por Horacio Larraín
Administrar y legislar desde el miedo, es el peor camino que el Gobierno puede seguir para enfrentar la actual coyuntura en que se encuentra el país.
El orden constitucional vigente establece los conceptos, los procedimientos y las herramientas que los gobernantes tienen a su disposición para encarar este tipo de eventos.
El problema residiría en el desacierto y falta de capacidad experta en el manejo de crisis.
O bien, en una visión oblicua de la realidad.
La seguridad nacional comprende dos áreas definidas: la seguridad interior y la seguridad exterior.
Para la primera, la Constitución señala que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Pero también, todo el aparato jurídico-político garantiza la seguridad interior.
La seguridad exterior posee dos instrumentos: la Diplomacia y las Fuerzas Armadas.
El Artículo 101 expresa que estas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional.
No obstante la restricción señalada para el empleo de las FF.AA. en seguridad interior, la Constitución contempla cuatro estados de excepción constitucional: estado de asamblea, estado de sitio, estado de catástrofe y estado de emergencia, en los que los militares pueden ser empleados en el ámbito interno.
Por lo tanto, la reciente iniciativa de ley que anuncia el Ejecutivo, para permitir el empleo de las instituciones de la defensa en la protección de servicios básicos, designados como “estructura crítica”, sobrepasa el orden constitucional vigente y conlleva más riesgos que beneficios.
Hasta el momento, la mayor parte de la estructura crítica señalada por el Gobierno: redes energéticas, redes comunicacionales, sanitarias, puertos, aeropuertos, hospitales y centros de abastecimientos, no ha estado sujeta a destrucción sistematizada por parte del vandalismo y narco anarquismo del último tiempo.
De manera que, destacar unidades militares para su protección, más bien podría ser una provocación hacia ellos que una prevención.
La motivación de La Moneda para abrir paso al instrumento militar tendría que ver con la intención de proveer protección estatal a las infraestructuras privadas de servicios básicos.
Aquellas que con mucho esfuerzo fueron creadas por el Estado, pero que se traspasaron al sector privado a precio vil, mediante las ideológicas y corruptas privatizaciones de las décadas de 1980 y 1990.
Como sabemos, la mayor parte de los servicios públicos son de propiedad privada, incluida el agua.
La presión política que ejerce el sector empresarial representativo de tales intereses no debe ser menor, por lo tanto. De aquí que no se descarta la posibilidad de que ese mismo sector responsabilice al Estado de Chile por sus pérdidas, ya sea por gestión, por saqueo o por vandalismo producto anexo a la protesta pública, e inicie acciones judiciales para obtener compensaciones pecuniarias desde el Fisco.
La cadena multinacional Walmart, dueña de los supermercados Líder, ya está en ello.
Desde luego, el Gobierno se encuentra metido en un lío difícil de salir. Puede recibir presiones de uno y otro lado. Pero, con el fin de aventar las críticas a la falta de carácter para el manejo de crisis, el Gobierno recurre a la fuerza o a la amenaza de su uso.
Las FFAA se constituyen así en el instrumento más recurrido en estos casos. Pero ello tiene su costo, tanto para la autoridad política responsable como para las propias instituciones militares. Más aún, cuando en las décadas de post dictadura el sector castrense ha intentado mejorar su imagen y sus relaciones con la sociedad civil.
Existe acuerdo entre los expertos en señalar que el empleo de los militares en la confrontación de amenazas a la seguridad interna, conduce más fácilmente a su interferencia en la política.
Ya es sabido que el uso persistente de los militares para el control de los desórdenes públicos los politiza a menudo, aunque tengan una experiencia anterior de neutralidad.
También, el uso del instrumento militar en conflictos internos, puede considerarse una medida populista por parte de un gobierno con el fin de aliviar la percepción de inseguridad que afecta a mucha gente, pero no es recomendable por las razones ya expuestas.
A nuestro juicio, si las amenazas violentistas actuales llegaran a mayores, los estados de excepción constitucional arriba mencionados, serían medidas políticas suficientes para enfrentar tales desafíos.
A nuestro entender, la Constitución no obliga a la restricción amplia de las libertades públicas en caso de aplicarse tales preceptos, sino que estarían sujetas al criterio y decisión del Jefe de la Defensa que designe el Presidente de la República.
Por otra parte, el ejercicio de la democracia implica un conflicto político regulado, en el que la violencia tiene un rol. Pero esa violencia, cuyo monopolio ostenta el Estado, debe contenerse dentro de márgenes éticos que tienen que ver con la proporcionalidad de respuesta, medios utilizados y lo que se quiere proteger.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad deben poseer una doctrina y preparación tal que permita al Estado compatibilizar su deber de resguardar el orden público con su rol protector de las personas, por sobre los bienes.
Una policía sin la adecuada preparación, puede fácilmente sobrepasar esos marcos.
En mi opinión, la militarización de las Fuerzas de Orden en Chile ha ido en desmedro de su función policial.
Los recientes informes de las organizaciones de DDHH describen procedimientos de maltratos a personas, más cercanas a la instrucción doctrinal militar de reclutas que al trato policial adecuado de un sospechoso o inculpado que aun debe pasar por las instancias jurídicas.
Finalmente, es bueno recordar que el orden social no es un fin en sí, pero sí lo son la vida e integridad de las personas.
Fuente: Red Seca
