El caso del Servicio de Impuestos Internos se enmarca en el clásico concepto de falta de probidad de una autoridad pública. El servicio y su director están investidos de capacidad para fiscalizar empresas que tributan al Estado, y por tanto a todos los chilenos y chilenas. Lo que ha salido a la luz pública, a partir del informe de la Contraloría General de la República, es que el ex Director del Servicio, Julio Pereira, no se inhabilitó en procesos mayores de condonación de impuestos a empresas de las cuales él era accionista.
El punto de mayor conflicto, además, es la situación de la empresa Johnson’s, que fue beneficiada con una condonación por cinco mil millones de pesos, aproximadamente 120 millones de dólares.
Luego de este beneficio, fue comprada por el holding CENCOSUD en 64 millones de dólares, del cual Pereira es accionista.
El señor Julio Pereira es un abogado especialista en derecho tributario, con carrera en el ámbito privado en una de las principales consultoras en gestión del país.
A partir de este “curriculum de excelencia”, fue nombrado en la dirección del SII por el actual gobierno.
¿Cuál es el fondo en este caso, más allá del revuelo público y la condena socio política que se hará en las próximas semanas?
Primero, una discusión clásica en la economía política: utilizar el Estado para los intereses de una clase social específica, que en este caso es la “burguesía” sostenedora del poder en Chile.
Segundo, la fiscalización a las autoridades de gobierno y administrativas por parte de otros actores de clase, como los trabajadores y trabajadoras.
Sobre la utilización del Estado para los intereses de una clase, el caso de Julio Pereira constata que el Estado, en la democracia liberal-burguesa, sigue y seguirá siendo un aparato no sólo de dominación de clases, sino también un instrumento para el beneficio de una clase en específico.
La condonación benefició a los grandes empresarios y el Estado de Chile dejó de percibir recursos. Además, se utilizó el Estado para reproducir el capital financiero. La condonación facilitó la venta de una empresa entre actores privados, que se beneficiaron de poder transar una empresa sin deuda tributaria.
Los únicos que perdieron fueron los chilenos y chilenas que requieren recursos del Estado para mejorar sus condiciones de vida.
El Estado perdió 120 millones de dólares, mientras que Johnson’s se transó en 64 millones dólares.
Sobre la fiscalización a las autoridades de gobierno y administrativas por parte de otros actores de clase: los trabajadores y trabajadoras del SII denunciaron a primera hora las irregularidades de este caso, ante la Contraloría General de la República.
Estas denuncias fueron claves para ver los resultados, que terminan con la renuncia de Julio Pereira. La acción fiscalizadora activa de los trabajadores y trabajadoras permite ver nuevamente las contradicciones de clase que existen en nuestro Estado.
Contradicciones que siempre se tratan de aplacar por medio de renuncias, en vez de asumir responsabilidades político–administrativas.
Todo esto ha sido perceptible por la connotación política y mediática de quienes se han involucrado.
La burguesía chilena no ha cuestionado en nada el rol de Pereira. Por el contrario, lo justifican y lo seguirán justificando.
Al final del día, el ex Director de SII hizo lo que su condición de clase determina: hacer uso del Estado para sus intereses económico- políticos, y beneficiar a su clase.
