La decisión del Cuarto Juzgado de Garantía, de levantar el secreto de los aportes reservados a campañas políticas por parte del holding Cencosud, de propiedad de Horst Paulmann, de Quiñenco, empresa matriz del grupo Luksic, y de la sociedad anónima AntarChile, controlada por el grupo Angelini, ha traído consigo dos efectos inmediatos.
El primero, la inmediata defensa corporativa de sus testaferros políticos de la UDI, pues por algo les pagan. Y el segundo, el insomnio, la angustia y la zozobra de quienes han recibidos esos aportes, ante la posibilidad de que se hagan públicos, al estilo de lo que sucedía hace unos meses con los casos Penta y SQM. En rigor, puede quedar la zorra.
El primero en saltar en defensa de las cuentas de los hipermillonarios del país, fue el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, quién consideró al margen de la ley la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En declaraciones a otro testaferro de la clase empresarial, el diario El Mercurio, Larraín se manifestó “sorprendido” que “»un juez pueda pasar por encima de la ley», y advirtió que se trata de una decisión que podría generar un escenario “complejo” y “efectos impensados”.
«Afecta a la seguridad jurídica que se basa en el cumplimiento del sentido de la ley, y en este caso este juez se encontraría alterando el sentido de la ley».
Es una vieja táctica en la derecha: cuando un fallo judicial favorece sus intereses, es un fallo «técnico» y «ajustado a derecha». Cuando los afecta, como en este caso, o es una fallo «fuera de la ley», o en otras ocasiones, una «fallo político».
El tema tampoco pasó inadvertido para los jefes de los partidos del oficialismo. No en vano, muchos políticos de la coalición quedaron marcados por haber recibido aportes funancieros, irregulares o no, de SQM.
El Presidente de la DC, Jorge Pizarro, consideró “extraña” la decisión y consideró que no podrá ser efectiva sin la “anuencia” de las compañías afectadas.
Por su parte, el Presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo que había que respetar lo resuelto por el tribunal, pero coincidió con Larraín que la resolución del tribunal “se aparta del espíritu de la norma establecida».
La decisión la tomó la jueza Carolina Araya para el caso de Cencosud y la magistrada Andrea Díaz-Muñoz respecto a Quiñenco, accediendo así a una petición del Ministerio Público. Se trata de información desde el año 2005 en adelante, cuando comenzó a operar la Reforma Procesal Penal.
Después, le tocó el turno al diputado y ex presidente de la UDI, Ernesto Silva, quién criticó con dureza el fallo judicial que ordena a tres empresas de los grupos Angelini, Luksic y Paullmann (Cencosud) levantar sus aportes reservados a la política, a partir de una querella presentada por un accionista minoritario que acusa «apropiación indebida».
Silva en primer lugar criticó el fallo, pero además, conforme la ley del empate a la que tan frecuentemente apela la derecha, dejó traslucir un secreto regocijo ante tanta gente inquieta por esta posibilidad:
«Hay demasiada gente histérica y eso me da una risa. Lo encuentro notable. Si encuentro que el fallo es contra norma expresa. Pero hoy los tribunales hacen lo que quieren, los fiscales hacen lo que quieren y allá que opere. Lo que va a pasar es que sí se va a conocer información interesante».
En un programa de la radio Bío Bío, agregó: :
«Al final del día, cuando la tropa de hipócritas, que le pegaban al mundo empresarial, a las ideas de mercado, aparezcan financiados por esas empresas, va a ser un picnic de hipocresía, porque al final hay muchas personas que han recibido aportes reservados, yo he recibido por ejemplo, y muchas veces va a haber coincidencia entre los postulados que uno ha planteado en la discusión pública e instituciones que aportan a esas personas. Cuando aparezcan Michelle Bachelet con aportes de no sé cuanta cantidad de empresas, Guido Girardi, por mencionar amigos y panelistas de programas como este, cuando aparezcan personas recibiendo de empresas y plantear todo lo contrario, eso ya no es un aporte para promover ideas de las empresas sino para obtener favores y cercanía política. Eso yo creo que va a ser muy interesante en Chile. Qué explicaciones va a dar la izquierda para decir que se financió desde el mundo empresarial que ha despreciado».
Lo dice uno que sabe, porque de hecho es el parlamentario que mayor cuantía de aportes reservados ha recibido. De modo que, estamos notificados. Hay que tomar palco, porque hay varios que van a salir al baile de los sobornos político-empresariales. Y nada menos, que de los principales grupos económicos del país.
No estaría demás que organizaciones ciudadanas apronten recursos basados en la ley de transparencia para inquirir esa información, en el hipotético pero probable caso, que poderosas presiones inhiban las indagatorias de esas juezas.
