Varios ex comandantes en jefe procesados; escandalosos casos de fraude; razia en cuerpo de generales; agravios en derechos humanos…
El resumen deja al Ejército de Chile, como institución, en el peor de los mundos.
Varios de sus ex comandantes en jefe indagados o procesados por distintas causas, casos de corrupción que se siguen sucediendo y en donde aparecen vinculados decenas de generales y coroneles, continuidad de agravios en materia de derechos humanos y episodios enrarecidos como la razia que se tuvo que hacer en el cuerpo de generales.
Persisten casos abiertos como el “Milicogate”, el de “Empresas de Turismo”, y FAM (Fondo Ayuda Mutua) en Aysén, donde se involucran, a lo menos, varios miles de millones de pesos defraudados al Fisco o simplemente robados por parte de uniformados.
Se cierran otros, como la condena a tres años de prisión al ex jefe de la entidad castrense, general (retirado) Juan Emilio Cheyre, acusado por el magistrado Mario Carroza de encubrimiento en el caso de 15 ciudadanos asesinados por uniformados integrantes de la “Caravana de la Muerte” en La Serena en 1973; y también el procesamiento al general John Griffiths, quien era el segundo al mando del Ejército y Jefe del Estado Mayor, y terminó juzgado y sancionado por fraude al Fisco.
Por primera vez en décadas, casi la mitad de los generales (21 de 46) fueron pasados a retiro, varios de ellos bajo la sombra de estar metidos en irregularidades. Lo habitual era un cambio de siete o diez generales.
Al mismo tiempo, continúan los cuestionamientos a la principal rama de las Fuerzas Armadas (FFAA) por el probable ocultamiento de información respecto a lo sucedido con más de mil detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, y fuertes críticas ante episodios como el homenaje que se hizo en el interior de la Escuela Militar al ex oficial Miguel Krassnoff, condenado a cientos de años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
Frente a todo ese panorama, el actual Comandante en Jefe, general Ricardo Martínez, afirmó categórico que “hoy tenemos problemas, pero no estamos en crisis”. Desde el alto mando sostienen que los sucesos de corrupción, fraudes e irregularidades son particulares, obra de personas, y no es la institución la comprometida.
Sin embargo, la cantidad de jerarcas militares involucrados, los montos de dinero defraudados o robados, la continuidad y cantidad de episodios sucios, el involucramiento de stamentos y estructuras internas, la condena de Cheyre y cuestionamientos por casos de derechos humanos, evidencian que sí hay una crisis y que es un tema institucional y no solo de algunas personas.
El ejemplo que refuerza esa evidencia, es que la opinión pública fue testigo de que el Gobierno planteó al general Martínez que, como nunca, revisara concienzudamente el listado de generales y coroneles para hacer los ascensos y proceder a los llamados a retiro este 2018, ya que se presume que muchos de ellos están involucrados, en mayor o menor grado, en situaciones de irregularidades y faltas.
Es decir, es un problema institucional.
El Presidente Sebastián Piñera tuvo que declarar que “es muy importante que el alto mando futuro no tenga ninguna relación ni responsabilidad con irregularidades y eventuales malversaciones de fondos públicos”.
Cuando se supo de la lista de altos oficiales pasados a retiro, el ministro de Defensa, Alberto Espina, señaló a la prensa que “sería injusto deducir que todos están involucrados” en episodios de irregularidades.
Con ambas declaraciones, quedó tácitamente establecido que algunos generales, no todos, cometieron actos de corrupción y se saltaron las normas.
Que se haya llamado a retiro a 21 generales y se haya parado el ascenso de muchos coroneles, es parte de un panorama de crisis dentro de esa entidad castrense.
El libro de las lecciones…no aprendidas
La situación, a finales de este año, es bochornosa, si se considera además que en enero de este año, el entonces jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, le entregó a quien era ministro de Defensa, José Antonio Gómez, el libro de 31 páginas, titulado “Lecciones Aprendidas de un Fraude”,donde se sacaban enseñanzas sobre fraudes millonarios (5 mil millones de pesos en total) cometidos en 2014 por miembros de la institución, que incluyó proveedores y otros agentes, y donde hubo malversaciones de platas provenientes de la Ley Reserva del Cobre.
A partir de ese texto, de acuerdo a una nota de la propia entidad, “el Ejército al detectar y denunciar el hecho ante la justicia, estableció una serie de 22 medidas puntuales que fueron implementadas en la Institución, orientadas a evitar la ocurrencia de un hecho de estas características”.
El mismo año que se dio a conocer el libro, otro caso de corrupción sacudió a la rama de las FFAA. Está claro que esas 22 medidas no se están aplicando, no se conocen o se vulneran, y que el libro, que incluso se hizo llegar a la Contraloría General de la República, está sirviendo de poco.
“Empresas de Turismo” o “Reembolsos Fraudulentos”
La última trama conocida es la de “Empresas de Turismo”, así denominada en el ámbito judicial, pero que se podría llamar algo así como “Reembolsos Fraudulentos”, sin tanto eufemismo. Hasta donde se sabe, esto le ha costado al Fisco varias centenas de millones de pesos a partir de la actuación ilegal de un numeroso grupo de generales, coroneles y oficiales de menor rango.
En concreto, el Ejército compraba pasajes de avión a agencias de viajes para oficiales en comisión de servicio en el extranjero (se solía adquirir los más caros), luego algunos de esos sujetos contactaban con la empresa turística para modificar el pasaje y el valor -en ocasiones el itinerario- lo que les permitía viajar con familiares e ir a pasear a lugares turísticos en ciudades como Orlando y Miami (Estados Unidos), Punta Cana en República Dominicana y ciudades en Europa. La operación incluía “reembolsos” que incluso llegaron a hacerse en efectivo, que eran de varios millones de pesos, y a través de la figura de pagar un supuesto “sobre peso” de equipaje.
Junto a eso, hace unas semanas se abrió una investigación específica por pagos fraudulentos o irregulares de “sobre peso” de equipaje a oficiales que viajaron en misión a Haití. No se fiscalizaba si la plata se usaba o no para aquello.
La investigación la está llevando a cabo la magistrada Romy Rutherford, y de acuerdo a informes extraoficiales son muchos los generales y coroneles que habrían entrado en esta red de reembolsos irregulares y de uso indebido de pasajes y dineros. Hasta el momento se sabe que fueron o son investigados y procesados John Griffiths, el ex jefe del Estado Mayor, el general Werther Araya, y los coroneles Fredis Jara, Rodolfo Hidalgo, Juan Cornejo, Sergio Vásquez e Iván Faber. Las operaciones se efectuaron en las agencias de viajes “Turavión”, “Latrach”, “Tupper Viajes”, “Costanera Limitada” y “Cocha”. En estas acciones estuvieron metidos oficiales del Comando de Personal y de la Sección de Pasajes y Fletes del Ejército.
Llamó la atención la declaración del abogado Luis Valentín Ferrada (quien fue diputado de Renovación Nacional), defensor del coronel Sergio Vásquez, quien afirmó:
“Entre 2009 y 2015 salieron fuera del país 1.503 soldados: 348 generales, 892 coroneles, y más de 300 suboficiales y clases. Este número es exacto, porque está extraído de los decretos supremos que en cada caso los revisé, firma el ministro de Defensa por orden del Presidente, disponiendo las comisiones de servicio en el exterior”.
Y añadió:
“Todas estas personas han ocupado exactamente el mismo sistema que hoy se reprocha (reembolsos, pagos de “exceso de pasajes”, asignación de pasajes a familiares, itinerarios a lugares de recreación…) porque era la única forma de operar”. Valentín Ferrada fue más preciso e indicó que “todos (contaban) con el mismo pasaje en Economy One Way, que era un cupo para los efectos de las tarifa y que cada una de estas personas negociaba después con la agencia de turismo, que eran licitadas por el Ejército, para precisamente mover todo este sistema”.
Luego se informó que esposas o cónyuges de autoridades del Ejército trabajaban en esas empresas de viajes.
Uno de los casos más notorios en este asunto fue el de nada más y nada menos que segundo en la jerarquía del Ejército, el ex general Griffiths, que terminó defraudando a Fisco por 44 millones 600 mil pesos en esta trama de los viajes y pasajes.
Sin embargo, se habla de 15 generales y unos 50 coroneles ligados al fraude al Fisco por estos reembolsos, pasajes piratas o pagos de supuesto “exceso de equipaje”.
Caso Aysén
Poco a poco se fue conociendo una situación muy grave en Aysén, que incluyó dos allanamientos a dependencias del Regimiento Chiloé, donde radica la Comandancia de la IV División del Ejército. La medida fue instruida por el Fiscal Regional, Carlos Palma, en una investigación -que sigue su curso actualmente- por fraude al Fisco, por pagos de contrataciones y honorarios y comisiones de servicio que no se efectuaron.
En el caso están vinculados oficiales activos y en retiro, y según reportes de prensa irían de cien a seiscientos. Todo esto en cuanto al manejo y funcionamiento de un denominado Fondo de Ayuda Mutua (FAM), que consistía en una especie de caja o fondo común de uso de los uniformados. Este fondo habría llegado a su fin o quebrado en 2006, generando una práctica ilegal para hacer pagos adeudados.
De acuerdo al fiscal Palma “en los últimos años habrían existido fondos del Estado que habrían sido indebidamente desviados para pagar a particulares, ex funcionarios del Ejército, a propósito de una deuda histórica que habría por un fondo de ayuda mutua”, es decir, el FAM.
El monto de lo defraudado podría llegar a los dos mil 900 millones de pesos. Habría a lo menos 22 imputados y varios generales ya fueron citados a declarar. En este caso vuelve a aparecer en las indagaciones el Comando de Personal del Ejército. En torno de este asunto, fueron citados varios ex comandantes en jefe de la institución.
Nubes oscuras sobre ex comandantes en jefe
En torno de las investigaciones por el FAM en Aysén, fueron citados a declarar los ex comandantes en jefe Juan Emilio Cheyre, José Miguel Fuente-Alba, Oscar Izurieta y Humberto Oviedo, dado que estaban en ejercicio cuando se desarrollaron los acontecimientos o funcionamiento del FAM y podrían tener antecedentes o aportar información.
Pero en el caso de algunos de ellos es lo menor que les ha ocurrido en los últimos años.
Ocurre que de los jefes del Ejército en el periodo pos dictatorial, varios han estado sometidos a investigaciones, procesamientos y condenas por distintas situaciones derivadas de casos de corrupción y de derechos humanos.
Lo más reciente fue la condena a tres años de prisión a Juan Emilio Cheyre, el ex Comandante en Jefe del “nunca más”, apreciado entre altos personeros políticos de la antigua Concertación, porque habría ayudado en el proceso de transición pactada.
Sin embargo, como lo escribió el académico Carlos Peña, “se escondía el silencio de una culpa. Cheyre había tomado parte en los acontecimientos de la Caravana de la Muerte”, ese operativo militar de 1973, destinado a matar a ciudadanos detenidos.
El ex alto oficial fue acusado de encubridor del asesinato de 15 chilenos que estaban detenidos en el Regimiento Arica de La Serena, donde estaba asignado como Teniente.
El magistrado Mario Carroza, quien lo sentenció, indicó:
“Toda la Oficialidad del Regimiento Arica de La Serena, consintió dócilmente a que éstos fueran aniquilados (los detenidos) sin juicio alguno, y al contrario de lo que sostiene su defensa, el acusado Cheyre pese a esta innegable masacre, no se resta a cumplir la labor de sanearla y argumenta en su favor ante la opinión pública y ante los familiares, y esgrime como excusa su escasa edad, que a su juicio le impediría advertir la gravedad de dichas conductas, pero de la misma manera tampoco advierte en ese instante con el grado de madurez de su formación militar y el compromiso adquirido como Oficial del Ejército, que debía actuar con prudencia y sensatez y no divulgar falacias”.
El ex Comandante en Jefe (2010-2014), Juan Miguel Fuente-Alba, fue indagado y procesado por millonarios fraudes al Fisco en el marco del llamado Milicogate, donde se robaron o malversaron fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Por cierto, en ese caso fueron sancionados el general Héctor Ureta y los coroneles Clovis Montero y Jorge Silva, más otros oficiales y suboficiales, como el Cabo Juan Carlos Cruz, algunos de los cuales accedieron ilegalmente a cientos y miles de millones de pesos.
Se emitían “boletas ideológicamente falsas”, se hacían pagos por materiales no comprados y servicios no prestados por proveedores.
En medio del Milicogate saltó el caso de Fuente-Alba, llamado por algunos dentro de la institución castrense como “El Conde” por su afición de los trajes caros, autos de lujos y residencias hermosas y bien alhajadas.
Se le investigó por fraude de 7 mil millones de pesos cuando era el jefe máximo del Ejército; fue indagado por Fiscalía por enriquecimiento ilícito en base a propiedades y patrimonio por 3 mil millones de pesos, aunque su defensa y otros datos hablaron de mil 300 millones.
Todo era cuanto menos extraño, ya que el general percibía unos 4 millones de pesos de sueldo y los montos ni siquiera alcanzaban a reunirse con lo que él pudo ahorrar en misiones de servicio en el exterior.
En las investigaciones llamó la atención la posesión de varios vehículos de lujo, de marcas como Audi y Mercedes Benz, varios departamentos de lujo y casas, y un negocio inmobiliario; en todo esto aparecían los nombres de su esposa e hijos. No solo la Justicia, sino que la Cámara de Diputados, iniciaron averiguaciones sobre el caso.
Una investigación del periodista Mauricio Weibel, reporto que Fuente-Alba tuvo depósitos o abonos por 7 mil 900 millones de pesos en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, y ahora la ministra en visita Romy Rutherford, lo investiga por posible fraude al Fisco por la compra de pasajes para uso personal en medio de comisiones de servicio, es decir, también estaría metido en los sucesos de reembolsos ilegales.
En el caso del ex Comandante en Jefe Oscar Izurieta, las cosas no tendrían que ver con dineros irregulares, sino con su actuación política que habría traspasado ciertos criterios institucionales, tratándose del jefe del Ejército.
De acuerdo a versiones de funcionarios públicos y reportes de la prensa, Izurieta, mientras estaba a cargo de la principal rama de las Fuerzas Armadas, sostuvo un encuentro privado con el que fuera ministro de Defensa del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Ravinet, donde le habrían ofrecido asumir como Subsecretario de Defensa de la administración de derecha, cuando todavía era un alto oficial en servicio y activo.
Se quiso desvirtuar el tema, pero la cuestión es que dejó de ser comandante en jefe el 9 de marzo de 2010 y asumió en el cargo político gubernamental dos días después. Hubo fuertes críticas de parlamentarios, dirigentes políticos y académicos, porque a menos de 48 horas de dejar de ser el jefe del Ejército, asumía un compromiso político con el Gobierno de los derechistas partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.
El diputado Guillermo Teillier, de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, dijo en esa época que “un ex general en jefe recién salido que pasa a ser subsecretario, es como si siguiera al mando de las Fuerzas Armadas”.
Otra situación que finalmente fue archivada y de algún modo olvidada, fue la del también ex Comandante en Jefe, Humberto Oviedo, de quien se pidió una investigación y recibió públicas y duras críticas por la asignación de pasaportes diplomáticos a sus hijos, mientras el alto oficial cumplía servicios en Washington, Estados Unidos.
La situación era de todo anómala, ya que esa facilidad la pueden tener hijos menores de 24 años, pero de acuerdo al Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, no correspondía que el general Oviedo los pidiera y luego, obviamente, los aceptara en beneficio de sus dos hijos mayores de edad.
Pero además, en ese momento se supo que uno de los hijos del jefe del Ejército habría recibido un pago de 3 mil dólares por parte de la Embajada de Chile en Estados Unidos, como coordinador de eventos.
¿Sí o no?
A todos estos sucesos se agrega que dentro de las filas del Ejército se siguen produciendo sucesos agraviantes en materia de derechos humanos. El último ocurrió en el recinto de la Escuela Militar, donde el coronel Miguel Krassnoff le rindió extendido homenaje a su padre del mismo nombre -oficial en retiro- a pesar de éste estar condenado y preso por crímenes de lesa humanidad.
En relación al hecho se vivió un episodio que da cuenta de otras situaciones extrañas y poco claras en el Ejército, aparte de los casos financieros y administrativos.
El director de la Escuela Militar, coronel Germán Villarroel, dijo en entrevista a El Mercurio que frente al homenaje realizado a Krassnoff, “yo renuncié por principio antes de ser sancionado”.
Pero ocurrió que el Comandante en Jefe, Ricardo Martínez, al concurrir a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, dijo que no, que al coronel Villarroel se le pidió la renuncia, se le pasó a retiro y, por lo tanto, sí fue sancionado.
¿Quién dijo la verdad?
En rigor, no se sabe. Solo se podría presumir que el jefe de la institución no va a mentir.
Estas sombras permanecen sobre la entidad militar en materia de derechos humanos.
Familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y abogados, sostienen que es falso o al menos poco probable que, como dicen los oficiales del Ejército, no exista información sobre el posible paradero de desaparecidos y sobre quiénes, cómo y dónde se cometieron los crímenes y delitos de secuestro, tortura y ejecución.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) indicó:
“Las Fuerzas Armadas son las que tienen la información y ellos son los que no han colaborado”.
El abogado Cristián Cruz, sostuvo:
“El Ejército hasta el día de hoy tiene mucha información que no lo ha puesto a disposición de los Tribunales de Justicia ni de la sociedad”.
Fuente: El Siglo
