El creciente número de senadores y diputados que han sido mencionados en las investigaciones realizadas en torno a las aristas políticas de los casos Penta y Soquimich, empieza a revelar un claro intento por manipular al Parlamento y acomodar a los intereses de los grandes empresarios las leyes que allí se promulgan. En el periodo indagado -de 2009 a 2014- han surgido los nombres de los ex o actuales senadores Jovino Novoa, Pablo Longueira, Iván Moreira, Ena von Baer y Evelyn Matthei, de la UDI; Andrés Allamand y Lily Pérez, de RN; Guido Girardi, del PPD; Fulvio Rossi, del PS; Jorge Pizarro y Eduardo Frei, del PDC y José Antonio Gómez, del PR.
También han sido aludidos, hasta ahora, los diputados Cristián Leay, Javier Macaya, Claudia Nogueira, Alberto Cardemil, Karla Rubilar, Gonzalo Uriarte, Darío Paya, Cristián Monckeberg, Jaime Bellolio, Patricio Melero, Roberto Lewin, José Antonio Kast, Felipe Ward, Mario Escobar, Felipe de Mussy y Roberto León, casi todos ellos pertenecientes a los partidos de la derecha.
Los nombres de estos parlamentarios o ex parlamentarios han sido inferidos durante el examen de cientos de facturas y boletas de honorarios ideológicamente falsas emitidas por un monto total que ya suma cerca de cinco mil millones de pesos y que -presuntamente- sirvieron para financiar campañas electorales, actividades políticas e incluso, posiblemente, el lucro personal.
En la emisión de las facturas y boletas se urdió una intrincada trama, en la que aparecen hijos, familiares, colaboradores y amigos de los aludidos, quienes lo hicieron como personas naturales o a través de múltiples empresas dedicadas a las más diversas asesorías.
Medios de prensa como Ciper, El Mostrador y The Clinic , entre otros, han revelado extensas listas de los vínculos tejidos para encubrir el verdadero destino de los dineros repartidos por Penta y Soquimich. En la mayoría de los casos, los responsables de la emisión de las facturas y boletas han argumentado que los pagos correspondieron a informes o estudios efectuados para ambas empresas, pero aún no se conoce ninguno.
Entre los captadores de fondos desde Soquimich destacan varios connotados militantes de casi todo el espectro político. Uno de ellos es Giorgio Martelli, geógrafo, considerado como uno de los principales recaudadores de aportes empresariales para las candidaturas de Michelle Bachelet en 2009 y 2013.
En un seminario sobre el financiamiento de campañas, organizado por la Fundación Chile 21, a fines de 2014, Martelli hizo una declaración de principios: “Yo no soy un político, tampoco un empresario; soy un operador. Lo digo sin ningún pudor: si me metí en este tema, es porque creo que uno de los aportes que se deben hacer en la política es no tener pudor con el dinero, lo que es un estigma de la centroizquierda. Eso es lo que pienso”, afirmó en esa oportunidad.
Agregó que “las campañas se hacen con dinero. Por eso, hay que ser claro, transparente y honesto. No me gusta y no estoy de acuerdo con el comentario de que es indigno conseguir dinero. ¿Qué tiene de indigno conseguir plata? ¡Por favor, saquémonos el estigma! Esto es totalmente digno y necesario”.
Martelli también trabajó como asesor de la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2005. Mantiene una amplia red de contactos y se dice que es una de las personas que más conoce la legislación sobre aportes privados y donaciones para fundaciones y campañas políticas.
El 1º de abril se supo que Giorgio Martelli habría emitido facturas a SQM a través de la sociedad Asesorías y Negocios SpA en el periodo 2012 y 2013. Más tarde se conoció que el actual director subrogante del SII, Michel Jorratt, emitió a lo menos tres facturas a SpA en ese periodo, por un monto cercano a tres millones de pesos.
En 2005, durante la primera campaña presidencial de Bachelet, se integró a su comando Jorge Rosemblut, PPD, muy amigo de Guido Girardi y actual presidente de Enersis, para dirigir el equipo recaudador. Martelli se transformó en su “segundo hombre”, a cargo del control de gastos.
En la campaña de 2013 el geógrafo asumió un papel mucho más protagónico, estableciendo, incluso, una cercana relación con Rodrigo Peñailillo, el actual ministro del Interior, según el diario electrónico El Mostrador .
ASESORES Y EXPERTOS
Otro de los captadores importantes es Juan Marcos Moreno Rosales, abogado, ex presidente del Tribunal Supremo del PPD, actual encargado de la agenda legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y ex asesor de los municipios de Cerro Navia, Hualpén, Lo Prado y Vichuquén, cuando sus alcaldes eran miembros del PPD.
En su currículum se presenta como asesor en diversas materias reguladas por la ley eléctrica, tanto de clientes nacionales como extranjeros; asesorías en instrumentos de inversión extranjera tales como DL 600 o Capitulo XIV del compendio de normas del Banco Central, inmobiliarias y de empresas constructoras, así como también en el ámbito de la radiodifusión y sus normativas, evaluando nuevas tecnologías digitales para radio y televisión abiertas. También se presenta como experto en justicia electoral asesorando organizaciones intermedias como sindicatos, centros de padres y organizaciones políticas en materia contenciosa electoral.
Moreno, a través de Kybalion Consultores Ltda., emitió a Soquimich dos boletas por un total de 22 millones de pesos. En esa operación aparecen involucrados, además, Alejandro Bahamondes, actual embajador en Paraguay, y Rodrigo Alvarez, director de Sernageomin, ambos militantes del PPD.
En el caso del PDC, destacan entre los investigados por el SII y los fiscales, los tres hijos del recién elegido presidente de la DC, Jorge Pizarro, y un hijo del diputado Roberto León Araya, del mismo partido.
En el primer caso, Jorge, Sebastián y Benjamín Pizarro Cristi, a través de la sociedad Ventus Consulting S.A. aparecen cobrando 11 boletas a SQM por 45 millones de pesos entre abril de 2011 y agosto de 2012. Jorge Pizarro Cristi es hoy vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras.
En el segundo caso, Roberto León Araya emerge fiscalizado por emitir 55 boletas a SQM que suman más de 123 millones de pesos, entre junio de 2009 y diciembre de 2013.
También resultó salpicado el ex secretario general del Partido Progresista (PRO) Cristián Warner, uno de los hombres más cercanos a Marco Enríquez-Ominami en sus campañas electorales. Wagner, a través de la sociedad Cono Sur Research, recibió varios pagos de SQM entre 2009 y 2011.
El SII también denunció a los dos máximos líderes del Partido Regionalista Independiente (PRI) Humberto de la Maza, su presidente, y Eduardo Salas, secretario general. Ambos recibieron de SQM 107 millones de pesos. Al líder natural del partido, el fallecido ex senador Adolfo Zaldívar, se le pagaron otros 20 millones.
Asimismo, tres colaboradores del senador socialista Fulvio Rossi surgieron entregando boletas a SQM. Uno de ellos, René Madariaga Caronna, emitió boletas por casi 18 millones de pesos cuando se desempeñaba como asesor comunicacional del parlamentario. También figura Mariela Molina, que giró una boleta por más de cuatro millones en julio de 2009, y María Valentina Martínez Zaror, con dos boletas por más de seis millones.
De la misma forma, se encontró un documento por seis millones de pesos cursado a SQM en fecha no precisada por Ignacio Arturo Rojas, actual asesor del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Rojas fue colaborador del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, cuando éste era senador del Partido Radical.
EN LA DERECHA
De la lista de 172 contribuyentes que el SII entregó al Ministerio Público el 1º de abril para ser investigados, 59 tuvieron o mantienen vínculos con dirigentes de la UDI. Dos mujeres aparecen como las principales captadoras.
Ellas son Marisol Cavieres, secretaria histórica de ese partido; y Carmen Luz Valdivieso, secretaria de la Fundación Chile Justo, creada por el ex senador y ex ministro Pablo Longueira. Ambas eran las encargadas de solicitar boletas a empleados o militantes de la UDI, asegurándoles que podían quedarse con el 10% de las devoluciones de impuesto. Sólo Cavieres emitió cinco boletas por más de 24 millones de pesos entre 2009 y 2012.
Otro que aparece es José Hormazábal, ex candidato a concejal por Huechuraba, que giró una boleta en 2012 por más de 19 millones.
También figuran militantes de RN. Uno de ellos, Patricio Lazcano Silva, fue concejal de RN por San Joaquín entre 2008 y 2012. Figura, además, como director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea y como abogado del municipio de La Reina durante 2013. Ha ejercido las mismas labores en Ñuñoa, La Florida y Santiago.
También como abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades y del Gobierno Regional Metropolitano, durante 2013. En su declaración ante el SII, recogida por Ciper, señaló: “Fue la Fundación Chile Justo quien me solicitó que las boletas de honorarios las emitiera a nombre de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Desconozco el motivo por el cual me solicitaron esto, pero el servicio sí lo realicé”.
Entre los que ya declararon ante el SII figura Patricio Purcell Avendaño, hijo de un agente de Aduanas, quien se dedica a la inversión y renta de capitales mobiliarios y es accionista minoritario en CTI S.A. e Inmobiliaria Viña del Mar.
En su declaración -también citada por Ciper- señaló que “atendía en ese tiempo a una hija de don Adolfo Zaldívar, que es pintora, no recuerdo el nombre, pero necesitaba internar unas pinturas a Chile y la asesoré. Producto de eso conocí a don Adolfo, a quien le ofrecí mis servicios y a través de él conocí que Soquimich S.A. necesitaba una agencia de aduanas. Se iba a llamar a una licitación pública y yo hice toda la presentación y definí la documentación necesaria para ese proceso. Comencé en septiembre de 2012 y la entregué en noviembre de ese año y tuvo el valor de 15 millones de pesos. Me pagaron a través de valevista del Banco BCI. No recuerdo quién me avisó que debía retirarlo allí (…) De Soquimich no conozco a nadie, todo mi contacto fue a través de don Adolfo Zaldívar, a quien le entregué mi propuesta en sobre cerrado. No hubo contrato de por medio, nunca tuve contacto con nadie de Soquimich y me extrañó que nadie me llamara nunca para consultarme nada más (…) el mismo trabajo hice para Copec y para Celulosa Arauco, también por contacto de Adolfo Zaldívar, es decir, que no había relación directa con las empresas”, agregó.
INQUIETANTE SOSPECHA
Penta y Soquimich no sólo han financiado a los postulantes al Parlamento, sino que también a candidatos a la Presidencia de la República, como Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y Marco Enríquez-Ominami, líder del PRO, quien reconoció que en sus visitas a empresarios les solicita que colaboren con su partido.
Se supo también que Carlos Ominami, padrastro de Enríquez, ex ministro de Economía entre 1990 y 1994 y ex senador del PS, era visitante de los ejecutivos de Soquimich, la minera no metálica controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet.
Diversos dirigentes de la derecha han sostenido que Andrónico Luksic, cabeza del principal holding empresarial del país, colaboró generosamente con la última campaña de Bachelet. Sin embargo, hasta ahora, se desconoce si ello es efectivo y menos los eventuales montos involucrados.
Luksic está implicado en una sospechosa operación crediticia con una sociedad de la nuera de la mandataria, Natalia Compagnon, casada con Sebastián Dávalos, hijo mayor de la gobernante, mediante la cual el Banco de Chile, propiedad del empresario, le concedió un préstamo de 6.500 millones de pesos para efectuar una especulación inmobiliaria.
La maniobra financiera, considerada un escándalo e investigada por un fiscal en Rancagua, acarreó el desplome de la popularidad de la presidenta Bachelet, sumiendo a su gobierno en una crisis de impredecibles consecuencias.
Cabe preguntarse si los protagonistas son sólo los ejecutivos de Penta y Soquimich, o también están involucrados otros grupos económicos que hasta ahora permanecen en las sombras, a prudente distancia de los fiscales del Ministerio Público y de los medios de prensa más inquisitivos.
Patricio Purcell declaró ante el SII que también hizo trabajos, sin control alguno, para Copec y Celulosa Arauco, empresas propiedad del grupo Angelini. Desde el SII también se filtró que algunos fiscalizadores estaban revisando boletas y facturas emitidas a consorcios como Alsacia, Corpbanca y Ripley, entre otros. De ello, sin embargo, nada concreto se conoce todavía.
Fuente: Punto Final, edición Nº 826, 17 de abril, 2015
