Este martes se pondrá a prueba en el Senado la fuerza de las presiones de la minería, el agro y el sector eléctrico que apuntan a desmantelar el proyecto aprobado en 2016 por la Cámara de Diputados, que convierte al agua en un bien público.
A partir de las 10:30 horas se revisará en la Comisión de Recursos Hídricos el artículo 6º, específicamente la figura de derechos de agua a 30 años (por lo tanto, temporales) para los nuevos otorgamientos. También, se resolverá sobre el plazo de la extinción de las autorizaciones en caso de no uso por un tiempo determinado.
El Ejecutivo pretende ampliar el período para aplicar la causal de cuatro a cinco años en el caso de los derechos consuntivos y de ocho a diez en el de los no consuntivos.
Todos estos cambios están siendo propuestos por el gobierno vía indicaciones, donde el ministerio de Hacienda tomó el liderazgo en la ofensiva por aplacar la transformación del Código de Aguas.
Pero aún quedan temas relevantes pendientes para las futuras sesiones. Entre ellos revisar si mantener o terminar los privilegios de la minería, único sector que tiene la prerrogativa de usar las “aguas halladas” en sus exploraciones y faenas sin tener que informarlas ni solicitarlas a la autoridad. El Ejecutivo presentó una indicación para dejar todo como hasta hoy.
Asimismo, se propone suprimir la facultad de la Dirección General de Aguas de establecer caudales ecológicos mínimos en ecosistemas amenazados, degradados o sitios prioritarios.
Para las organizaciones, la operación del gobierno y el lobby empresarial es un tema grave, que debe ser observado por la ciudadanía en esta época electoral. Y de esta forma contrastar los discursos públicos de diputados y senadores con su desempeño en las comisiones y sus votaciones en proyectos como la reforma al Código de Aguas.
La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación del Senado está compuesta por Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Francisco Chahuan (RN), Víctor Pérez (UDI), Isabel Allende (PS) y Jorge Pizarro (DC).
Posteriormente el proyecto será revisado por sus pares de Agricultura, Constitución y Hacienda.
