Hace una semana la Comisión de Reforma a las Isapres, liderada por Camilo Cid, entregó un informe final que a largo plazo termina con el negocio de las aseguradoras privadas tal como lo conocemos hoy. Un cambio que históricamente ha quedado empantanado de la mano de un sector que cuenta con transversales redes en el mundo político y que en más de 30 años no ha enfrentado reformas profundas. La creación de un Plan Garantizado de Salud (PGS), que buscaba terminar con la histórica discriminación por sexo y edad de los afiliados a las Isapres, quedó en el camino hace dos años, luego de que el propio gobierno de Sebastián Piñera –que había impulsado con fuerza esta fórmula– presentara una indicación que permitía la fijación de precios por tramos.
Voltereta que posibilitaba mantener las diferencias entre hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, que el propio Tribunal Constitucional (TC) había declarado inconstitucional dos años antes, hecho que, sin embargo, fue interpretado por la industria como un congelamiento de los precios establecidos en las tablas de factores de riesgo.
La modificación, que terminó estancando el proyecto, fue vista como un triunfo para la industria, que contó con un aliado estratégico en el Congreso: la UDI, cuyo actual timonel, Ernesto Silva, lideró la ofensiva para que no se terminara con el corazón del negocio y se mantuvieran las diferencias de precios entre sus afiliados.
El caso refleja el pedregoso camino para impulsar cambios profundos al sistema de Isapres, que ha contado con una fuerte red de protección de la mano de políticos dentro y fuera del Congreso. Blindaje que también se vio en 2004 mientras se discutía el Plan Auge, cuando el Fondo de Compensación de Riesgo, punto vital para cambiar el sistema de salud, quedó fuera del proyecto, luego de que –según recuerda el ex superintendente de Salud, Manuel Inostroza– “la derecha le dijo a Ricardo Lagos que si quería AUGE debía ceder el Fondo de Compensación de Riesgo. Se cedió y se creó un fondo de compensación de riesgo inter Isapres, pero no entre Fonsa e Isapres”.
Según Inostroza, el ex timonel de la UDI, Patricio Melero, “era el actor fundamental en la Cámara de Diputados”.
En los últimos cinco años, han sido tres las comisiones de expertos que se han conformado para analizar y buscar soluciones al sistema de aseguramiento de la Salud liderado por el mundo privado a través de las Isapres. Dos de ellas, convocadas por Sebastián Piñera, no vieron frutos en reformas concretas.
La Comisión CID
La última comisión, liderada por Camilo Cid e impulsada por Michelle Bachelet, entregó su informe final la semana pasada, con una propuesta de mayoría que impulsa en el mediano plazo la existencia de un seguro público único y la existencia de seguros privados complementarios, fórmula que no fue bien recibida por el mundo de las aseguradoras privadas, que sí dieron el visto bueno a la propuesta minoritaria de la comisión, suscrita por cuatro de los 18 miembros.
Entre ellos los gerentes generales de Banmédica y Consalud, Fernando Matthews y Marcelo Dutilh, respectivamente, que apuestan por un esquema de multiseguros de libre elección entre aseguradores. Postura que dentro de la comisión fue evaluada como “una propuesta muy avanzada. En el fondo apuntan a seguir existiendo como multiseguros dentro de un modelo de seguridad social”.
Pero no todos se adscribieron al informe. Al término de los encuentros de la comisión, dos de sus miembros renunciaron: el presidente de la Isapre Colmena, Gonzalo de la Carrera, y la gerente general de la Asociación de Clínicas, Ana María Albornoz.
Según fuentes del sector, el ingeniero comercial fue asesorado por la ex vocera de gobierno Cecilia Pérez en su salida. Al respecto, en su círculo cercano admiten que ha recibido consejos de Pérez, pero de forma no remunerada y posterior a su renuncia a la comisión.
La propuesta de la Comisión Cid debería ser la base del proyecto de ley que impulsará el gobierno de Michelle Bachelet para introducir cambios al sector, que luego de más de 30 años de funcionamiento jamás ha enfrentado reformas legislativas profundas y que se ha instalado como un negocio más que rentable.
Hasta agosto de este año la industria acumulaba utilidades por más de 46 mil millones de pesos ($ 46.811.306.000), 76% más que el año pasado en el mismo período, según cifras de la Superintendencia de Salud.
LA TRANSVERSAL PUERTA GIRATORIA
En enero de 2010 el subgerente general de Colmena Golden Cross, Luis Romero, dejaba el cargo luego de casi 15 años. Seis meses después, asumía como Superintendente de Salud, organismo encargado de fiscalizar a sus antiguos empleadores.
Su llegada generó fuertes críticas y serias dudas en torno al conflicto de interés que enfrentaría a la hora de ejercer el cargo, sobre todo por su perfil, reacio a regulaciones al sector.
Según fuentes ligadas a la Superintendencia, su gestión estuvo marcada por una mirada pro industria. Lo que se refleja, por ejemplo, en que “la interpretación del fallo del Tribunal Constitucional fue acordada con las Isapres, que congeló las tablas de factores riesgo, lo que permitió que continuaran bajo el mismo modelo. Romero jamás fiscalizó, siguió aplicando las tablas como si nada hubiera pasado”.
En cuanto al alza de precios de los planes de salud “nunca dio una respuesta a eso, pese a que ya existía jurisprudencia. Mandaban a la gente a tribunales, siendo que ya había un fallo de la Corte Suprema de fines de 2009 que señala que la Superintendencia debía empezar a proteger a las personas. Mantuvo la institución con un perfil muy bajo, no querían que la gente la reconociera como lugar para reclamar”, señalan las mismas fuentes.
A fines de 2012, Romero dejó la Superintendencia. Ocho meses después y tras un breve paso por otra empresa, volvió a Colmena, esta vez como gerente general.
La puerta giratoria entre altos cargos gubernamentales y el mundo de las Isapres es transversal.
Según relata Manuel Inostroza, un caso emblemático fue el del ex ministro de Hacienda Eduardo Aninat (DC), que asumió como presidente de la Asociación de Isapres en 2006. “Tuve particulares diferencias con él porque llegó con mucho bombo y platillo en las postrimerías del gobierno de Bachelet como presidente de la Asociación de Isapres. Yo le presenté una propuesta sobre la base de un estudio, encabezado por Camilo Cid, que hicimos en la Superintendencia de Salud para caminar hacia un Plan Garantizado de Salud, autorregulación y resolver los problemas que se iban a judicializar. Aún no estaba el fallo del TC. El rechazo de Aninat fue categórico. Llegó como ex ministro de la Concertación y se opuso tenazmente a cualquiera de estos cambios”.
El ex ministro de Salud, Álvaro Erazo (PS), aterrizó en Cruz Blanca Salud como miembro del directorio en abril de 2011, cargo que ocupa hasta hoy.
El holding Cruz Blanca, que a agosto de este año anotó las mayores utilidades del sector con $11.050.894.000, cuenta entre sus filas con el ex superintendente de Salud y de Fonasa César Oyarzo (DC), que ocupa el cargo de gerente general de Integramédica, prestadora que forma parte del grupo.
Entre 1994 y 2002 Integramédica contó en su directorio con el primer superintendente de Isapres del país, Héctor Sánchez, que actualmente es director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello.
En 2011 la Asociación de Isapres contrataba a la consultora Imaginacción, del ex ministro Enrique Correa (PS). Según explica el director ejecutivo de la asociación gremial, Rafael Caviedes, “Enrique Correa ha sido asesor comunicacional y estuvo hasta el año pasado. Fue una decisión mutua, no hay una razón especial de su salida”.
Platas Políticas
Detrás de las Isapres con mayor participación en el mercado de cotizantes hay poderosos grupos económicos.
Consalud (21,5%), es controlada por la Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción S.A. (ILC), que es el holding de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
En el caso de Cruz Blanca (21,2%), a principios de este año pasó a manos de los españoles Bupa-Sanitas, luego de que el Grupo Said vendiera el control del holding Cruz Blanca Salud, manteniéndose en el capital de la compañía.
Colmena Golden Cross (16,1%) pasó a manos del Grupo Bethia, matriz de inversiones de Liliana Solari, una de las dueñas de Falabella, en enero pasado.
El dueño de Banmédica (20,8%) y de Vida Tres (4,4%) es el Grupo Penta, hoy en el ojo del huracán en medio del caso investigado por el fiscal Carlos Gajardo y su arista política relativa a la entrega de boletas truchas a la compañía de Carlos Eugenio Lavín y el histórico financista de la UDI Carlos “Choclo” Délano, para financiar campañas políticas.
En medio del Pentagate, Banmédica salió al ruedo de la mano del diputado UDI José Antonio Kast.
Según reveló Ciper, el ex gerente de Penta, Hugo Bravo, aseguró que el parlamentario recibió $10 millones a cambio de boletas de honorarios, luego de solicitar personalmente apoyo económico. Kast negó esta versión, reconociendo haber recibido aportes reservados –que son legales y secretos– a través de los dueños de Penta, que “aportaron por la vía del Servel a mi candidatura y lo hicieron a través de Banmédica. Pero nunca supe cuánto dinero aportaron a mi campaña”.
Consultados al respecto, desde Banmédica no respondieron a El Mostrador si efectivamente habían realizado aportes reservados a campañas políticas.
En tanto, Colmena, Cruz Blanca, Consalud y Mas Vida (15,2%) –ligadas a un grupo de médicos– rechazaron tajantemente haber realizado este tipo de aportes, cuyo mayor beneficiado ha sido la UDI, que desde 2005 ha recibido 45% de los más de 35 mil millones de pesos donados por esta vía.
El director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, señala que “nunca esta institución ha hecho aportes políticos. Eso es lo que conozco como asociación gremial. Qué hacen empresas o holdings, lo desconozco evidentemente”.
SE REMECE LA INDUSTRIA
Según fuentes del sector, “paradójicamente las Isapres que más se han opuesto a cambios han sido Banmédica y Vida Tres. Pero, a pesar de su resistencia al cambio y que han sido un poder fáctico de la asociación, entre los articuladores de la propuesta de minoría de la última comisión, está el gerente general de Banmédica, Fernando Matthews. Creo que frente a un escenario más adverso de aprobar un sistema con un seguro público único, las propias Isapres encabezadas por Banmédica llegan a un acuerdo para convertirse en actores privados de seguridad social”. Y, así, no terminar desapareciendo.
En los últimos años la industria ha enfrentado fuertes cuestionamientos e incluso quiebres internos.
En noviembre del año pasado, una bomba remeció al sector, que no está en su mejor momento en medio de duras críticas y una intensa judicialización tras el fallo del TC: Colmena anunció su retiro de la Asociación Gremial –que ellos mismos crearon en los años 80– apuntando a las profundas diferencias con el gremio relativas a la autorregulación de la industria que impulsaba la compañía liderada por Gonzalo de la Carrera.
En abril de este año, otra de las aseguradoras se retiró de la asociación, Mas Vida, que cuestionó duramente al gremio. Su presidente, Claudio Santander, señaló que “los accionistas de la Isapre no tienen una opinión muy buena de la asociación. Creen que tiene poca disposición a hacer cambios. La ven más bien como los representantes de Banmédica o Consalud, por lo que la base accionaria recibió muy bien la decisión, que se tomó por unanimidad en el directorio”.
Fuente: El Mostrador
