por Francisco Herreros.
Como es de público conocimiento, un informe de Amnistía Internacional responsabilizó a Piñera y el alto mando de Carabineros, y de otras ramas de las FF.AA durante el Estado de Emergencia, de «usar la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta».
La respuesta del gobierno estuvo a la altura de su incomprensión de las causas de la crisis y la incompetencia para manejarla.
Un personaje de segundo orden, la subsecretaria de derechos humanos, Lorena Recabarren, se limitó a recitar, impertérrita, el atildado discurso de la política del deber ser, tachonado de clichés, frases hechas y lugares comunes.
“El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que, sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”.
“El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que, sin siquiera solicitar información al gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”.
El gobierno cree que, con el expediente de «rechazar categóricamente» el informe de Amnistía Internacional, anula las atrocidades que describe.
Se trata además, como sello distintivo de este gobierno, de una mentira.
Como estos trabajan con libreto, el ministro del interior, Gonzalo Blumel, propaló la misma mentira:
“Desde que asumí como ministro del Interior no he recibido ninguna solicitud para resolver las inquietudes y dudas que pueda tener Amnistía Internacional. Si ellos tienen el interés por supuesto que cuando quieran nos reunimos y les entregamos información necesaria para aclarar sus dudas, porque el informe presentado ayer tiene múltiples deficiencias“.
La directora para las Américas del organismo, Erika Guevara, difundió un documento timbrado por la recepción de La Moneda que muestra indubitablemente que solicitó una reunión con el presidente Sebastián Piñera.
Además, lo subió a su twitter.
Presidente @sebastianpinera, parece haber una confusión con sus funcionarios respecto a nuestra solicitud de audiencia. Dado que los canales formales no han funcionado, aquí se la hago llegar esperando su pronta respuesta #Chile. Será importante presentarle nuestras conclusiones. pic.twitter.com/Xrh5YAscWo
— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) November 22, 2019
La carta, fue enviada el miércoles 13 de noviembre, y fue recibida en La Moneda al día siguiente. Solicitaba una reunión para el miércoles 20.
No recibió acuso de recibo, ni menos, respuesta.
Luego, en el soliloquio de la subsecretaria, vino la acostumbrada falacia ad hominem:
“Lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables, sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado”.
Y coronó con otra especialidad de la casa; la afirmación porque sí, sin otro fundamento que la declaración de la autoridad:
“El gobierno ha tenido siempre y tiene un irrestricto compromiso con los derechos humanos” (…) «la única política que ha tenido el gobierno es la de resguardo y protección de los dd.hh”.
Esa es, entre otras, una de las razones por las cuales no dan pie con bola. La elite chilena se informa a través de sus propios medios. El problema es que les creen. Se intoxican con su propio veneno.
Llevan cuarenta años escuchando la música que ponen, mientras, afuera, crecía el número del baile de los que sobran.
Cuando, inevitablemente, se estrellaron ambos mundos, no saben ni donde están parados.
El comunicado conjunto de las instituciones armadas, y el de carabineros, se limita al mismo negacionismo formal, igualmente parapetado en la falta de pruebas.
El comunicado conjunto del ejército, armada y fuerza aérea, proclama:
– “no existió ni existe ninguna política de las FF.AA. para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”
– “la extensa denuncia de Amnistía no contiene ninguna prueba directa o indirecta”.
– “los soldados, marinos y aviadores se sienten orgullosos de la confianza depositada por los chilenos a través de la historia, y están comprometidos con su seguridad y bienestar”.
La directora suplente de la Dirección de DD.HH., coronela Karina Soza, dictaminó:
– “jamás ha habido intención de dañar a las personas”,
– “como toda actividad humana está sometida a la posibilidad de que alguien se equivoque”.
O sea, no solo deliberaron, sino que apuraron su tósigo hasta las heces.
Como va a ser posible que la elite chilena reduzca el debate a esos aspectos adjetivos, mientras evita hacerse cargo del problema central: la masiva y sistemática violación de los derechos humanos, perpetradas por fuerzas principalmente policiales, pero también por otras fuerzas de uniforme, con el objetivo de aplastar la insurrección popular iniciada el 18 de octubre pasado.
¿Qué otras pruebas pruebas necesitan, aparte de 25 muertos; más de doscientos ojos estallados; más de 2.500 heridos atendidos en hospitales; más de 340 querellas por torturas y más de 70 querellas por violaciónes y abusos sexuales a hombres y mujeres, registradas por el INDH, un organismo del Estado?
¿Qué otras pruebas necesitan, fuera de las advertencias del Colegio Médico y de la Sociedad de Oftalmología de Chile, de que el número de lesiones oculares por perdigones representa un triste record mundial, que no tiene parangón incluso comparado con conflictos tan violentos y seculares como el que sacude a Pelestina, o el golpe de Estado que destituyó a Evo Morales, o las protestas de los estudiantes en Hong Kong,
¿Que otras pruebas necesitan, además de los centenares de videos e imagenes que circulan en redes sociales, documentando de manera indubitable la desorbitada represión policiál?
¿Qué otras pruebas necesitan, encima de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del equipo especializado enviado por la ONU?
Siguiendo la lógica del negacionismo se llega al absurdo de que esas lesiones fueron autoperpetradas, o bien, perpetradas por otros manifestantes, o por los los alienígenas, de creerle a la esposa del presidente.
Parece que no se dan cuenta de que esa inagotable capacidad de mentir, característica de este gobierno maldito, es otra de las razones de la ira de los chilenos.
Además de Piñera, un todo-terreno de esa especialidad, ha destacado con luces propias el director general de Carabineros, Mario Rozas.
El pasado 22 de noviembre, declaró en la comisión que estudia la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick:
“Ningún carabinero es formado para hacer mal a las personas. Al contrario. Somos ciudadanos que hemos salido de la comunidad para servir a la comunidad. Por lo tanto, me indigna mucho cuando alguno de los nuestros comete un abuso o un exceso y soy el primero en condenarlo. Nosotros tenemos 489 casos de civiles heridos por perdigones o por impactos balísticos y nosotros los hemos denunciado al Ministerio Público y hemos iniciado los sumarios administrativos».
Parece que se le olvidó que el 13 de noviembre, absolvió de manera anticipada a los funcionarios sumariados.
"A NADIE VOY A DAR DE BAJA; AUNQUE ME OBLIGUEN" | Este miércoles se dio a conocer un audio del director general de Carabineros, Mario Rozas, donde afirma que no dará de baja a ningún carabinero que sea investigado por casos de abusos policiales. #IquiLa instituvión L pic.twitter.com/1aUEJ1PogK
— RADIO PAULINA (@radiopaulina) November 13, 2019
Respecto de los protocolos y los perdigones en el poco más de un mes que lleva la revuelta social ha sostenido a lo menos cinco versiones, sin que en cada una de ellas se le haya movido un músculo de un rostro de suyo pétreo.
Las más de las veces, ha afirmado que existe un protocolo, que ha sido recientemente actualizado, y que los funcionarios se ciñen estríctamente a él.
Luego, cuando la pruebas son abrumadoras, como en el caso de la agresión con perdigones a alumnas del Liceo 7, o el disparo que cegó a Gustavo Gatica, ha recurrido a la ley del corte del hilo por lo más delgado, y le ha endosado responsabilidades individuales a los funcionarios que oprimieron el gatillo.
Después, tuvo la tupé de desmentir un informe pericial de la Universidad de Chile, el cual detectó plomo y silicatos en los perdigones, que Rozas asegura son de goma.
Sin embargo, como consecuencia de ese informe, el 12 de noviembre anunció un uso acotado de las escopetas de perdigones.
El 19 de noviembre, emitió una declaración en la que confirmó que suspende el uso de balines antidisturbios, y que la escopeta de perdigones “sólo podrá ser utilizada al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte”.
Una nueva falacia, puesto que Patricio Costa, presidente de la Cruz Roja en Chile, acusó que Carabineros no está cumpliendo con la restricción del uso de las escopetas antimotines en las manifestaciones:
“Hemos seguido recibiendo heridos con perdigón, incluso anoche, entonces quiero ser categórico: aquí no pueden haber dos verdades, hay una sola. O alguien está faltando a su palabra, o hay otro tipo de personajes haciendo uso de este tipo de elementos que son tan peligrosos“.
Pero, además de todas esas inconsecuencias, Rozas miente con el mayor de los descaros.
Como director general de la institución, no puede ignorar un estudio del Departamento de Criminalística de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas, denominado Disparos con Escopetas Antidisturbios con Empleo de Cartuchería con Perdigón de Goma y sus Efectos en la Superficie del Cuerpo Humano, fechado en noviembre de 2012.
La principal recomendación del estudio es inequívoca:
“Se recomienda el uso de la escopeta antidisturbios en Carabineros de Chile a una distancia superior a los 30 metros y apuntando siempre hacia el tercio medio inferior del cuerpo, ya que corresponde a zonas menos vulnerables o expuestas, al estar protegidas por las vestimentas y el calzado, con la finalidad de evitar la generación de lesiones graves durante su uso y solo se cumpla la función de dispersar a las personas“.
O sea, Carabineros sabía desde esa fecha el daño que causaban los perdigones en la represión de protestas y disturbios.
En términos someros, el estudio consistió en diversas pruebas balísticas en el polígono de tiro de Carabineros, sobre blancos colocados desde cinco a treinta metros, con una escopeta antidusturbios Hatsan modelo Escort, con cartuchos calibre 12, con perdigón de goma marca TEC, el 21 de noviembre de 2012.
La prueba estuvo a cargo de la capitana Carla Fernández Martínez, perito balística y experta en criminalística; y en ella participaron el tirador, sargento Luis Peña Iturra; el fotógrafo, sargento Orlando Candia Meza, y la médico legista Vivian Bustos Baquerizo.
Los blancos consistían en planchas de madera terciada de 9 milímetros de espesor, «con el fin de simular las zonas del cuerpo humano con hueso subyacente o de mayor densidad, antecedentes con los cuales la Dra. Bustos puede desprender lesiones que pudieran generar los perdigones de goma en las distintas zonas del cuerpo, tanto en hueso como en tejido blando».
La primera prueba fue con el blanco a cinco metros.
Dice el informe:
«Luego de analizar la superficie de impacto y los daños generados, es posible establecer que un disparo con escopeta antidisturbios, a 5 metros de distancia, generará en la superficie corporal, las heridas que se describen en la siguiente tabla:
10 metros
15 metros
20 metros
25 metros
30 metros
Poco que agregar.
Si Carabineros hubiese obrado con arreglo a sus propios estudios, la tragedia que afecta a centenares de familias de compatriotas no se hubiese producido, Carabineros no estaría entre las instituciones peor evaluadas por los chilenos, ni ostentaría el dudoso record de la policía con mayor número de lesiones oculares en el mundo.
