Contra toda evidencia y prudencia, Carabineros optó por el camino más fácil pero menos creíble: defendió la participación de la Dipolcar en la «Operación Huracán»; respaldó la «seriedad» de los antecedentes recabados en la investigación, y acusó a la Fiscalía poco menos que de amparar al terrorismo.
El jefe nacional de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), general inspector Gonzalo Blu, aseveró que la institución trabaja en la «búsqueda de la verdad y en aclarar los hechos de los que lamentablemente han sido víctimas los habitantes de la Región de La Araucanía».
«La situación planteada por el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar miedo y daño en las regiones del sur del país y deslegitima a dos importantes instituciones del Estado, las cuales solamente deberían estar preocupadas por la lucha de la delincuencia», planteó el general.
«Carabineros de Chile dispuso un sumario administrativo a cargo del general subdirector para esclarecer administrativamente las controversias que se han hecho públicas», añadió.
«Nosotros mantenemos inalterable la convicción respecto de la seriedad de los antecedentes que involucran a los imputados. Más aún, y como fruto de la investigación, han aparecido otros implicados, como ayudistas, encubridores y financistas»; prosiguió.
Blu planteó que «en cuanto a la investigación, esta se efectuó en primera instancia con autorización legal de un ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, quien precisamente realiza el control de la legalidad de las medidas inclusivas decretadas por la Ley de Inteligencia».
«Respecto a los dispositivos incautados a los detenidos y analizados por parte de personal especializado, esto se realizó conforme a las instrucciones, supervisión, control y dirección de la Fiscalía de Alta Complejidad y de la unidad especializada de Lavado de Dineros, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía», aseveró Blu.
«Es preocupante que una investigación de ocho meses se pretenda cerrar por otra de tres semanas y más aún, quedando una veintena de diligencias pendientes ordenadas por la misma Fiscalía y otras solicitadas por el mismo equipo investigador de Carabineros el día 6 de diciembre del año pasado», dijo.
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Gobierno pide «investigación administrativa inmediata» a Carabineros por Operación Huracán
El gobierno pidió a Carabineros una «investigación administrativa inmediata» luego que el Ministerio Público decidiera cerrar la denominada «Operación Huracán», luego que se detectara una «manipulación» en los teléfonos incautados y periciados por la institución a ocho imputados, y que luego fueron utilizados para la solicitud de medidas cautelares.
La medida solicitada por La Moneda en un comunicado difundido por la Subsecretaría del Interior, está «destinada a esclarecer las denuncias informadas por el Ministerio Público y que motivaron su decisión de no perseverar».
Esta investigación estará a cargo del subdirector de Carabineros, general inspector Julio Pineda, detallaron.
«El Ministerio del Interior y Seguridad Pública considera que, dada la gravedad de las informaciones difundidas, resulta indispensable que las investigaciones penales y administrativas se ejecuten en el más breve plazo», señalaron.
Por otro lado, señalaron que ante la denuncia de filtraciones de la investigación judicial, el Ministerio del Interior presentó una querella el 15 de enero, atendida la gravedad de los hechos, para establecer las responsabilidades del caso. A su vez, ofició a las instituciones aludidas en la filtración mencionada.
Fiscal Nacional: hecho gravísimo e inédito
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, calificó como un hecho «gravísimo» e «inédito»:
«Esto nos parece gravísimo y es absolutamente inédito dentro de la historia de la reforma. Es primera vez que la fiscalía cuenta con información que proviene desde investigaciones que se realizan al amparo de la ley de inteligencia, es decir, son investigaciones respecto de las cuales la fiscalía no ha tenido el control respecto del origen de la información que se incorpora a la investigación», dijo Abbott esta tarde.
«Se ha podido determinar a través de una pericia hecha por peritos de la fiscalía como por un perito externo que se habrían incorporado con posterioridad a la incautación de esos teléfonos, la información en ellos contenida y que fue la que sirvió de base a la denuncia. Lo que constituye claramente una irregularidad gravísima», agregó.
En su opinión, se trata de un»hecho aislado» y que «más que entrar en duda todo el sistema, lo que entra en duda es la información proveniente de la ley de inteligencia», concluyó..
A su turno, el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, explicó:
«Logramos establecer a través de dos informes periciales, que fueron efectuados por la Unidad de Lavado de Activos, Crimen Organizado y Delitos Económicos de Fiscalía Nacional, que los informes periciales preliminares y definitivos elaborados por Carabineros adolecían de una serie de inconsistencias. Hubo manipulación de la evidencia y los archivos que comprendían supuestas conversaciones que inculpaban a las personas que tenían calidad de imputados pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no correspondían ni al formato ni a la ubicación en que se almacena la mensajería en estos aparatos».
Paredes agregó:
«Cuando nosotros nos percatamos de ello, a principios de diciembre, aperturamos una investigación para indagar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación, todo eso en base a estos hallazgos periciales. Pedimos un peritaje externo a un forense particular y este peritaje, que acaba de llegar hace pocos días a nuestro poder, también corrobora lo que concluyó la Fiscalía. (…) Soy fiscal hace 17 años y nunca me había enfrentado a una situación de esta naturaleza». .
En relación al origen del proceso, el fiscal planteó:
«Esta investigación, denominada policialmente ‘Operación Huracán’, fue desarrollada integralmente por Carabineros en sede autónoma, bajo el amparo de la Ley de Inteligencia. Esta información es liberada sólo en septiembre a la Fiscalía y en ella se daba cuenta de la próxima y eventual comisión de un atentado en la ciudad de Temuco.
Sólo en ese momento comienza la investigación que desarrolla la Fiscalía y en el marco de la misma y en corto andar nos encontramos con las inconsistencias que he referido. En todo lo que se desarrolló por Carabineros y particularmente por la Unidad de Inteligencia al amparo de la Ley de Inteligencia, no tiene injerencia alguna la Fiscalía».
El fiscal prosiguió:
«Estamos frente a una situación inédita, pero al mismo tiempo excepcional. Es la primera vez que esta Fiscalía Regional recibe una investigación desarrollada bajo el estatuto de la Ley de Inteligencia y que hemos constatado este tipo de situaciones. Esta es una investigación que se desarrollará en la forma más expedita y rápida posible, queremos arribar a conclusiones rápido porque creemos que no sólo es lo que merecen todas las personas involucradas en este caso, es lo que merece la ciudadanía, tener una respuesta rápida y oportuna y bastante definitoria».
Al ser consultado sobre si existió tráfico de armas con Argentina, Paredes respondió:
«Nosotros no tenemos cómo corroborar si ello es efectivo o no. Esa es una de las motivaciones que nos lleva a tomar la decisión de no perseverar».
La responsabilidad de Aleuy
Uno de los imputados en el caso y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, apuntó al rol del subsecretario Mahmud Aleuy:
«Estamos hablando de una operación digitada por la Agencia Nacional de Inteligencia y la Ley de Inteligencia, que es una determinación política del más alto nivel, aquí está involucrado el gobierno de turno y la figura de un subsecretario, y en este caso no es menor la responsabilidad que le compete».
«Aquí lo que quedó en evidencia fue el actuar irresponsable, fuera de la ley inclusive, fuera de la institucionalidad del Estado, todo en el marco de persecución política en contra del pueblo mapuche, particularmente del Movimiento Mapuche Autonomista, del cual nosotros somos una expresión más, como CAM», agregó.
Para Llaitul, estos hechos tienen como trasfondo una presión del empresariado, que está comprometido en la zona de conflicto:
«La importancia del hecho tiene que ver con que se pone en cuestión el trabajo de una institución como Carabineros».
PDI allana Dipolcar de Temuco
Personal de la Policía de Investigaciones, PDI, allanó durante la mañana de este viernes dependencias de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, Dipolcar, en Temuco.
La diligencia surge tras la querella presentada por la Fiscalía en contra de la institución por intervención fraudulenta de pruebas en la denominada «Operación Huracán».
Los efectivos llegaron hasta el recinto ubicado en la calle Pablo Neruda acompañados por el fiscal de alta complejidad Roberto Garrido.
El allanamiento ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana. A esa hora, efectivos de la PDI ingresaron al recinto para sacar la mayor cantidad de información, para lo cual requisaron documentos y computadores.
Esto luego que pericias realizadas por el Ministerio Público determinaran que los teléfonos incautados de los comuneros imputados por la causa habían sido intervenidos, para incluir conversaciones en sus respectivos grupos de WhatsApp y Telegram, donde -supuestamente- coordinaban ataques en La Araucanía.
De la aparatosa detención hasta el «montaje»: los hitos de la «Operación Huracán»
Con detenciones simultáneas en dos regiones y trasladando a los imputados en helicópteros. Así fue el operativo conjunto entre Carabineros y la Fiscalía de La Araucanía realizado el 23 de septiembre de 2017 para lograr la detención de ocho personas por su supuesto rol en una serie de atentados.
Dentro de los detenidos se encontraba Héctor Llaitul, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, quien se encontraba con libertad condicional desde 2015 por su participación en robo con intimidación y el atentado frustrado al fiscal Mario Elgueta. Pero a Llaitul se sumaban miembros de la Weichan Auka Mapu (WAM y de la Comunidad de Temucuicui.
Al operativo se le denominó «Operación Huracán».
Los mensajes de WhatsApp y el viaje de Aleuy a Argentina
Sorpresa generó la revelación de una serie de conversaciones de WhatsApp y Telegram supuestamente sostenidas entre los imputados, en que abordaban la posibilidad de traer armamento desde Argentina. Esto a partir de la incautación de los teléfonos móviles de los imputados.
En las conversaciones -que finalmente resultaron ser un montaje, de acuerdo al Ministerio Público- se hablaba de 6 escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas, 2 fusiles, alrededor de 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 milímetros y 84 balas calibre 9 milímetros, cuyo arribo a Chile se concretaría en agosto de ese año.
En medio de esta arista, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, viajó a Argentina para sostener un encuentro con la ministra de Seguridad transandina, Patricia Bullrich, para abordar el presunto tráfico de armas. Un encuentro que según fuentes citadas por el diario Argentino La Nación fue «carente de contenido».
Corte Suprema ordena la liberación de los ocho imputados
El 19 de octubre pasado, la Corte Suprema sorprendió al acoger un recurso de protección de las defensas de los ocho comuneros detenidos por la denominada Operación Huracán, ordenando su liberación luego que quedaran en prisión preventiva por presunto delito terrorista. Esa decisión fue, según el máximo tribunal, tomada «sin fundamento», agregando que la decisión estaba «lejos de acercarse al cumplimiento de las formas que la ley prevé para autorizar a un órgano judicial para decretar la prisión preventiva».
Este fue el momento en que Héctor Llaitul abandonó la Cárcel el Manzano
La filtración hacia Héctor Llaitul
«ANI me avisó que los pacos preparan operación», ese es el mensaje que recibió Héctor Llaitul, y que motivó una investigación por parte del Ministerio Público para determinar la existencia de una especie de red de protección hacia el líder de la CAM por parte de la fiscalía o la propia Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Al respecto, esta tarde el fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó que esa es una investigación que seguirá adelante, en forma separada de hoy frustrada «Operación Huracán».
«Es una investigación distinta que está actualmente vigente a cargo del fiscal regional Carlos palma y en consecuencia solo podemos referirnos al resultado de la misma una vez que concluya dicha investigación. Actualmente se están realizando diligencias de investigación y les puedo confirmar que tanto el abogado asistente como el fiscal han entregado volutariamente sus computadores, teléfonos celulares y ya se están periciando para poder establecer la similitud de la información que se nos entregó sobre el particular», dijo Jorge Abbott.
Fiscalía cierra Operación Huracán sin acusados e investiga a Carabineros por «montaje»
La Fiscalía anunció el cierre de la «Operación Huracán» sin acusados, mientras que al mismo tiempo inició una investigación por un supuesto montaje de Carabineros en pruebas.
Concretamente se trataría de mensajes enviados a través de las aplicaciones Whatsapp y Telegram que habrían sido insertados en los teléfonos celulares de los imputados después de su incautación. Una información que se logró determinar tras peritajes realizados por la propia fiscalía y organismos externos.
Al punto en que llegó la situación, quedan sólo dos opciones: o miente el general Blu, o lo hace el fiscal Luis Arroyo.
Uno de los dos no puede permanecer en el cargo.
Y se ya no se puede confiar en Carabineros, ¿en quién?
