Un grupo de 200 líderes e intelectuales internacionales, entre ellos el estadounidense Noam Chomsky, el ex candidato presidencial francés, Jean-Luc Mélenchon y el parlamentario británico Jeremy Corbyn, piden en «carta a Chile» aprobar la nueva Constitución.
La misiva, coordinada por la Internacional Progresista, está firmada también por la congresista estadounidense Rashida Tlaib, la escritora italo-americana Silvia Federici y diversos líderes de la izquierda española, como Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030.
También respaldaron el texto el diputado argentino Itai Hagman, la portavoz de Gobierno Gabriela Cerruti, así como el cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer.
«Esta Constitución evidencia las salidas a las crisis que afligen a las sociedades de todo el mundo», indicaron los firmantes, procedentes de más de 25 países. En caso de aprobarse en el plebiscito del 4 de septiembre, agregaron, el nuevo texto «asentará al país sobre una base sólida de democracia igualitaria e inspirará a los pueblos de todo el mundo».
En la carta hicieron un repaso a los aspectos que incluye la propuesta constitucional que en su opinión son los más significativos y destacaron que el texto «reconoce que la naturaleza tiene derechos», «actúa frente a la desigualdad», «responde al despojo indígena» y «se opone a la opresión de género».
El texto señala la importancia de aprobar la Carta Magna propuesta, con la cual se pondría fin a la heredada por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que rige desde hace 30 años y la cual propició una intensa lucha social que alcanzó su máximo punto en octubre de 2019, en un estallido que derivó en la creación del órgano constituyente.
«Reconocemos las décadas de lucha que hicieron posible esta Constitución, desde la valiente resistencia a la dictadura de Pinochet y su junta militar hasta el levantamiento contra el presidente Sebastián Piñera y su ortodoxia neoliberal», apuntaron, en referencia a la ola de protestas de 2019.
Los firmantes creen que la nueva constitución propuesta condensa temas de gran interés que significarían un cambio radical y positivo en la sociedad chilena.
Resaltan los beneficios de la nueva Constitución en materia de reivindicación en derechos fundamentales a través de salud y educación gratuita, pensiones dignas, sostenibilidad e igualdad para los ciudadanos de pueblos originarios y su autonomía.
También destacan la capacidad del pueblo de Chile, tanto en la calle como en las urnas de votación, de haber “mostrado el valor de recuperar y transformar su sociedad”.
“La propuesta de nueva Constitución es un documento visionario que marca el rumbo del próximo capítulo de esta transformación y celebramos este logro histórico”, cierra el documento.
Votación sobre la nueva Constitución
Los chilenos están llamados a las urnas el próximo 4 de septiembre para decidir si desean aprobar la nueva Constitución o mantener la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.
La derecha y parte de la centro izquierda votará en contra al encontrar el nuevo texto «radical», mientras que la izquierda hará campaña a favor del «Apruebo», aunque se comprometió a alcanzar un gran pacto para reformar los aspectos más conflictivos.
La nueva norma declara a Chile un Estado social de derecho y consagra derechos como salud pública y universal, educación gratuita, mejores pensiones y acceso a la vivienda y al agua.
El derecho a la interrupción voluntaria de embarazo, el carácter plurinacional del Estado y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en el texto que generan más controversia.
La Constitución chilena vigente fue escrita en 1980, durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) y tuvo una reforma en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), pero los reclamos ciudadanos durante el estallido social de octubre de 2019 llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva carta magna.
El 25 de octubre de 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó por casi el 80% la redacción de la nueva Constitución y, unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que redactaron la nueva carta magna, que deberá ser aprobada o rechazada en el plebiscito con voto obligatorio del próximo 4 de septiembre.
Durante meses, los sondeos dieron por vencedora la opción de aprobar el nuevo texto, pero las principales encuestas señalan una mayor preferencia ciudadana hacia mantener la ley actual.