Por Francisco Rivera Tobar (*)
Desde el triunfo de la Nueva Mayoría en marzo de este año, mucho se ha escrito y polemizado respecto de carácter de las reformas contenidas en el programa de la coalición gobernante. El contexto de expectativas abierto desde entonces, viene a condensar un proceso de acumulación social que en la última década ha tenido una gran expresión de masas, alcanzando sus puntos más altos en los años 2006 y 2011.
De este modo, los sabidos ejes reformistas del programa de gobierno, referidos a la generación de una nueva Carta Fundamental, de profundas transformaciones al sistema educativo y tributario, constituyeron los pilares originales de las transformaciones comprometidas. No obstante, a poco andar -y producto de la influencia de las organizaciones sindicales- se sumaron las Reformas Laborales como una de las áreas en que es imprescindible contar con cambios estratégicos.
¿Réquiem para un modelo?
En suma, el contexto político actual da cuenta de que se ha generado consenso en torno a que el modelo neoliberal no puede seguir profundizándose, sino que, por el contrario, debe recibir transformaciones o reformas que descompriman la creciente presión social y corrijan las asimetrías impulsadas en un contexto de represión política y ultraliberalismo económico.
Así, este diagnóstico asumido por el actual gobierno se encuentra íntimamente relacionado a las demandas impulsadas desde el mundo popular respecto del diseño, desarrollo y alcance de las reformas. No obstante, este consenso es frágil, tanto, que dentro de la misma coalición de gobierno existen posiciones que transitan desde la generación de transformaciones cosméticas hasta aquellas que buscan cambiar las bases del modelo de desarrollo nacional, restituyendo el rol del Estado como garante de derechos concebidos como inalienables al ser humano. En esta postura, es donde se cobijan las mayores expectativas respecto del nuevo contexto, en tanto se le concibe como favorable para la profundización del sistema democrático, configurando de manera paulatina un escenario político que permita pensar en la alternativa al neoliberalismo como un horizonte posible.
Entonces, lo que las fuerzas progresistas deben tener en cuenta es que debido a la naturaleza y áreas de intervención de las reformas propuestas, la generación de una “crisis de expectativas” es una posibilidad cierta.
Tal como lo han demostrado los continuos ejercicios de desinformación de masas impulsados por la derecha, las erráticas orientaciones respecto de la reforma educacional y las desacertadas -pero honestas- declaraciones de Andrés Zaldívar y su metáfora de la “cocina” como el espacio de toma de decisiones políticas, privatizando la discusión y las sanciones de medidas orientadas a aminorar la vergonzosa distribución del ingreso, que ha consagrado a Chile como uno de los países más desiguales de América Latina (sólo superado por Brasil) y -por consiguiente- del mundo.
Un campo en disputa
Para que las expectativas se conviertan en alternativas antes que en frustraciones, el movimiento popular debe tener conciencia que la naturaleza, el sentido y la profundidad de las reformas se va a definir en un campo que está en disputa, y donde los consensos rápidamente serán abandonados. Un buen ejemplo para graficar estas reflexiones y adelantar escenarios, lo constituye el anuncio por parte de las autoridades de que en el mes de octubre se enviarán las Reformas Laborales. Éstas tienen como objetivo “nivelar la cancha”, es decir, restituir la posición del movimiento sindical y la Central Unitaria de Trabajadores como interlocutores válidos entre los empresarios, sus organizaciones gremiales y el Estado. En este sentido, los anuncios referidos a la titularidad sindical, el fin del reemplazo en huelga y la negociación colectiva efectiva, se orientan a fortalecer el movimiento sindical y sus organizaciones.
Muy por el contrario de quienes plantean que dichos anuncios constituyen una “reformita”, en tanto se orientan a generar más bien una “condición mínima, necesaria pero no suficiente”. Consideramos que el anuncio de las reformas, al orientarse a desatar algunos “nudos” presentes en el Código del Trabajo, tienen por destino construir un escenario que potenciará las articulaciones de trabajadores y con ellas el reforzamiento de la negociación colectiva como herramienta para aumentar el poder de las organizaciones sindicales en el mundo del trabajo.
Una interesante muestra de los frágiles consensos y profundas resistencias en esta materia, y que da cuenta de los alcances e importancias de las reformas, lo constituyen las palabras pronunciadas por el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, en su discurso de la ENADE celebrada en octubre del año 2013. Encuentro que tuvo como slogan el mirar, “más allá”, plus ultra, en su nomenclatura.
Al realizar este ejercicio, Santa Cruz avizoró el reconocimiento del sindicato “como el principal actor en la negociación colectiva” y la “necesidad de ampliar las materias propias de esta”. Todo esto, motivado por un “animo dialogante y constructivo” entre representantes de la empresa y los trabajadores, a la vez que conscientes que “la adaptabilidad laboral es un factor crítico del éxito de la empresa nacional y para una parte sustantiva de la población que exige oportunidades laborales a su medida, que no signifiquen vulneración de sus derechos. Una institucionalidad moderna y dinámica, junto con reformas en educación y capacitación, permitirá aumentar la productividad de los trabajadores”.
Sin embargo, Santa Cruz, se alejó de la declaración del encuentro e inmediatamente mira “hacia atrás”, apelando en su looking back, a que para “enfrentar el futuro con responsabilidad, es importante tener en cuenta los aciertos del pasado, que con el tiempo se han constituido en las fortalezas de las que hoy gozamos como nación y no podemos darnos el lujo de poner en riesgo. […] debemos fijarnos metas más exigentes, pero sin olvidar nunca las condiciones básicas que han sustentado este avance. […]. En el caso de Chile, los cambios en la estructura institucional que se iniciaron en la década de los ’80 y se profundizaron con el retorno a la democracia crearon los cimientos de nuestro actual sistema económico”. Esto es, reformar sin modificar la estructura del Plan Laboral diseñado por José Piñera y sancionado por la dictadura en 1979.
Estas declaraciones dan cuenta no sólo de dónde están los límites o escollos de las reformas, sino que las concepciones respecto del escenario que se avecina y que puede ser también un escenario para profundizar la flexibilización laboral, la precarización del empleo, o para despejar “la incertidumbre respecto de cómo resolveremos el tema de la consulta contenida en el Convenio 169 de la OIT”, evaluada como “perniciosa” para la inversión, en tanto que en sus aspectos centrales establece la consulta a los Pueblos Originarios en aquellos proyectos que los afectan directamente.
En consecuencia, las elecciones de marzo desataron un contexto de oportunidades políticas que es para todos los grupos interesados, debiendo el movimiento sindical fortalecer una estrategia orientada a la conformación de una Nueva Institucionalidad Laboral, que se encuentre en sintonía con los convenios de la OIT ratificados por el Estado chileno, al mismo tiempo que reforzar sus convicciones ideológicas en torno a que esta constituye una oportunidad que desde hace 35 años se encontraba cancelada.
En síntesis, muchos son los escollos, algunos de ellos “nuevos de puro viejos”, como el “factor miedo” que se ha instalado de forma sistemática en las últimas semanas. ¿A quién favorece este enrarecido clima político-social?, pues a los defensores del status quo, a los conservadores y promotores de la desigualdad.
Romper el miedo y agilizar las reformas requiere entonces de un movimiento sindical activo, vigilante y propositivo, capaz de copar los espacios de decisión y socializar el debate, sacándolo de los espacios privados a los que los quieren llevar aquellas minorías de vocación autoritaria que defienden sus privilegios. Desde ya, este es el gran desafío de los trabajadores chilenos.
(*) Profesor de Historia y Ciencias Sociales. Director del Área Laboral del ICAL.
Fuente: ICAL
