Esta tarde se reunió el comité de ministros que revisa las reclamaciones del proyecto HidroAysén. La instancia, presidida por la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez, e integrada por los ministros de Energía Jorge Bunster, de Minería Hernán de Solminihac, de Salud Jaime Mañalich, de Economía Felix de Vicente, y Agricultura Luis Mayol, decidió dejar pendientes dos reclamaciones de las 35 que iba a analizar durante esta sesión. En la práctica, esa resolución traslada la deción final sobre Hidroaysén al próximo Gobierno de la Presidenta electa, Michelle Bachelet.
Éstas deberán ser licitadas para estudios públicos. Uno de esos es uno hidrológico, para evaluar la variación del caudal diario y el vaciamiento de los glaciares en la zona patagónica de Aysén.
De esta manera, la eventual aprobación del proyecto HidroAysén quedaría pendiente para el próximo gobierno, debido a que la licitación de estos estudios tarda un tiempo aproximado de 6 meses, por lo que no se aprobaría por parte del comité de ministros durante la actual administración.
El Comité de Ministros Para la Sustentabilidad solicitó a HidroAysén dos nuevos estudios previos a la toma de una definición definitiva respecto al futuro del megaproyecto energético de Colbún y Endesa.
La instancia -conformada por los ministros de Economía, Félix de Vicente; Salud, Jaime Mañalich; Agricultura, Luis Mayol; Energía, Jorge Bunster, y encabezada por la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez- se reunió este jueves para analizar las 35 reclamaciones y más de 900 objeciones planteadas por organizaciones sociales y la propia empresa frente la Resolución de Calificación Ambiental de 2011.
«Ya se resolvió la totalidad de las reclamaciones, sólo quedan dos estudios que se han solicitado por el Comité de Ministros», dijo Benítez.
«Lo que buscan estos estudios es despejar temas: concretamente con el vaciamiento del Lago Cachet, que ocurre dos o tres veces al año, que supone modificaciones importantes en los caudales. Se quiere entender si esas modificaciones con un embalse afectan o no las áreas inundadas. En segundo lugar, (se pretende conocer) el manejo que tiene la central de las aguas del Río Baker aguas abajo, que suponen variaciones importantes en el caudal. Son dos temas sensibles», dijo el ministro Bunster.
La realización de tales estudios podría tomar desde ocho meses hasta un año. Así, la decisión final quedará en manos de la futura administración de la Presidente electa Michelle Bachelet, que asume el 11 de marzo.
Según explicó Benítez al cabo del encuentro, los nuevos estudios exigidos «los encarga el Estado a un tercero; no los hace la empresa».
«Los va a hacer el Estado para de esa manera poder, de acuerdo a sus resultados, ver la posibilidad o no de establecer nuevas condiciones al proyecto. (…) Las competencias del Comité de Ministros para exigir nuevas condiciones fueron establecidas recién a través del fallo de Punta Alcalde por la Corte Suprema, que dice que el Comité de Ministros puede por nuevos antecedentes, solicitar o exigir nuevas condiciones», indicó la titular de Medioambiente.
Benítez indicó que, «sin perjuicio de que hay estudios pendientes en que todavía faltan antecedentes para poder resolver», HidroAysén «tiene su Resolución de Calificación Ambiental aprobada, por lo que puede empezar su construcción».
«La RSA está aprobada, el proyecto no está impedido de construir, sin perjuicio de que estos estudios van a facilitar el poder establecer nuevas exigencias o no, de acuerdo al resultado que se tenga. Este Comité de Ministros revisa reclamaciones, no dice si el proyecto puede comenzar o no; el proyecto (HidroAysén) puede comenzar y podría haber comenzado, porque ya tiene RSA aprobada en la Región», reiteró la secretaria de Estado.
subir Bajo su propio «riesgo»
El director del Servicio de Evaluación Ambiental, Ricardo Irarrázabal, hizo una puntualización a este respecto, al indicar que «un tema es lo jurídico, lo que en derecho corresponde», y otro es «la realidad».
«Jurídicamente lo que dice la ministra es que si tú tienes una RSA favorable en la región, salvo que tengas una orden de no innovar de un tribunal en virtud de un recurso de protección, sí puede empezar a construir. Ahora, la empresa ni siquiera ha presentado a evaluación la línea de transimisión», recordó.
El proyecto implica «11 años de construcción, de acuerdo a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, y evidentemente hay una situación que de alguna manera pudiera variar o modificar de acuerdo a futuras condiciones o exigencias del Comité de Ministros a lo que es el diseño original.
En este sentido, «evidentemente es una decisión de la empresa» y ésta debe considerar que «es un riesgo empezar a construir hoy si tú no tienes todos los resultados de los estudios», señaló Irarrázabal.
«La decisión de ir adelante o no con el proyecto es, en definitiva, una decisión de la empresa», comentó sobre este mismo punto el ministro Jorge Bunster.
Agregó que «lo que buscan estos estudios es despejar temas, concretamente, con el vaciamiento del Lago Cachet, que ocurre dos o tres veces al año, que supone modificaciones importantes en los caudales que se quieren tender si esas modificaciones con un embalse afectan o no las áreas inundadas».
«Y en segundo lugar, el manejo que tiene la central del Río Baker, aguas abajo que suponen variaciones diarias importantes en el caudal. Son temas sensibles», indicó.
subir «Proyecto lleno de irregularidades»
El vocero del movimiento Patagonia Sin Represas, Patricio Rodrigo, también reaccionó a la cita del Comité de Ministros, e indicó que los informes dan cuenta de un proyecto «sin futuro».
«Es un proyecto lleno de problemas, lleno de irregularidades», en el que ni siquiera se han considerado los reclamos «sobre el impacto en la pesca artesanal y la productividad costera», dijo.
«También una reclamación que se hizo de nosotros y que está en carpeta es que este proyecto es uno solo, represas y tendido, y se intentó evaluar por partes», recordó.
La compañía anunció que no emitirá declaraciones hasta analizar en detalle la comunicación del Comité.
subir HidroAysén: Esperaremos notificación
Tras conocerse esta información, la empresa emitió un comunicado en el que expresó que «frente a consultas de la prensa en torno a la reunión del Comité de Ministros realizada en el día de hoy, en que se abordaron las 35 reclamaciones interpuestas hace ya más de dos años, una de la empresa y 34 de personas que participaron en la evaluación ambiental, HidroAysén informa que esperará una notificación formal de las resoluciones de dicho Comité de Ministros, o una información clara de parte de la autoridad acerca de las decisiones adoptadas respecto de las reclamaciones y otros aspectos, previo a emitir una opinión».
«Una vez conocida la decisión formal de la autoridad y sus efectos concretos, la compañía evaluará y resolverá las acciones a seguir», agrega el documento.
Cautela por decisión para que en gobierno de Bachelet se decida Hidroaysen
El Consejo de Defensa de la Patagonia, tomó con cautela la decisión del comité de Ministros que solicitó nuevos informes y postergó hasta que asuma el nuevo gobierno la decisión sobre aprobar el proyecto Hidroaysén que impone represas en la Región de Aysen.
De todas formas el CDP afirmó que la postergación sobre estas represas «responde a la presión de todos los ciudadanos y ciudadanas unidos en torno al Movimiento Patagonia sin Represas».
La coalición ciudadana afirma que la decisión del Consejo de la Patagonia «ratifica lo que hemos señalado en el CDP, los movimientos sociales y la ciudadanía, que este proyecto ha carecido desde un prinicipio de información esencial y relevante para ser evaluado, y debió haber sido rechazado en 2008 por el intendente de la época, Selim Carrasco».
Respecto a la decisión que tendrán que tomar los nuevos ministros del gobierno de Bachelet el CDP recordó que la presidenta electa ya había señalado su parecer contra Hidroaysén. «Con este aplazamiento el actual gobierno elude su responsbilidad de rechazar definitivamente HidroAysén, dejando para el próximo la decisión sobre esta nefasta iniciativa, cuya máxima autoridad ya señaló que no contará con su apoyo», dice una declaración de las organizaciones.
El CDP estará alerta «para asegurar que este proyecto agónico se deseche y terminé así la pesadilla que HidroAysén ha significado para Aysén y el país, y con la que pueden representar los proyectos río Cuervo, Cóndor, Blanco, Puelo y otros que se plantean en amenazadas cuencas de la Patagonia chilena».
Aquí la declarción del Consejo de Defensa de la Patagonia
DECLARACIÓN PÚBLICA
A partir de la información transmitida por los medios de comunicación del país sobre la sesión del Comité de Ministros realizado esta mañana para analizar las reclamaciones al estudio de impacto ambiental de HidroAysén, donde se decidió solicitar estudios antes de emitir una resolución, el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) expresa lo siguiente:
· La decisión de postergar una resolución sobre HidroAysén imponiendo insalvables estudios responde a la presión de todos los ciudadanos y ciudadanas unidos en torno al Movimiento Patagonia sin Represas, entre los cuales el Consejo de Defensa de la Patagonia ha sido un actor aglutinador.
· Esta decisión ratifica lo que hemos señalado en el CDP, los movimientos sociales y la ciudadanía, que este proyecto ha carecido desde un prinicipio de información esencial y relevante para ser evaluado, y debió haber sido rechazado en 2008 por el intendente de la época, Selim Carrasco.
· A pesar de solicitar dos estudios importantes, en la medida adoptada por el Comité de Ministros faltan varios otros que no han sido considerados, como por ejemplo sobre impactos no evaluados ni compensados en turismo y pesca artesanal, el patrimonio natural como el Parque Nacional Laguna San Rafael (que la propia empresa reconoció, lo cual transgrede la Convención de Washington, que es ley de la República), el hábitat del huemul y peces nativos. También sobre los efectos en la cultura patagónica, el patrimonio inmaterial, y el Paso San Carlos y la Isla de los Muertos. Tampoco se consideraron evaluaciones de fondo sobre los riesgos sísmicos y el impacto costero y marino de la pluma de sedimentos del Baker y el Pascua sobre su desembocadura en el océano.
· No fue considerado en instancia alguna el crítico Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, constituida en investigadora sobre las irregularidades de HidroAysén, que fuera aprobado por el pleno de la corporación. Solo esto amerita una auditoría independiente de todo el proceso de evaluación y aprobación.
· Con este aplazamiento el actual gobierno elude su responsbilidad de rechazar definitivamente HidroAysén, dejando para el próximo la decisión sobre esta nefasta iniciativa, cuya máxima autoridad ya señaló que no contará con su apoyo. Como CDP estaremos atentos para asegurar que este proyecto agónico se deseche y terminé así la pesadilla que HidroAysén ha significado para Aysén y el país, y con la que pueden representar los proyectos río Cuervo, Cóndor, Blanco, Puelo y otros que se plantean en amenazadas cuencas de la Patagonia chilena.
· Es así que solicitamos al gobierno entrante concentrarse en una Nueva Política Eléctrica Nacional, para que en forma consensuada, junto con la ciudadanía, las empresas y las autoridades públicas, se definan las metas que desea la sociedad chilena para este siglo. Y donde se incorporen lineamientos tales como: recuperación del rol del Estado en la política eléctrica, que exista competencia real en el mercado y se eliminen las barreras de entrada y operación, avanzar decididamente en el uso eficiente de la energía que es una fuente que tenemos frente a nuestros ojos y no la hemos sabido aprovechar, fomento decidido a las energías renovables no convencionales, avanzar en generación distribuida a través de la definición de territorios energéticos y gestión de la demanda que optimice su cercanía con la generación.
· Como Consejo de Defensa de la Patagonia estaremos alerta y hacemos un llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes presentaron reclamaciones o han sido parte del proceso de movilización, a estar atenta a los próximos pasos que tanto la autoridad política como la empresa puedan ejecutar.
