Pasó tal como tenía que pasar, como la crónica de una muerte anunciada, habría escrito Gabriel García Márquez: el senado brasileño, luego de días de sesiones maratónicas destituyo a la presidenta Dilma Rousseff.
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Por 61 votos contra 20, el golpe blanco al fin se consumó y Michel Temer, Vicepresidente de la nación, miembro del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ex partido aliado del Partido de los Trabajadores (PT) desde el primer gobierno de Lula, asume la presidencia de Brasil luego de estos largos procesos de enjuiciamiento político contra la ex presidente Rousseff.
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“Se viola la democracia y se castiga al honesto. Estamos a un paso de la consumación de un verdadero golpe de Estado, del cual surgirá un gobierno usurpador” señaló Dilma previo al veredicto del senado (1).
La destituida presidenta Rousseff, anunció las más enérgica y firme oposición a los golpistas:
“Es el segundo golpe de Estado que enfrento en mi vida. Primero fue el militar (1964), que me afectó cuando era una joven militante; el segundo fue el parlamentario, que me derriba del cargo para el que fui elegida” (2).
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Esta situación se venía larvando desde hace mucho tiempo. La sensación térmica se fue creando, previo a la última elección presidencial, 2014, en donde Dilma es elegida presidenta. Recordemos, como uno de los ejemplos de esta sucia campaña, la tapa de la revista Veja, dos día antes de la elección presidencial con una mitad con la cara de Dilma y la otra la de Lula, acusándolos de ilícitos.
Bajo el argumento de la corrupción de grandes firmas brasileñas, en especial, PETROBRAS, se intentaba personificar en el gobierno de Dilma, a la propia presidenta, a Lula y a muchos dirigentes del PT, como los únicos responsables de los efectos causantes de estos procesos de corrupción.
Al no encontrar elementos probatorios de corrupción en la ex presidenta, el argumento central para su destitución fue el de “haber emitido 3 decretos sin la autorización del Parlamento, hecho que le permitían utilizar fondos de la finanzas públicas, y de esa manera costear sus programas de responsabilidad gubernamental y de atrasos en depósitos en la banca pública” (3), cuestión esta, que gobiernos anteriores habían realizado.
El proceso de impeachment está contemplado en la Constitución del Brasil. Sin embargo, como ha sido usado, las graves insuficiencias del poder legislativo en el tratamiento de esta destitución, nos muestra que la decisión de sacar a la presidente Rousseff del gobierno ha tenido más bien el sabor de un golpe blando o golpe parlamentario.
A todas luces, esto es un mal ejemplo para los países de la región. Los grandes intereses económicos, financieros, mediáticos y políticos, ya no necesitan de llamar a los militares a poner orden en una economía “desvariada”, sino que acuden a estas argucias constitucionales para sacar a un gobierno inoportuno a sus intereses. He ahí, una de las grandes preocupaciones políticas de las fuerzas progresistas y de la izquierda en la región.
El ejemplo reciente de esta destitución, en opinión de analistas, no era tan solo sacar a Dilma del gobierno, sino también impedir el surgimiento de Lula como alternativa electoral para las elecciones presidenciales del 2018, en donde Lula se lo ve como un serio competidor para triunfar en dichos comicios.
Eso, es también, el objetivo de la derecha brasileña, de los grandes gremios empresariales y de los mega medios comunicacionales de ese país, en su política de bloquear de cualquier manera, un nuevo gobierno petista.
Una prueba de fuego, de cómo todo este proceso ha afectado al PT, serán los resultados de las elecciones municipales de octubre próximo. Los muchos años en la gestión de gobierno debilitan a las fuerzas políticas progresistas, de una u otra manera, anquilosa el impulso de llevar a cabo reformas y políticas de mayor densidad para los cambios que la sociedad requiere.
En este sentido, las insuficiencias del PT no haber transformado el viejo sistema político del Estado y especialmente el sistema de partidos políticos, por un lado, como así también haberse alejado de fuerzas políticas sociales representativas como por ejemplo con la poderosa central sindical del Brasil, la CUT, el movimiento de los sin tierra y otros, terminó debilitando al gobierno y al proyecto transformador del PT.
La corrupción existente en Brasil, no es un hecho nuevo, no implica a sectores del PT única y exclusivamente, que sí, han sido parte de este síndrome, sino que abarca al conjunto del sistema político brasileño. Existe una gran cantidad de congresista tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, que están querellados en estos procesos de lavado de dinero (Operación Lava Jato) o financiamiento irregular de sus campañas electorales por las grandes empresas de este país.
Uno de los casos más relevantes, se personificó precisamente en quién autorizara el proceso de enjuiciamiento político en contra de la presidenta Rousseff, el ex presidente de la Cámara de Diputado, Eduardo Cunha.
El flamante “nuevo” presidente Michel Temer está acusado de estar inmerso en actos de corrupción, problema no menor en cuanto a la estabilidad política futura del sistema político brasileño, si llegasen a comprobarse estas denuncias de Temer.
En el terreno político, social y económico, inquietantes son las noticias de este gobierno que ya ha anunciado un ajuste económico, una reducción de numerosos empleos públicos, una nueva reforma laboral, una reforma de la previsión social y una tributaria, que por cierto, no tendrán un carácter progresista y pondrán en peligro las conquistas sociales y económicas de las últimas pasadas décadas.
Así también, programas de alimentación, vivienda y educación que por medio de subsidios del Estado han jugado un rol sustantivo en la reducción de la pobreza, en uno de los países más desiguales del nuestro continente, serán severamente afectados.
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Finalmente, el golpe parlamentario que destituyó a Dilma, ha encontrado diversas reacciones en los países de la región, aquellos, denominados bolivarianos, como Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Bolivia por intermedio de sus presidentes y máximas autoridades, han condenado enérgicamente este Golpe de Estado parlamentario en contra de Dilma, unos y otros, están por cortar relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno, otros como Argentina, y alguna medida Uruguay, han guardado un discreto silencio.
Chile, por intermedio de su gobierno señaló “la confianza en que Brasil resolverá sus propios desafíos a través de su institucionalidad democrática” (4). Pero, más allá de declaraciones más o declaraciones menos, lo preocupante es lo que se denominado como “golpes blandos, la nueva tendencia en la región” (5).
(*) Sociólogo, Dr. en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre de Berlín. Director del Programa Internacional de la Fundación Chile 21.
Fuente: Primera Piedra
Notas:
1-. Ver: Fernando Fuentes: ¿El último adiós de Dilma en Brasil?, en www.latercera.cl , martes 30 de agosto de 2016, pág. 2.
2-. Ver: Dilma dice que el Senado escogió “rasgar la Constitución” y que “es el segundo golpe de Estado que enfrento en la vida”, en www.elmostrador.cl , 31 de agosto 2016.
3-. Ídem, www.elmostrador.cl, 31 de agosto 2016.
4-. Ver: www.latercera.cl , jueves 1 de septiembre de 2016, pág. 3.
5-. Ver: Santiago O´Donnell, Golpes blandos, la nueva tendencia en la región, en www.pagina12.com.ar , jueves 1 de setiembre de 2016.
