Una interminable saga de evidencias demuestran que nuestros valientes soldados están muy lejos de ser soldados, dado que en su actuar de los últimos 40 años ni han mostrado los atributos propios de una institución a quien el país le confiere el poder de las armas, ni han probado tener la mínima solvencia moral para ello. Estos supuestos soldados también están muy lejos de ser valientes, dado que el combatir contra hombres maniatados, mujeres y niños no es precisamente una muestra de coraje.
Los chilenos esperamos que al menos los miles de millones de dólares que les damos para sus juegos bélicos y para los privilegios de sus oficiales, se gasten en acciones de verdaderos soldados que actúen alguna vez con un mínimo de hombría: que den la cara y hablen de frente diciendo la verdad y afronten las consecuencias.
Ello no seria un gran problema, considerando el clima de hipocresía y dobles estándares con que la dictadura de civiles y militares implantó su forma de hacer país en 1973 por 17 años y que la Concertación gratamente continúo por 20 años adicionales.
Lo crítico para los valientes soldados es que su futuro inmediato enfrenta barreras éticas que la ciudadanía no les permitirá ignorar.
Por un lado han negado persistentemente y a pesar de toda la enorme evidencia en contrario, que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por miembros de sus filas, no han sido una política institucional sistemática y correspondiente a una estrategia de aniquilación física, moral y social de la disidencia.
Sin embargo, insisten en mantener como parte valida de sus instituciones, a criminales convictos condenados decenas de veces por los Tribunales de la República. Insisten en mantener sus prebendas, sueldos, medallas, grados y garantías excepcionales mientras cumplen prisión y como ex convictos.
Más aun el mismo General Cheyre reconoció que nunca dejó de visitar a los militares presos y lo consideró una obligación en su carácter de comandante en jefe.
Si las violaciones de DDHH no hubieran sido parte de una estrategia sistemática de las FFAA, estos criminales ya deberían haber sido degradados en deshonra y todos sus beneficios cortados. Un Comandante en Jefe no ensuciaría su imagen y su investidura, visitando convictos culpables de horrores nunca vistos en la historia de Chile.
Por otro lado, si estas violaciones a los DDHH hubieran sido excesos individuales en el caos de una guerra sucia, resulta evidente que estos criminales deberían estar destinados a los tachos mas inmundos de la basura histórica y, sin lugar a dudas, las FFAA ya los habrían eliminados con la deshonra propia de toda escoria institucional.
Toda institución que funcione dentro de marcos mínimos de integridad, se alejaría totalmente de la existencia de estos sujetos y por supuesto el Comandante en Jefe ni siquiera nombraría sus nombres.
Si la violación de los DDHH por las FFAA de Chile no fue una política sistemática y oficial, y si tampoco los criminales condenados corresponden a individuos culpables de excesos en los que la Institución no tiene responsabilidad, cómo entonces se explican las ejecuciones sin juicio, las torturas indiscriminadas, los hostigamientos cobardes y masivos, el exilio y los continuos asesinatos.
Cardemil, un sujeto que cuesta mencionar por su hedor a cinismo e hipocresía, intentó justificar todo con la figura de la Guerra Sucia. Lo efectuado por los valientes soldados correspondería, sin duda, a una guerra sucia, triste denominación para el quehacer institucional de soldados de una nación, pero ello obviamente, confirmaría que la tal guerra sucia fue una decisión de las FFAA y fue por tanto una política sistemática e institucional de violación de los DDHH.
Los valientes soldados tienen un problema.
Si su actuación en la represión de la Dictadura fue una política sistemática diseñada y aprobada por su institucionalidad, se estaría en una situación de genocidio contra su propio pueblo. Un delito ciertamente de lesa humanidad que desvirtúa su carácter de depositario legal del derecho a portar armas y usar la violencia que la Constitución les ha dado. Tras la investigación y sanciones correspondientes, su historia y su constitucionalidad ya no serviría, y debería implementarse un nuevo cuerpo militar. Precedentes en la historia universal hay de sobra.
Si su comportamiento brutal contra los derechos de la ciudadanía se atribuye a excesos de individuos al margen de su control, las FFAA deberán rendir cuenta de las razones por las que ello ocurrió y por cierto, además de expulsar y degradar con deshonra a los culpables, los altos mandos deberán colocar sus nombres y su historia al veredicto de la justicia.
Los chilenos esperamos que al menos los miles de millones de dólares que les damos para sus juegos bélicos y para los privilegios de sus oficiales, se gasten en acciones de verdaderos soldados que actúen alguna vez con un mínimo de hombría: que den la cara y hablen de frente diciendo la verdad y afronten las consecuencias. Como hombres y mujeres bien plantados.
Los chilenos solíamos emocionarnos ante la marcialidad de nuestros soldados. No ahora. Hasta los niños se preguntan si estos soldaditos vendrán un día por su padre o por su hermano, tan clara es la evidencia irrefutable de los hechos.
Quizás es el momento que los chilenos demos la espalda al desfile tradicional de esta Institución y regalemos en su día, el 19 de Septiembre, un presente ejemplarizador que resuene con la angustia de un pueblo que ve sus soldados, marinos y aviadores reducidos a una mafia inmoral que ya no tiene espacio en sus imaginarios para una gran nación.
Un pueblo que les dé la espalda al momento de sus tradicionales brillos marciales podría, quizás, remecer las conciencias de los verdaderos soldados de la patria, que de seguro hay muchos, y generar en sus círculos, la vergüenza necesaria para enfrentar a aquellos que les dan un salario, privilegios excepcionales y uniformes de hermosa textura que debieran adornar cuerpos y almas con la rectitud e integridad que de ellos se espera.
Si hay algo común para los soldados de todo el mundo y de todo momento histórico, es su honor. No puede ser de otra forma porque el derecho a matar debe estar enmarcado por ese ribete valórico universal que garantiza propiedad, derecho e integridad en el actuar: el honor militar.
Chile espera de sus FFAA su justa demostración de honor y todo lo que ello conlleva. Es tiempo.
Fuente: El Quinto Poder
