017 por alzamiento de bienes por no abonar las citadas cantidades y crear un entramado societario para eludir sus obligaciones, según el diario Información.
Martin Santos ha sido colaborador habitual en algunos medios locales de Alicante y dirigió los informativos de la televisión Altea Te Ves bajo la batuta de María José Ortiz, hermana del ex-alcalde popular de esa localidad.
Fuente: El País
