La decisión presidencial de cerrar el Penal Cordillera donde cumplían condena militares violadores de derechos humanos se ajusta acertadamente a una correcta doctrina republicana de no discriminar en materia penal y de no persistir en ofensas indebidas de parte del propio Estado a las víctimas de tales hechos y sus familiares. La manera como se comunicó e implementó esa decisión es, lamentablemente, la demostración palpable del trazo político burdo y falto de finura que caracteriza al gobierno.
Es desconcertante que entre el anuncio de tan importante medida, el día jueves 25 de septiembre, y el traslado efectivo de los reos que se produjo a medianoche del día sábado 28, no haya mediado un tiempo breve, que demostrara una adecuada planificación y un manejo prudente y austero de las tensiones que ella implicaba, para concentrarse así en su trascendencia y significado de la manera más limpia. El tiempo transcurrido entre un momento y otro, ampliamente cubierto por los medios de comunicación como algo tenso, en especial la TV, enervó de forma indebida el ambiente, lo que felizmente no derivó hacia un problema mayor.
En medio de los hechos, se produjo también en la mañana del sábado el suicidio del ex director de la CNI, Odlanier Mena, quien cumplía condena en el Penal Cordillera, lo que puso una nota de dramatismo al momento, y empañó el impacto noticioso positivo que había alcanzado la decisión presidencial, en gran medida por la historia personal del militar muerto y sus roces con la cúpula de la DINA.
Tal hecho, y las reacciones del sector político oficialista que criticó la decisión presidencial, dejó en evidencia que el país está lejos de haber consensuado una doctrina de Estado sobre la inadmisibilidad histórica de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares durante la dictadura. Dejó en claro también que es tarea pendiente una rectificación que separe a estos reos de la imagen corporativa de la institución militar, la que debe privarlos de sus fueros y velar porque cumplan sus penas sin condicionamientos provenientes de su antigua condición de militares.
Desde el punto de vista de los civiles también hay deudas. No son claros los fundamentos que llevaron a Ricardo Lagos —siendo su ministro de Defensa en la época Jaime Ravinet— a crear el Penal Cordillera en noviembre de 2004. ¿Hubo presión militar o simple condescendencia? Tampoco es claro el curso de acontecimientos que hizo que a partir de esa fecha, pasando por las administraciones de Michelle Bachelet y del propio Sebastián Piñera y connotados políticos como ministros de Defensa, el penal se convirtiera en una ofensiva expresión institucional de privilegios. En dicho recinto no sólo se discriminó positivamente a sus reos frente al resto de la población penal del país con prebendas vergonzosas, sino que se dejó en evidencia que tanto para el Estado como para el Ejército, tales reos continúan mereciendo el reconocimiento explícito de sus fueros militares.
Lo lesivo de tal situación es que el penal fue prácticamente construido para cobijar a la plana mayor de la DINA, emblema de exterminio y bestialidad de la dictadura. A sus instalaciones llegaron en enero de 2005 Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito y Fernando Laureani, y en junio de 2006 Pedro Espinoza.
Poco satisfacen a la inquietud ciudadana las explicaciones del ex Presidente Lagos de que ordenó la creación de un recinto sin privilegios y que lo ocurrido en años posteriores constituyó “una violación de las normas de Gendarmería”. Es inevitable ver en el origen y existencia del penal una mirada relajada, condescendiente y transversal de la elite política frente a ese tipo de reos, que generó una situación que es tanto o más grave no sólo por el hecho en sí, sino por el peso simbólico que tiene para la salud de la República y sus instituciones.
El lamentable deceso de Odlanier Mena indica que la tensión emotiva que ronda los hechos de 1973 sigue siendo enorme para todos sus protagonistas, aún después de 40 años de ocurridos. Por lo mismo, la indiferencia o desidia política de pensar que todo es empate o todo se puede negociar, hace trastabillar los valores de la República tornando instrumentales las instituciones y justificando todo “en las condiciones políticas del momento”, como dijo la ex Presidenta Bachelet.
La protección que la institución militar del país ha tratado de dar a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, manteniéndoles sus fueros, grados y prebendas, y buscando para ellos posiciones de privilegio en su reclusión, daña el honor de la profesión militar y ofende a la República, pues implícitamente está justificando sus delitos. Si el mundo militar, con un universo simbólico lleno de alusiones al honor, la patria y la nación, permanece inmutable frente a esos crímenes y no reacciona rectificando de manera clara su doctrina, está debilitando la moral de la población y la confianza que la ciudadanía ha depositado en él.
La decisión del Presidente Piñera ha marcado un hito importante en el cuenta gotas nacional de los temas pendientes de nuestro desarrollo político e institucional como República después de recuperada la democracia. Uno de los pendientes es perseverar para separar a las Fuerzas Armadas, tanto en su formación como en su doctrina, de aquellos que han manchado su uniforme. Ello requiere en gran medida una profunda reflexión interna de las propias instituciones y decisiones fuertes de su parte, como directamente degradar a los violadores de derechos humanos. Ser más que parecer es la leyenda de una condecoración militar chilena. Las Fuerzas Armadas debieran aplicar ese sentido y evitar que su corrección provenga de espasmos externos como el cierre del Penal Cordillera.
Fuente: El Mostrador
