Tras votación unánime de sus pares, el ministro Hugo Dolmestch Urra asumió como presidente de la Corte Suprema para el bienio 2016-2018, en reemplazo de Sergio Muñoz Gajardo.
En una solemne ceremonia, realizada en el Salón de Pleno del máximo tribunal del país, se produjo el traspaso de mando con la entrega que hizo el presidente saliente, Sergio Muñoz, de la piocha que simboliza la asunción del alto cargo.
A la ceremonia asistieron entre otras autoridades: el presidente del Senado, Patricio Walker; el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez; el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; la ministra de Justicia, Javiera Blanco; el fiscal nacional(s), Andrés Montes; el defensor público nacional, Andrés Manhke, y el director general de la PDI, Héctor Espinosa.
Además estuvieron presentes familiares del presidente Hugo Dolmestch y del ex presidente Sergio Muñoz; ex presidentes y ministros de la Corte Suprema e invitados especiales.
En el acto, el ministro Sergio Muñoz realizó un resumen de las principales prioridades de su mandato, entre ellas, la implementación de tecnología y tramitación electrónica, la creación de nuevos tribunales, la redistribución de jueces, el lenguaje sencillo para las sentencias y los Consejos de Justicia Ciudadanos, entre otros proyectos: «Es preciso continuar con el trabajo llevado adelante por todo el Poder Judicial que posibilitó implementar un sistema de detección de necesidades y elaboración de proyectos con cientos de ellos ya ejecutados, otros que se deben ejecutar el presente año, y otros que quedan por concretar. Se aumentó en 1.500 personas el número de integrantes del Poder Judicial y se incrementó nuestro presupuesto en casi un 40%», dijo.
En tanto, el presidente Hugo Dolmestch hizo un repaso de su vida y sus influencias valóricas. «No cabe duda alguna de que el hombre es un reflejo de sus orígenes y el producto de la influencias valóricas a las que estuvo expuesto durante su vida. En esa perspectiva, que equivale a la del balance, he podido comprobar que en lo formativo la carga valórica que se ha tejido y que espero y creo mantener se origina y alimenta en un ejercicio al que todos accedemos, el de dar y recibir», dijo.
Al abordar temáticas judiciales, la máxima autoridad del Poder Judiical estableció que: «Para cumplir adecuadamente nuestra función, la primera e insustituible condición requerida por nosotros es mantener y respetar a todo trance la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces».
«Sin estas certezas -continuó-, es imposible concebir el funcionamiento y desarrollo de una democracia sana en que impere el Estado de Derecho como, felizmente, ocurre en Chile. Esta condición, claramente importa que, por un lado, los jueces debemos respetar la autonomía e independencia de los restantes poderes del Estado; y en lo interno, es deber nuestro garantizar la imparcialidad de los jueces, sea en la tramitación de los procesos o en la decisión del asunto controvertido. No corresponde, entonces, de parte nuestra las actitudes o manifestaciones previas, prejuiciadas respecto de temas sobre los que habremos que decidir, como tampoco las declaraciones genéricas, de carácter ideológicos, hechas al margen del proceso que, como lo ordena la Constitución y las leyes, siempre ha de ser racional y justo».
«Se ha discutido bastante sobre lo que unos estiman como exceso de activismo judicial. Al extremo que debería incluso existir un registro de control de las decisiones judiciales para evitar así que estas excedan el margen de tolerancia que seguramente los propios controladores han de determinar. Esta situación se ha dado como consecuencia lógica de la evolución dispar entre la modernidad y el desarrollo con la legislación positiva. Motivo por el que los tribunales han debido hacerse cargo de ciertas temáticas que requieren ser resueltas y que permiten garantizar la protección de derechos, ampliar las garantías procesales o pronunciarse sobre los excesos cometidos por otros poderes, todo en defensa de los ciudadanos. Aquella atribución no es antojadiza o arbitraria, sino que encuentran sustento constitucional y legal en el principio de inexcusabilidad (…). Un activismo controlado como el de hoy -adecuadamente vinculado con la Constitución y la ley, y en donde se interpreta el derecho utilizando también los principios jurídicos que lo informan- promueve, diría yo, decisiones más justas razonables y modernas», sentenció Dolmestch.
Derechos humanos
El presidente Hugo Dolmestch Urra, abogado de la Universidad de Concepción y además profesor normalista, tiene una dilatada carrera judicial, la que inició el 29 de diciembre de 1978, cuando asumió como defensor público penal en el Juzgado de Letras de Parral, su tierra natal. En octubre de 1980, fue nombrado secretario del Juzgados de Letras de Río Bueno y, en febrero de 1981, fue designado juez del Juzgado de Letras de Bulnes, Provincia de Ñuble.
En agosto de 1982, llega como relator a la Corte de Apelaciones de Chillán y, en marzo de 1985, ejerce el mismo cargo en la Corte de Apelaciones de Santiago. En diciembre de 1988, asume como relator titular de la Corte Suprema.
El 31 de octubre de 1995, jura como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y, el 13 de julio de 2006, llega a la cúspide de la carrera judicial, al integrarse a la Corte Suprema y a la Sala Penal de máximo tribunal.
En el ámbito académico, Hugo Dolmestch, desde 1991, ha sido profesor titular de Derecho Procesal en la Academia Superior de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile y profesor de Derecho Procesal Penal en la Escuela Técnica de Investigaciones de Chile, a partir de 2001.
En su carrera judicial, el ministro Dolmestch le correspondió, entre otros, la investigación de los 12 homicidios perpetrados en junio de 1987, causa conocida como «Operación Albania» y, además, los procesos que se fueron acumulando a dicha indagatoria; es decir, los homicidios de José Carrasco Tapia, Gastón Vidaurrazaga, Abraham Muskatblit y Felipe Rivera, ocurridos en septiembre de 1986; la causa por la desaparición de 5 personas en septiembre de 1987, y el homicidio del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jecar Neghme Cristi, en septiembre de 1989.
Asimismo, tramitó el proceso por el homicidio terrorista del senador de la Unión Demócrata Independiente(UDI), Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido en abril de 1991 en la comuna de Ñuñoa.
Durante su permanencia en la Corte Suprema, el ministro Dolmescth Urra ha cumplido una importante labor en el Departamento de Bienestar, preocupándose de otorgar ayuda a los jueces y funcionarios judiciales, a través de becas de estudios a para ellos y sus hijos; organizar ayudas solidaria ante emeregencias y catástrofes naturales, tales como: el terremoto que afectó la zona central sur del país, la madrugada del 27 de febrero de 2010 y las fuertes inundaciones en la Región de Atacama, en marzo del año pasado.
Además, el ministro Dolmestch, entre 2012 y 2014, ejerció el cargo de coordinador nacional de causas de violaciones a los DD.HH., preocupándose, entre otras materias, de organizar el primer y segundo encuentro de ministros en visita en este tipo de procesos.
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