Uno de los temas que más permanentemente se escuchan como críticas de la ciudadanía es el sistema previsional. La indignación con un mecanismo que se ha vuelto una fábrica de pensionados pobres es creciente. Aumenta la rabia la percepción de que las administradoras hacen un gran negocio mientras sus cotizantes caen en la miseria. El sistema fracasó. Todas sus promesas se han transformado en mitos que hoy parecen una mala broma.
Se dijo que tendría menores costos de administración. El argumento cae por su propio peso. Los costos son altos y abusivos. La última licitación de nuevos cotizantes arrojó que una administradora ofreció cobrar 0,77%. Las restantes promedian el 1.4%. La más cara llega a 2.3%. Por décadas se cobraron guarismos equivalente cercanos al 3%. Esos puntos de cotización mensual, en un ingreso de $500.000, por cuarenta años de trabajo, pueden significar más de $120.000 de pensión mensual que han quedado en manos de las AFP.
Se dijo que bastaría con un 12% de cotización para obtener buenas pensiones. Hoy los mismos que lo predicaron por años, que crearon y se enriquecieron con este sistema, burlándose de las ex cajas, postulan elevar el ahorro y nos dicen que el actual no alcanza. O sea, no era cierto.
Vendieron la ilusión de que podrían otorgar buenas pensiones con menos cotización y fracasaron. Con ese argumento, más las presiones de la dictadura, obligaron a muchos a cambiarse a este espejismo.
Se dijo que se obtendrían rentabilidades significativas producto de la diversificación de cartera. Sin embargo, éstas han ido decayendo. Hoy apenas se llega a entre el 6 y 7 % promedio, poco más que un ahorro a plazo fijo de gran extensión, por cierto más estable y seguro.
La trampa está en que habitualmente, las estadísticas se realizan tomando o desde el inicio del sistema, que incluye el ciclo positivo de la salida de la debacle de los ’80 o desde el inicio de los multifondos, el 2002, que incorpora el período de salida de la crisis asiática.
Se dijo cada persona se auto gestionaría su pensión, aliviando la carga del Estado. Ello es una utopía. En un país con el nivel de sueldos bajísimos que tenemos el ahorro propio no basta.
Muchos chilenos aunque cotizan toda su vida obtienen pensiones insuficientes. No es posible que éstas queden entregadas al esfuerzo individual. Es necesario un apoyo del Estado a favor de quienes tienen menos; también de los empleadores y, además, algún esfuerzo redistributivo. El pilar solidario de la reforma previsional ya demostró que la capitalización individual requiere ser complementada.
Esta suma de factores, vale decir costos en comisiones más allá de lo razonable producto de la avaricia y de la nula competencia; menor ahorro previsional, tanto por la reducción de la cotización como por la alta rotación laboral y baja densidad; decreciente rentabilidad y alta volatilidad y riesgo en las inversiones, junto con la inequidad e insuficiencia de la capitalización individual terminaron por hacer colapsar este sistema que hoy no da para más y requiere un cambio urgente.
Las AFP perdieron su oportunidad. Están muy lejos de entregar pensiones del 75% de las últimas remuneraciones como se prometió. Según el Boletín de la Superintendencia, el número de pensiones pagadas al mes de julio de 2012 ascendió a 944.867 con un monto promedio de $177.021, de las cuales 469.621 corresponden a la modalidad más usual, el Retiro Programado, donde el promedio para la pensión de vejez llega a apenas $ 112.444.
Es un sistema que fracasó rotundamente. Se trata, sin duda, del próximo lucro que hay que enfrentar en la sociedad chilena, como lo han hecho diversos países que ya han terminado con la capitalización individual en los últimos años.
No será un camino fácil. El entramado de intereses existentes es enorme. La economía chilena se ha vuelto dependiente de los fondos de pensiones, como lo demuestra la enorme polémica que ha levantado la Superintendencia de pensiones cuando apenas un 2% de los cotizantes activos ha seguido las recomendaciones de Felices y Forrados.
Sin embargo, debemos cambiar este sistema de raíz introduciendo, como medida inicial, competencia mediante una AFP estatal que reduzca radicalmente los costos y analizando, también, enmiendas más profundas, como aumentar el aporte fiscal, establecer una cotización del empleador, generar algún mecanismo de redistribución o reparto y crear mecanismos que disminuyan o atenúen la exposición al riesgo de los fondos.
(*) Senador por la Región de Magallanes
