Durante las últimas semanas se han conocido públicamente las diferencias entre la CUT y el comando de Bachelet, debido a la inexistencia de propuestas concretas en materia de derechos colectivos, para un posible próximo gobierno de la ex Presidenta y su coalición.
De hecho, el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, planteó: “De nuevo se va a cumplir eso de que es más fácil subir los impuestos que cambiar las leyes laborales”, “no nos van a venir ahora con campañitas de capacitación, cuando lo que hay que hacer es demoler piedra tras piedra el plan laboral heredado de la dictadura”.
Efectivamente y aunque parezca increíble, después de casi 35 años, el modelo de relaciones laborales que impera en Chile sigue siendo aquel que nos heredó la dictadura.
En 1979, y luego de 6 años de masacre del movimiento sindical chileno (la cual no terminó en los años siguientes), José Piñera, ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, logró que la Junta de Gobierno aprobara su Plan Laboral, que, más bien, sólo se trataba de un Plan Sindical que definió las nuevas reglas del juego en materia de derechos colectivos para los trabajadores. Ante las presiones externas y la amenaza de boicot por parte del movimiento sindical estadounidense, había que mostrar “algo” que permitiera blanquear la vergonzosa imagen que Chile seguía dando al mundo.
Ese “algo”, sin embargo, estaba condicionado a una restricción intransable: los trabajadores de Chile no deben pensar en otra cosa que no sea la realidad de la empresa en que trabajan y tampoco deben tener las herramientas para alterar mayormente la tasa de ganancia de los empresarios. En síntesis, se debía construir un Plan, un Modelo, que no bloqueara la cadena de acumulación, ni abriera en el mediano o largo plazo los canales democráticos para que el trabajador volviera a recuperar su rol de ciudadano consciente y pensante.
De esta manera, el Plan Laboral fue construido sobre cuatro grandes pilares (“como las cuatro patas de una mesa”, en palabras de Piñera):
1) Despolitización de los Sindicatos.
2) Negociación Colectiva reducida al espacio de la empresa.
3) Reducción del Derecho a Huelga a su mínima expresión.
4) Paralelismo de las organizaciones (atomización y competencia interna).
Específicamente, esta “Revolución Laboral”, restringió la acción sindical, haciéndola localista y exclusivamente económica, circunscribió la posibilidad de negociar sólo a nivel de empresas, evitando una articulación mayor (rama, holding u otras), prohibió temas negociables, tildados de “facultades administrativas del empleador” (como contratos, reestructuraciones, jornadas, etc.) y eliminó la posibilidad de generar huelgas efectivas, al permitir el reemplazo de trabajadores en huelga, y elimina las huelgas de solidaridad y por causas político-sociales.
Además, generó múltiples desincentivos sindicales, como la habilitación de grupos para negociar contratos colectivos, la extensión de beneficios a los no afiliados y la prohibición de que trabajadores nuevos del sindicato reciban los beneficios obtenidos por éste antes.
En los gobiernos de la Concertación y bajo la actual administración de Piñera, los pilares de esta Revolución laboral no se alteraron un ápice y por ello no es de extrañar que hoy en Chile exista menos de un 15% de sindicalización y sólo el 8% de los trabajadores negocie colectivamente con derecho a huelga (pero con reemplazo). Dado que la negociación colectiva de alta cobertura y centralizada es un importante mecanismo para reducir la desigualdad de ingresos, tampoco resulta extraño que Chile siga siendo uno de los 20 países más desiguales del mundo y que la brecha de ingresos autónomos per cápita (los que se consiguen principalmente en el trabajo) entre el 5% más pobre y 5% más rico se haya duplicado entre 1990 y 2011 pasando de 130 a 257 veces.
Si, supuestamente, es por todos compartido que Chile arrastra una desigualdad vergonzosa y asfixiante y poco o nada se ha avanzado para reducirla, no parece sensato ni creíble que una candidatura presidencial, que asuma esta realidad en su diagnóstico, no incorpore en su proyecto país, para los próximos años, una contrarrevolución laboral que desactive el proyecto remasterizado de la dictadura y que saque de la prehistoria y el autoritarismo a los derechos colectivos del trabajo, que hoy no pasan ningún test democrático.
Fundación SOL, junto a más de diez profesores de Derecho del Trabajo de distintas universidades chilenas y en diálogo con distintas organizaciones sindicales, colocan a disposición de la ciudadanía y de todas las candidaturas presidenciales un “Manifiesto Laboral”, como un aporte (aunque urgente) para la discusión, que justamente se hace cargo de estos problemas, se sale del paradigma neoliberal y se sustenta en los principios de la libertad sindical.
(*) Investigador de la Fundación SOL.
